Mar\u00eda es una mujer ind\u00edgena, maya, de 24 a\u00f1os, que vive en condiciones de extrema pobreza en una comunidad rural en Yucat\u00e1n. Es una persona con una discapacidad psicosocial. En 2012 Mar\u00eda fue violada por un hombre cercano a su familia y la violaci\u00f3n result\u00f3 en un embarazo. Acompa\u00f1ada por su madre Mar\u00eda present\u00f3 una denuncia en contra de su violador. El ministerio p\u00fablico nunca emiti\u00f3 una orden de protecci\u00f3n, por lo que el violador permaneci\u00f3 en su inmediata cercan\u00eda. Un a\u00f1o m\u00e1s tarde Mar\u00eda fue violada otra vez por el mismo hombre, y otra vez qued\u00f3 embarazada. El ministerio p\u00fablico no s\u00f3lo rechaz\u00f3 cualquier responsabilidad, sino se neg\u00f3 \u2014se niega\u2014 a levantar una segunda denuncia acusando a Mar\u00eda de mantener una relaci\u00f3n amorosa con el violador. El juez penal que atendi\u00f3 el caso concluy\u00f3 que Mar\u00eda se \u201cdej\u00f3 violar\u201d por su \u201cretraso mental\u201d, el cual no le permite distinguir entre \u201clo bueno y lo malo\u201d. Con ayuda de organizaciones de la sociedad civil el caso est\u00e1 en revisi\u00f3n. Mientras tanto Mar\u00eda lleva cuatro a\u00f1os buscando la justicia sin ning\u00fan resultado.<\/p>\n
Ximena es una mujer espa\u00f1ola. En 2004 se cas\u00f3 con un mexicano y tuvieron un hijo. Varios a\u00f1os despu\u00e9s decidieron separarse. En el juicio de guarda y custodia el juez fall\u00f3 en su contra, utilizando el argumento de que Ximena no sigue los valores tradicionales de la familia. Para el juez, Ximena no cumple con el rol de \u201cmadre mexicana\u201d y no entiende, como los mexicanos, los conceptos de amor, solidaridad y familia. El juez de distrito que revis\u00f3 el amparo reiter\u00f3 el fallo original, otorg\u00e1ndole la custodia al padre bajo el argumento de que es mejor para el ni\u00f1o criarse con su padre porque ambos son hombres. Ximena lleva m\u00e1s de dos a\u00f1os sin saber nada de su hijo.<\/p>\n
La falta de acceso a la justicia afecta a miles de mujeres en M\u00e9xico, y a cada una lo hace de forma distinta, dependiendo de su realidad social, econ\u00f3mica y\/o cultural. Las mujeres enfrentan procesos lentos, largos e ineficientes que involucran a polic\u00edas, ministerios p\u00fablicos, defensores de oficio y jueces que operan con base en estigmas y prejuicios y que fallan sistem\u00e1ticamente en incorporar la perspectiva de g\u00e9nero a su trabajo. Todos estos son factores que revictimizan a las mujeres y hacen que su acceso a la justicia sea virtualmente nulo. Las fallas institucionales tambi\u00e9n afectan a los hombres, por supuesto; lo que los ejemplos antes mencionados buscan ilustrar es que las mujeres, sin embargo, enfrentan seguido obst\u00e1culos relacionados con el hecho de que son mujeres, sin importar su edad, origen, educaci\u00f3n o clase social. Por eso la violencia en contra de las mujeres es de g\u00e9nero: porque por el hecho de ser mujeres \u2014y todo lo que ello implica en esta sociedad\u2014 se ven en una situaci\u00f3n de vulnerabilidad o desventaja que termina por mermar el disfrute de sus derechos.<\/p>\n
En un pa\u00eds en el que siete mujeres mueren diario y cuatro de cada 10 han vivido violencia a manos de sus parejas, s\u00f3lo se presentan unas 150 mil denuncias al a\u00f1o en contra de alguno de los tipos de violencia tipificados por el orden jur\u00eddico. De dichas denuncias s\u00f3lo 11% resultan en averiguaciones previas y s\u00f3lo 2.4% de \u00e9stas reciben sentencias condenatorias. Uno de los principales motivos detr\u00e1s de las pocas denuncias es la desconfianza en las instituciones. Desconfianza, por supuesto, que se justifica cuando se analiza c\u00f3mo opera el sistema de justicia actual. Antes de exigirle a las mujeres denunciar cuando tienen todo en su contra, lo fundamental es cambiar al sistema para que eso ya no les resulte tan costoso. <\/p>\n
