A pesar de que hay varios casos de violencia pol\u00edtica con motivo de g\u00e9nero que se dan a conocer p\u00fablicamente, hasta la fecha s\u00f3lo se han presentado tres denuncias formales ante instancias y organismos p\u00fablicos del estado y la Federaci\u00f3n.<\/p>\n
En el marco del curso-taller \u201cParidad: libre de violencia pol\u00ed- tica en raz\u00f3n de g\u00e9nero\u201d, diversas autoridades reconocieron un significativo aumento de casos a trav\u00e9s de redes y medios de comunicaci\u00f3n; pero lamentaron que ello no vaya acompa\u00f1ado de una denuncia formal.<\/p>\n
El caso m\u00e1s notorio hasta la fecha es el de la denuncia interpuesta ante la Fiscal\u00eda Especializada Para la Atenci\u00f3n de Delitos Electorales (Fepade) por la consejera electoral Claudia Carrillo Gasca, la cual sigue sin ser resuelta ni presenta avances significativos. En mayo de 2017, la Fepade dio vista a la Fiscal\u00eda General del Estado (FGE) para que deslinde los posibles delitos que deriven de la denuncia, toda vez que fue hasta febrero pasado cuando el Congreso incluy\u00f3 en el C\u00f3digo Penal el delito de Violencia Pol\u00ed- tica con Motivo de G\u00e9nero.<\/p>\n
De acuerdo con Carrillo Gasca, la denuncia fue ingresada a la Fepade en octubre de 2016 en contra de V\u00edctor Vivas Vivas, magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) por amenazas y presiones en su contra.<\/p>\n
En la misma querella, denunci\u00f3 que la presionaron para obligarla a apoyar acuerdos al interior del organismo electoral encaminados, dentro del proceso electoral 2016, a privilegiar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus candidatos, con la intenci\u00f3n de evitar el avance de otros partidos pol\u00edticos, lo que ser\u00eda un ataque a la autonom\u00eda del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).<\/p>\n
En su denuncia, la consejera electoral da cuenta de diversas situaciones, momentos y circunstancias adversas en su contra por parte del magistrado V\u00edctor Vivas, en los que tambi\u00e9n se involucra a Carlos Lima Carvajal, magistrado numerario del Poder Judicial del Estado.<\/p>\n
El segundo caso de violencia pol\u00edtica con motivo de g\u00e9nero ocurri\u00f3 a mediados de 2017, cuando una funcionaria p\u00fablica de segundo nivel trat\u00f3 de interponer una denuncia ante el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) por presunto acoso en su contra.<\/p>\n
Silvia Dami\u00e1n L\u00f3pez, titular de ese organismo, omiti\u00f3 identificar a la quejosa y apunt\u00f3 que en el IQM se limitaron a darle asesor\u00eda y recomendaciones jur\u00eddicas, toda vez que carecen de facultades de investigaci\u00f3n sobre esos casos.<\/p>\n
Se desconocen avances en torno a esa queja. Un tercer caso ocurri\u00f3 en el \u00e1rea Jur\u00eddica del Ieqroo en enero de este a\u00f1o, cuando un grupo de trabajadoras del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto entreg\u00f3 una queja en contra de la presidenta municipal Paoly Perera Maldonado, quien presuntamente las amenaz\u00f3 con despedirlas por apoyar a la ahora candidata independiente a ese ayuntamiento, Fanny Cahum.<\/p>\n
Mayra San Rom\u00e1n Carrillo Medina, consejera presidenta del Ieqroo, explic\u00f3 que la queja fue desechada porque no se presentaron pruebas que sustentaran los se\u00f1alamientos en contra de la alcaldesa. Al respecto, autoridades de la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n (TEPJF), se\u00f1alan que si bien los casos de violencia pol\u00edtica por motivo de g\u00e9nero se denuncian p\u00fablicamente en los estados de la pen\u00ednsula de Yucat\u00e1n, que conforman la tercera circunscripci\u00f3n electoral del pa\u00eds, estos no se formalizan.<\/p>\n
Por su parte, Claudia Rodr\u00ed- guez S\u00e1nchez, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, y Nora Cer\u00f3n Gonz\u00e1lez, magistrada presidenta del Teqroo, aseguraron que en esas instancias tampoco hay antecedentes sobre juicios, quejas, denuncias o solicitudes de intervenci\u00f3n en esa materia. En la FGE tampoco se tiene registro de alguna denuncia presentada a partir de la tipificaci\u00f3n de este delito.<\/p>\n
De acuerdo con el dictamen por el que la XV Legislatura aprob\u00f3 tipificar la Violencia Pol\u00edtica por Motivos de G\u00e9nero, comete este delito quien por s\u00ed o a trav\u00e9s de terceros, hostigue, coaccione o amenace a una o varias mujeres y cualquier miembro de su familia, con el fin de menoscabar, restringir o nulificar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos pol\u00edticos, su cargo o funciones p\u00fablicas; el culpable se har\u00e1 acreedor a multas de hasta 400 d\u00edas y prisi\u00f3n de uno a cinco a\u00f1os.<\/p>\n