Martha Tagle<\/p>\n\n\n\n
Fuente: El Sol de M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n
10 de noviembre de 2026.- Hace casi veinte a\u00f1os, un grupo de diputadas feministas nos propusimos que los derechos de las mujeres dejaran de ser promesas escritas en las leyes. Se acababan de promulgar las leyes generales de igualdad y para una vida libre de violencia, y sab\u00edamos que sin presupuesto no habr\u00eda pol\u00edticas p\u00fablicas capaces de hacerlos realidad.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed naci\u00f3, en 2008, el Anexo 9A, antecedente del actual Anexo 13. Particip\u00e9 en su construcci\u00f3n junto con Marisela Contreras, Elsa Conde, Yolanda Rodr\u00edguez y Susana Monreal, entre otras, con la firme convicci\u00f3n de que hab\u00eda que comenzar por etiquetar recursos p\u00fablicos para reducir las desigualdades.<\/p>\n\n\n\n
Hoy, mientras la C\u00e1mara de Diputados discute el Presupuesto de Egresos de 2027, esa idea cobra especial relevancia. La pregunta no es solamente cu\u00e1nto dinero se destina al Anexo 13 y si cada a\u00f1o aumenta, sino qu\u00e9 pol\u00edticas se financian, a qui\u00e9nes benefician, si reducen brechas de desigualdad y qu\u00e9 cambios producen en la vida de las mujeres.<\/p>\n\n\n\n
Aquella conquista fue resultado de la articulaci\u00f3n entre legisladoras de distintos partidos, organizaciones feministas y especialistas. Quer\u00edamos que los programas y pol\u00edticas p\u00fablicas tuvieran recursos para garantizar derechos. No se trataba de crear una bolsa de dinero, sino de transformar las prioridades del Estado.<\/p>\n\n\n\n
Un presupuesto con perspectiva de g\u00e9nero no consiste en repartir dinero a mujeres ni en reunir programas bajo una etiqueta. Por ejemplo, una obra de transporte no es neutral si ignora los recorridos de quienes combinan empleo, escuela y cuidados. Corresponde a las y los diputados examinar las prioridades del gasto, cuestionar las propuestas del Ejecutivo y asegurar que los recursos contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad.<\/p>\n\n\n\n
Para 2027, el proyecto asigna al Anexo 13 alrededor de 636 mil millones de pesos, un incremento real de 2.1% respecto de 2026. Pero, seg\u00fan la Red por una Pol\u00edtica Fiscal Feminista, tres programas de transferencias concentran 71.7% del total, mientras los recursos identificados para prevenir y atender las violencias representan apenas 0.2%.<\/p>\n\n\n\n
Las transferencias monetarias pueden mejorar los ingresos de las mujeres, pero no sustituyen pol\u00edticas p\u00fablicas que garanticen sus derechos. Una mujer que denuncia violencia necesita protecci\u00f3n inmediata, atenci\u00f3n especializada, acceso a la justicia y, cuando est\u00e1 en riesgo, un refugio. Todo eso requiere instituciones, personal capacitado y presupuesto suficiente.<\/p>\n\n\n\n
Lo mismo sucede con los cuidados. Si una madre debe abandonar su empleo porque no tiene d\u00f3nde dejar a sus hijos, o una mujer dedica sus d\u00edas a cuidar a una persona mayor sin recibir apoyo, no basta con entregar dinero. Se necesitan servicios, infraestructura y corresponsabilidad para que cuidar no siga significando renunciar a otros derechos.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, no basta con asignar recursos. Hay que vigilar que se ejerzan y evaluar sus resultados. \u00bfCu\u00e1ntas mujeres recibieron protecci\u00f3n? \u00bfCu\u00e1ntas pudieron conservar su empleo? \u00bfQu\u00e9 brechas se redujeron? Sin esas respuestas, el anexo corre el riesgo de convertirse en una suma de cifras que no transforma realidades.<\/p>\n\n\n\n
El Anexo 9A fue una conquista feminista, pero nunca lo concebimos como una meta alcanzada. Fue una herramienta para transformar la manera en que el Estado decide y utiliza los recursos p\u00fablicos. Aprobar un presupuesto no significa haber cumplido con la igualdad. No luchamos por ponerle etiquetas al presupuesto sino para que cambiara la vida de las mujeres.<\/p>\n