Si bien las mujeres en M\u00e9xico somos titulares ya de todos los derechos reconocidos por el orden jur\u00eddico, este reconocimiento se queda en el papel y no se traduce a\u00fan en un ejercicio efectivo. Contamos con un marco constitucional bastante completo, el cual, gracias a la reforma de derechos humanos de 2011, tambi\u00e9n se nutre del derecho internacional de los derechos humanos \u2014que abarca no s\u00f3lo tratados internacionales, sino sentencias, recomendaciones e informes\u2014. Han pasado siete a\u00f1os desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunci\u00f3 en el caso Gonz\u00e1lez y otras vs. M\u00e9xico, mejor conocido como Campo Algodonero, se\u00f1alando en el \u00e1mbito internacional que M\u00e9xico falla gravemente en los esfuerzos para prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia contra las mujeres. Poco despu\u00e9s de Campo Algodonero llegaron las sentencias de In\u00e9s Fern\u00e1ndez y Valentina Rosendo, dos mujeres ind\u00edgenas que sufrieron violaciones graves de derechos humanos e incluso tortura sexual en manos de miembros del ej\u00e9rcito mexicano. A nivel nacional tambi\u00e9n contamos con sentencias emblem\u00e1ticas, como la de Mariana Lima, resuelta por la Suprema Corte de Justicia en 2015.<\/p>\n
Estas sentencias son paradigm\u00e1ticas e importantes. Pero las sentencias no son el punto final del proceso. M\u00e1s bien son el inicio de una fase cr\u00edtica que busca garantizar la reparaci\u00f3n del da\u00f1o, abriendo el paso a una serie de oportunidades para impulsar acciones que buscan atender las condiciones mismas que llevaron a esas violaciones de los derechos de las mujeres. Esto es, previniendo la violencia. Para que ello ocurra, sin embargo, se requieren de instituciones que le den seguimiento e implementen las sentencias. <\/p>\n
Si vemos nuestra realidad no podemos evitar la sensaci\u00f3n de que poco ha cambiado desde que se emitieron todos estos fallos emblem\u00e1ticos. La violencia de g\u00e9nero sigue marcando nuestra cotidianidad. \u00bfEsto se debe a que nada ha pasado? Que, despu\u00e9s de las sentencias, \u00bfno se hizo nada m\u00e1s? No. <\/p>\n
El Estado mexicano ha invertido, durante los \u00faltimos 10 a\u00f1os, enormes recursos, tanto humanos como materiales, para combatir la discriminaci\u00f3n y promover la igualdad de g\u00e9nero. Me atrever\u00eda a afirmar que esta inversi\u00f3n rebasa a cualquier otra de la historia. En el sector p\u00fablico se est\u00e1 abriendo un n\u00famero considerable de unidades, comit\u00e9s u \u00f3rganos que se encargan de promover la perspectiva de g\u00e9nero en la vida p\u00fablica, con presupuestos que parecen crecer a\u00f1o con a\u00f1o (como el del Instituto Nacional de las Mujeres, Inmujeres, que creci\u00f3 de 198 millones de pesos en 2001, cuando fue creado, a 801 millones de pesos en 2013). La \u201cigualdad de g\u00e9nero\u201d ya est\u00e1 incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo y ha sido manejada como prioridad absoluta para las tres \u00faltimas administraciones del gobierno. Dentro del paraguas de la igualdad de g\u00e9nero los recursos que se destinan a la violencia son sustanciosos.<\/p>\n
Incorporar la perspectiva de g\u00e9nero en la vida p\u00fablica y el trabajo de las instituciones es sin duda esencial para promover la igualdad sustantiva. Pero una vez que se analiza a detalle la estrategia estatal, \u00e9sta parece carecer de claridad.<\/p>\n
El Poder Judicial, por ejemplo, ha tomado importantes pasos para incorporar la perspectiva de g\u00e9nero en su trabajo. En 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n impuls\u00f3 el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de G\u00e9nero, una herramienta judicial que busca apoyar a las y los juzgadores en la tarea de impartir justicia con perspectiva de g\u00e9nero, adecu\u00e1ndose a los m\u00e1s altos est\u00e1ndares nacionales e internacionales. Tres a\u00f1os despu\u00e9s, el Protocolo ha sido citado en un n\u00famero m\u00ednimo de sentencias. En lugar de ser una herramienta que ayude a la mejor