Dos mujeres, entre ellas una menor de edad, iban a ser arrestadas por los uniformados presuntamente por estar vendiendo en la v\u00eda p\u00fablica; incluso una mujer polic\u00eda uniformada le coloc\u00f3 unas esposas a la menor, la cual lloraba, asustada.<\/p>\n
Fue entonces que un grupo de ciudadanos intercedieron por las ind\u00edgenas, exigiendo a los polic\u00edas que las liberaran.<\/p>\n
Los ciudadanos reclamaron a los polic\u00edas que “s\u00ed son capaces de despojar y agredir a mujeres indefensas, pero no de detener a ladrones y asaltantes en las colonias de Campeche”.<\/p>\n
Los hechos evidencian una clara discriminaci\u00f3n en contra de los pueblos originarios, especialmente contra las ni\u00f1as y las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad marginadas y que no solo viven la violencia estructural de no tener acceso a los satisfactores necesarias que las obligan a desplazarse de su lugar de origen, de no tener a la acceso a la educaci\u00f3n, un trabajo bien remunerado que les garantice el buen vivir y el ejercicio pleno de sus derechos.<\/p>\n
Es grave y preocupante que el Estado haga uso de las fuerzas p\u00fablicas en contra de poblaciones en condiciones de marginaci\u00f3n y vulnerabilidad, como son reconocidas en todos los protocolos de acceso a la justicia las ni\u00f1as, las mujeres y las poblaciones ind\u00edgenas, as\u00ed como las personas en condici\u00f3n de pobreza.<\/p>\n