Mirada antropol\u00f3gica<\/p>\n
Rodrigo Llanes Salazar (*)<\/p>\n
Publicado en Diario de Yucat\u00e1n<\/p>\n
Recib\u00ed una foto de un hombre con una pierna lastimada. Le hab\u00edan lanzado una bicicleta.<\/p>\n
\u00c9sta es una m\u00e1s de las agresiones que han sufrido pobladores y ejidatarios de San Jos\u00e9 Tipceh, una ex hacienda henequenera en Muna, que se han opuesto a la construcci\u00f3n del parque fotovoltaico Ticul A y Ticul B.<\/p>\n
Mientras que para algunos habitantes de San Jos\u00e9 Tipceh, sobre todo para ejidatarios y sus familiares, el parque solar representa una fuente de ingresos gracias al usufructo de sus tierras ejidales ubicadas en un municipio en donde m\u00e1s del 70 por ciento de la poblaci\u00f3n se encuentra en situaci\u00f3n de pobreza y en donde los empleos suelen encontrarse fuera de su localidad, para un grupo de pobladoras y pobladores, el parque, de m\u00e1s de un mill\u00f3n de paneles solares, presenta diversas amenazas.<\/p>\n
Algunos pobladores no quieren el parque solar porque se encuentra muy cerca de la zona habitacional de San Jos\u00e9 Tipceh; otros expresan su preocupaci\u00f3n por el aumento del calor debido a la deforestaci\u00f3n de cientos de hect\u00e1reas para la instalaci\u00f3n de los paneles solares, as\u00ed como las afectaciones a milpas y parcelas.<\/p>\n
Estas preocupaciones ambientales no son menores. De acuerdo con el Ordenamiento ecol\u00f3gico territorial, el instrumento que regula el uso del suelo y las actividades productivas para proteger el medio ambiente, en la regi\u00f3n del Puuc, donde se ubicar\u00eda el proyecto, no se permite la construcci\u00f3n de proyectos con un volumen de deforestaci\u00f3n como el del parque Ticul. Este es un asunto sobre el que el gobierno del Estado, particularmente a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, debe tomar cartas.<\/p>\n
Asimismo, en una reciente entrevista, Jan Jarab, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en M\u00e9xico (ONU-DH), declar\u00f3 que \u201cEl caso de Tipceh hay que leerlo con cuidado. Que la energ\u00eda sea renovable no necesariamente significa sostenible en t\u00e9rminos ambientales o sociales. Una cosa es poner paneles solares en casas o desiertos de M\u00e9xico, eso nos parece \u00fatil; pero deforestar para colocar paneles solares a una gran escala es otra cosa desde la perspectiva ambientalista\u201d.<\/p>\n
Los temas ambientales no son las \u00fanicas preocupaciones de los pobladores de San Jos\u00e9 Tipceh. Uno de los principales motivos de inconformidad es que, para los pobladores, las \u201ccosas no se hicieron bien desde el principio\u201d. El primer acercamiento a la comunidad fue a trav\u00e9s de un intermediario que quiso rentar las tierras del ejido dici\u00e9ndoles que era para sembrar estevia y limones (\u201cactividades agr\u00edcolas\u201d, se lee en el acta de asamblea ejidal). \u201cTodos los papeles, todos los tr\u00e1mites est\u00e1n mal\u201d, se quejan los pobladores, ya que algunas actas incluyen firmas de personas fallecidas o de personas que no viven en la comunidad.<\/p>\n
Otra fuente de malestar es el sentimiento de que \u201cno los tomaron en cuenta\u201d. Como es sabido, el Estado no consult\u00f3 previamente a la comunidad sobre la construcci\u00f3n del parque solar, a pesar de la obligaci\u00f3n que aqu\u00e9l tiene de hacerlo.<\/p>\n
Sin embargo, el inicio de la consulta en abril del a\u00f1o pasado no ha solucionado los problemas. Esto se debe a que la consulta no puede ser un mero procedimiento de tr\u00e1mite para cumplir con un requisito, sino que debe respetar los est\u00e1ndares internacionales en materia de derechos humanos; cuando menos, la consulta debe ser \u201cprevia\u201d, \u201clibre\u201d e \u201cinformada\u201d. En diversas ocasiones se ha se\u00f1alado que esta consulta no ha sido previa, pues se realiz\u00f3 despu\u00e9s de la subasta de largo plazo en la que concurs\u00f3 el proyecto, despu\u00e9s de que se firmaron contratos, se \u201cbrecharon\u201d caminos y, a inicios del mes pasado, la empresa realiz\u00f3 un pago de m\u00e1s de tres millones de pesos al ejido por la \u201ccontraprestaci\u00f3n del contrato de usufructo\u201d.<\/p>\n
Los pobladores consideran que la consulta tampoco ha sido \u201clibre\u201d, debido a que hay un ambiente de creciente conflictividad, tensiones, agresiones f\u00edsicas y verbales e incluso amenazas de muerte. Adem\u00e1s de la agresi\u00f3n se\u00f1alada al inicio, los pobladores han interpuesto ya varias denuncias por violencia contra quienes se oponen al parque solar. Una de ellas fue presentada el pasado 10 de julio, en donde el denunciante reporta la siguiente amenaza: \u201cSi se cancela el proyecto y se va la empresa, a todos los que estuvieron en contra del proyecto los voy a matar uno por uno\u201d (FGE, Acta n\u00famero UNATD16-GI\/000534\/2018).<\/p>\n