comprensi\u00f3n de los factores del contexto que colocan a las mujeres en situaciones de desventaja, la perspectiva de g\u00e9nero a menudo se percibe como un riesgo al principio de \u201cimparcialidad\u201d por parte de las y los juzgadores. Se cree que utilizar esta metodolog\u00eda implica de alguna manera alterar la \u201clitis\u201d e ir m\u00e1s all\u00e1 de lo que se les tiene permitido. Los cursos de capacitaci\u00f3n que se les da en la materia por lo general son pocos, breves e inconsistentes, y se han convertido en una excusa para no aplicar la perspectiva de g\u00e9nero en la impartici\u00f3n de justicia. No han sido pocas las veces que hemos o\u00eddo \u201cno sabemos qu\u00e9 es perspectiva de g\u00e9nero, pero nos estamos capacitando en la materia\u201d.<\/p>\n
Exigir rendici\u00f3n de cuentas al Poder Judicial sobre los resultados de estos esfuerzos es dif\u00edcil si no se tiene acceso a las sentencias. Como lo confirma el \u201cDiagn\u00f3stico de situaci\u00f3n sobre acceso a sentencias\u201d de EQUIS Justicia para las Mujeres, ning\u00fan Poder Judicial estatal cumple con sus obligaciones de transparencia en cuanto acceso a sentencias, a pesar de que \u00e9stas son documentos p\u00fablicos.<\/p>\n
En paralelo al Protocolo, desde la Asociaci\u00f3n Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) se ha promovido el pacto para la introducci\u00f3n de la perspectiva de g\u00e9nero en los \u00f3rganos de impartici\u00f3n de justicia en M\u00e9xico, el cual contempla la creaci\u00f3n de Unidades de G\u00e9nero en los tribunales del pa\u00eds como mecanismos institucionales que impulsen estrategias para promover la igualdad de g\u00e9nero dentro del sistema judicial. Idealmente, las Unidades de G\u00e9nero tendr\u00edan un papel importante no s\u00f3lo en la eliminaci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n dentro del Poder Judicial, sino tambi\u00e9n en la impartici\u00f3n de justicia. Los resultados del monitoreo nacional de la situaci\u00f3n que guardan las Unidades de G\u00e9nero en los Tribunales Superiores de Justicia en los 32 estados realizado por EQUIS Justicia para las Mujeres, a trav\u00e9s de solicitudes de acceso a la informaci\u00f3n, comprueban que la implementaci\u00f3n de esta pol\u00edtica dif\u00edcilmente va a dar los resultados esperados. A tres a\u00f1os de que se impuls\u00f3 el pacto, todos los tribunales cuentan con alg\u00fan mecanismo, normalmente un comit\u00e9 o comisi\u00f3n que trabaja temas de g\u00e9nero, pero s\u00f3lo ocho tribunales cuentan con una Unidad de G\u00e9nero formalmente constituida. La diferencia entre los mecanismos y las unidades formalmente constituidas estriba en la autonom\u00eda, la cual se traduce en capacidad para impulsar acciones sustantivas. Asimismo, muchos de estos mecanismos que buscan promover la perspectiva de g\u00e9nero est\u00e1n profundamente enterrados dentro de la compleja estructura judicial, lo cual limita su potencial y eficiencia. En muchos casos el personal a cargo cuenta con un a\u00f1o o menos de experiencia en g\u00e9nero y derechos de las mujeres. Existen mecanismos que no cuentan con presupuesto propio, por lo que no est\u00e1n en posici\u00f3n de impulsar ning\u00fan tipo de iniciativas. S\u00f3lo siete de 32 mecanismos cuentan con un plan de trabajo y ninguno cuenta con herramientas para monitorear y evaluar el impacto de su trabajo.<\/p>\n
El Poder Judicial no es el \u00fanico que enfrenta retos en la materializaci\u00f3n de los esfuerzos para eliminar la discriminaci\u00f3n contra las mujeres y mejorar su acceso a la justicia. Una de las pol\u00edticas de Estado para responder a los obst\u00e1culos que enfrentan las mujeres sobrevivientes de violencia para acceder a la justicia son los Centros de Justicia para las Mujeres. Los centros fueron creados en 2011 bajo la coordinaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), y parten del principio de concentrar bajo el mismo techo todos los servicios que necesita una mujer que ha vivido violencia. Este modelo tiene el potencial de gestionar el trabajo multisectorial y multidisciplinario tanto de agencias gubernamentales como de la sociedad civil para ofrecer una atenci\u00f3n especializada, sensible y profesional a las mujeres.<\/p>\n
