El gobierno de Roberto Borge Angulo apenas aplic\u00f3 213.3 millones de pesos en recursos para la implementaci\u00f3n del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el a\u00f1o pasado, de una bolsa disponible para los estados de 14.7 mil millones de pesos a nivel nacional.<\/p>\n
De acuerdo a datos del Centro de Investigaci\u00f3n para el Desarrollo (CIDAC), esta entidad se ubica en el sitio 29 de inversi\u00f3n de recursos en la materia para el periodo 2016, mientras que Baja California y el Estado de M\u00e9xico usaron poco m\u00e1s de 2 mil 100 millones de pesos dispuestos por la Secretar\u00eda T\u00e9cnica del Consejo de Coordinaci\u00f3n para la Implementaci\u00f3n del Sistema de Justicia Penal.<\/p>\n
Peor a\u00fan, en el periodo solo el 26 por ciento de las carpetas de investigaci\u00f3n fueron determinadas o despachadas y el 72 por ciento de las que fueron turnadas a juzgados de garant\u00edas presentan rezago.<\/p>\n
En general, el avance en la consolidaci\u00f3n del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio de 1000 puntos ninguno de los 32 estados del pa\u00eds logr\u00f3 alcanzar siquiera 500 pero las entidades con mejores resultados fueron Guanajuato, Chihuahua y Baja california con casi 400 puntos. Quintana Roo alcanz\u00f3 el sitio 21 con 227 puntos de avance.<\/p>\n
El sistema acusatorio ha iniciado operaciones a nivel nacional con un marco legal que no satisface las necesidades y las pretensiones del nuevo modelo de justicia. Durante el a\u00f1o reportado por CIDAC, dos periodos legislativos concluyeron sin que se aprobaran las reformas necesarias para garantizar la adecuada operaci\u00f3n del sistema.<\/p>\n
De forma simult\u00e1nea, el an\u00e1lisis habla de que el debate en torno a las reformas legislativas necesarias se encuentra dividido entre una tendencia que propone la eliminaci\u00f3n de figuras contrarias a la l\u00f3gica de un sistema garantista, apoyada por la academia y la sociedad civil organizada, y otra que, por el contrario, pretende endurecer las normas procesales del sistema acusatorio para buscar una mayor eficiencia en la persecuci\u00f3n delictiva.<\/p>\n
En este contexto, dadas las vol\u00e1tiles din\u00e1micas legislativas nacionales, la permanencia de los principios y bases normativas del sistema acusatorio no se encuentra garantizada y, a un a\u00f1o de que concluy\u00f3 el plazo constitucional, a\u00fan no es posible descartar una contrarreforma.<\/p>\n
El CIDAC hace entonces seis recomendaciones: Creaci\u00f3n de una instancia t\u00e9cnica interinstitucional y nacional, atender los vac\u00edos y las brechas del proceso de implementaci\u00f3n, planeaci\u00f3n integral para la mejora continua, aprobaci\u00f3n de las reformas legislativas pendientes, creaci\u00f3n de mecanismos homologados de evaluaci\u00f3n y servicio profesional de carrera no solo en la ley, sino en la pr\u00e1ctica.<\/p>\n