El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) determin\u00f3 que es v\u00e1lido reglamentar la acreditaci\u00f3n de periodistas en el estado de Quintana Roo, siempre y cuando haya respeto a la libertad de expresi\u00f3n y al principio de no discriminaci\u00f3n.<\/p>\n
Tras varias sesiones de discusi\u00f3n, el Pleno analiz\u00f3 el Art\u00edculo 13, p\u00e1rrafo segundo, de la Ley para la Protecci\u00f3n de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado de Quintana Roo.<\/p>\n
En este se preve\u00eda la posibilidad de solicitar al periodista “la acreditaci\u00f3n del medio de comunicaci\u00f3n social para el cual labora, como requisito para brindarle acceso a los actos de inter\u00e9s p\u00fablico”.<\/p>\n
Pero, al continuar con el an\u00e1lisis de la acci\u00f3n de inconstitucionalidad 87\/2015, promovida por la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra diversos preceptos de la ley se\u00f1alada, determin\u00f3 que el requisito de acreditamiento del medio de comunicaci\u00f3n social constitu\u00eda una restricci\u00f3n al ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n
Sobre todo en su vertiente de acceso a la informaci\u00f3n, a las personas que ejercen el periodismo sin estar vinculados laboralmente a alg\u00fan medio de “comunicaci\u00f3n social”.<\/p>\n
El Pleno reconoci\u00f3 que ser\u00e1 v\u00e1lido el empleo de los mecanismos de acreditaci\u00f3n para periodistas, cuando esto les otorga mayor seguridad y acceso a su actividad, pero para ello es necesario que exista la debida regulaci\u00f3n.<\/p>\n
Sin embargo, no pueda dar lugar a ejercicios discriminatorios en los que una autoridad pueda arbitrariamente determinar qui\u00e9n puede cubrir o no una determinada noticia o evento de car\u00e1cter p\u00fablico.<\/p>\n
El m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds estim\u00f3 necesario declarar la invalidez del Art\u00edculo 13, p\u00e1rrafo segundo, en el enunciado que se\u00f1ala “y la acreditaci\u00f3n del medio de comunicaci\u00f3n social para el cual labora”.<\/p>\n
Por otra parte, valid\u00f3 el contenido del Art\u00edculo 45 de ese ordenamiento, el cual dispone que las personas beneficiarias de la protecci\u00f3n por el Estado, podr\u00e1n separarse de la medida en cualquier momento, para lo cual deber\u00e1 externarlo por escrito a la Junta de Gobierno o a la Secretar\u00eda Ejecutiva, seg\u00fan sea el caso.<\/p>\n
Ello al considerar que si bien el Art\u00edculo no implica la ratificaci\u00f3n del escrito por el que se solicite la separaci\u00f3n, ante la presentaci\u00f3n de la solicitud de separaci\u00f3n se genera una obligaci\u00f3n de la autoridad de evaluar la viabilidad de que se decrete la suspensi\u00f3n o terminaci\u00f3n de la medida.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se advierte que \u00e9sta no puede decretarse de manera inmediata bastando \u00fanicamente la presentaci\u00f3n de una solicitud en ese sentido.<\/p>\n
Tambi\u00e9n enfatiz\u00f3 que todo lo relacionado con su implementaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n, ser\u00e1 analizado de com\u00fan acuerdo con los beneficiarios, al considerarse las posibilidades de riesgo, eventualidades o problemas imprevistos, mientras que respecto a las medidas urgentes de protecci\u00f3n, se advierte la facultad de la Secretar\u00eda Ejecutiva para recomendar su continuidad o conclusi\u00f3n.<\/p>\n
Notimex<\/p>\n