Sin embargo, en la actualidad la implementaci\u00f3n de esta pol\u00edtica enfrenta varios retos. Primero, se financia y se coordina desde dos espacios distintos, y no necesariamente vinculados al interior de la estructura institucional de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n (Segob). Por lo mismo, cualquier esfuerzo de exigir rendici\u00f3n de cuentas sobre el impacto de esta pol\u00edtica est\u00e1 destinado al fracaso. Desde la Segob se plantea el \u00e9xito de estas metas bajo criterios mayormente dedicados a la construcci\u00f3n del espacio f\u00edsico de los centros, y no necesariamente en relaci\u00f3n al impacto en la vida de las mujeres. Los 27 centros que actualmente existen en 20 estados de la Rep\u00fablica operan todos bajo modelos y lineamientos distintos. En su operaci\u00f3n los Centros de Justicia para las Mujeres enfrentan los mismos retos en relaci\u00f3n a la profesionalizaci\u00f3n de su personal, que no necesariamente ha sido sensibilizado y formado para atender las necesidades de las mujeres que han vivido violencia. El personal trae consigo las mismas deficiencias que ten\u00eda antes de unirse al centro.<\/p>\n
Pero mientras tratamos de consolidar estos Centros de Justicia, el gobierno federal est\u00e1 impulsando una nueva pol\u00edtica llamada Ciudad Mujer, que pr\u00e1cticamente duplica muchas de las funciones que ya cumplen los centros, en particular respecto a la provisi\u00f3n de acceso a la justicia. Y esta nueva pol\u00edtica la impuls\u00f3 en un inicio la Secretar\u00eda de Desarrollo Social (Sedesol), que no est\u00e1 especializada en problemas que aquejan a las mujeres, y ahora pas\u00f3, junto con Rosario Robles, a la Secretar\u00eda de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Esta nueva pol\u00edtica es asistencialista, y no necesariamente responde a las necesidades reales de las mujeres de las regiones donde se abren estas \u201cciudades\u201d.<\/p>\n
Y, por si fuera poco, existe un tercer programa, el Cuarto Rosa, que tambi\u00e9n se impulsa desde la SEDATU y trabaja bajo la tesis de que mucha de la violencia ocurre por la falta de espacio en las viviendas y lo que debe hacerse es crear un \u201clugar seguro\u201d donde las mujeres se puedan esconder con sus hijos. Desde el nombre se ve un gran estereotipo, y a esto hay que sumarle que un \u201clugar seguro\u201d, as\u00ed, sin m\u00e1s, no es la soluci\u00f3n correcta a este tipo de problemas.<\/p>\n
Un an\u00e1lisis de los m\u00faltiples esfuerzos que se han realizado para combatir la violencia de g\u00e9nero que sufren las mujeres revela la importancia de mejorar los procesos de dise\u00f1o de pol\u00edticas p\u00fablicas. \u00c9stas no se pueden seguir formulando desde la opacidad de las oficinas gubernamentales. Todos tenemos un papel que jugar para acabar con el fen\u00f3meno de la violencia contra las mujeres: el gobierno, la academia y la sociedad civil. Pero ante todo tenemos la responsabilidad de establecer canales para o\u00edr e incluir en el dise\u00f1o de programas y pol\u00edtica la voz de las mujeres, especialmente la de las que han vivido violencia. El dise\u00f1o de las pol\u00edticas tiene, adem\u00e1s, que venir acompa\u00f1ado por mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluaci\u00f3n de los esfuerzos institucionales. La soluci\u00f3n no necesariamente est\u00e1 en la creaci\u00f3n de \u201cnuevas\u201d leyes y pol\u00edticas, sino en asegurarse de que las que existan funcionen adecuadamente. Es necesario detener la tendencia de \u201cformular, pero no implementar\u201d. De lo contrario, seguiremos siendo el pa\u00eds de las instituciones y leyes sin sentido. De los derechos de papel.<\/p>\n
Ana Pecova
\nDirectora ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres.<\/p>\n