Este ambiente de violencia es sumamente preocupante. De acuerdo con el m\u00e1s reciente informe anual de Victoria Tauli-Corpuz, la Relatora Especial sobre Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas de la ONU, \u201cLa r\u00e1pida expansi\u00f3n de proyectos de inversi\u00f3n en tierras ind\u00edgenas sin su consentimiento previo est\u00e1 impulsando un dr\u00e1stico aumento de la violencia y el acoso legal contra los pueblos ind\u00edgenas\u201d.<\/p>\n
En su informe, Tauli-Corpuz identifica un \u201cpatr\u00f3n de abuso\u201d y de violencia contra opositores a proyectos que amenazan los medios de subsistencia y cultura de pueblos ind\u00edgenas. El primer paso, sostiene, son \u201clas campa\u00f1as de difamaci\u00f3n y los discursos de odio que caracterizan a los pueblos ind\u00edgenas como \u2018obst\u00e1culos para el desarrollo\u2019\u201d.<\/p>\n
Debido a este patr\u00f3n de abuso, tan solo el a\u00f1o pasado fueron asesinados 312 defensores de derechos humanos en el mundo. De acuerdo con el informe de la Relatora Especial, el 67% de dichos homicidios fue contra defensores de tierras, el medio ambiente o derechos ind\u00edgenas, y el 80% de los asesinatos ocurrieron en Brasil, Colombia, M\u00e9xico y las Filipinas.<\/p>\n
Asimismo, de acuerdo con el \u201cInforme anual sobre la situaci\u00f3n de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en M\u00e9xico, 2017\u201d, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en el periodo de julio de 2016 a diciembre de 2017 se produjeron en M\u00e9xico 88 casos de ataques contra personas defensoras de los derechos ambientales, incluyendo 29 personas asesinadas.<\/p>\n
Los pobladores tambi\u00e9n se\u00f1alan que no ha sido una consulta \u201cinformada\u201d: la etapa \u201cinformativa\u201d de la consulta concluy\u00f3 hace un par de meses sin que todos los participantes estuviesen satisfechos con la informaci\u00f3n recibida \u2014proporcionada por el Estado y la empresa\u2014; varios temas de preocupaci\u00f3n de la comunidad, como los efectos de la deforestaci\u00f3n y los impactos solares, no fueron lo suficientemente abordados.<\/p>\n
El caso de San Jos\u00e9 Tipceh ha encendido las alarmas. Se trata del primer caso de Yucat\u00e1n que ha sido documentado en los informes elaborados por la Relator\u00eda Especial sobre Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas de la ONU. Como inform\u00f3 Diario de Yucat\u00e1n la semana pasada, recientemente se present\u00f3 el informe de la Relatora Especial sobre su visita a M\u00e9xico en noviembre del a\u00f1o pasado.<\/p>\n
En su informe, la Relatora documenta que: \u201cEn el municipio de Muna, Yucat\u00e1n, las autoridades ejidales y ambientales autorizaron un parque solar que implicar\u00eda la construcci\u00f3n de m\u00e1s de un mill\u00f3n de paneles solares en territorios ind\u00edgenas, sin consultar previamente a las comunidades mayas afectadas. Se alega que los contratos previos firmados entre el ejido y la empresa han afectado el car\u00e1cter libre de la consulta y causado divisiones y conflictividad en la comunidad. Comuneros ind\u00edgenas que han cuestionado irregularidades en el proceso han sufrido amenazas, difamaciones y agresiones\u201d (p\u00e1rr. 40).<\/p>\n
No debemos esperar a que en San Jos\u00e9 Tipceh o en cualquier otra parte de Yucat\u00e1n ocurra un asesinato contra defensores de las tierras y los derechos ambientales. Se debe poner un alto ya a las agresiones f\u00edsicas y verbales, a las intimidaciones y amenazas de muerte que est\u00e1n sucediendo ahora mismo.<\/p>\n
Para contribuir a solucionar el problema, las autoridades de los tres niveles de gobierno y los funcionarios de los tres poderes del Estado deben conocer e implementar las recomendaciones realizadas por la Relatora en su informe sobre M\u00e9xico: el desarrollo de proyectos, como los de la reforma energ\u00e9tica, \u201crequiere un enfoque de derechos humanos\u201d; se debe \u201csustituir un enfoque asistencialista por un enfoque de derechos humanos que promueva el empoderamiento y libre determinaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas\u201d; se debe reformar integralmente el r\u00e9gimen jur\u00eddico agrario \u201cpara incorporar los actuales est\u00e1ndares internacionales sobre derechos de los pueblos ind\u00edgenas\u201d; se debe \u201cfiscalizar las actuaciones de las empresas y de investigar y sancionar los da\u00f1os ambientales y de salud que puedan sufrir los pueblos ind\u00edgenas\u201d.<\/p>\n
Especialmente: \u201cse recomiendan di\u00e1logos en condiciones de igualdad entre los pueblos ind\u00edgenas y autoridades de gobierno sobre el concepto de desarrollo que conduzcan a la adopci\u00f3n de decisiones conjuntas sobre el desarrollo en territorios ind\u00edgenas. Las propuestas de desarrollo de los pueblos ind\u00edgenas deben tener prioridad en sus territorios\u201d (p\u00e1rr. 102).\u2014 M\u00e9rida, Yucat\u00e1n<\/p>\n
rodrigo.llanes.s@gmail.com<\/p>\n
Investigador del Cephcis-UNAM<\/p>\n
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