Sof\u00eda Carvajal<\/p>\n\n\n\n
Fuente: El Sol de M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n
7 de noviembre de 2026.- La reciente crisis en la c\u00fapula del Instituto Nacional Electoral (INE), que deriv\u00f3 en la renuncia de quien ocupaba su presidencia en octubre de 2026 y en la apertura de investigaciones por parte del \u00d3rgano Interno de Control (OIC) y la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n (ASF), ha puesto al descubierto una vulnerabilidad en el dise\u00f1o institucional del organismo.<\/p>\n\n\n\n
Esta crisis es consecuencia directa de las modificaciones al Art\u00edculo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), aprobadas en octubre de 2024. La reforma otorg\u00f3 \u201csuperpoderes\u201d a la presidencia del organismo al facultarla para designar unilateralmente a los titulares de las direcciones ejecutivas y las unidades t\u00e9cnicas. Con ello elimin\u00f3 un contrapeso hist\u00f3rico que exig\u00eda el voto favorable de al menos ocho de los once integrantes del Consejo General.<\/p>\n\n\n\n
Ante la proximidad de las elecciones intermedias de 2027, urge que el Congreso de la Uni\u00f3n impulse una contrarreforma que restituya al Consejo General su facultad de decidir colegiadamente esos nombramientos. Mantener el dise\u00f1o actual entra\u00f1a tres riesgos. El primero es debilitar la certeza de la contienda. El segundo es facilitar la captura de \u00e1reas estrat\u00e9gicas mediante el nombramiento de personas con conflictos de inter\u00e9s. El tercero es dar a las fuerzas pol\u00edticas derrotadas argumentos para cuestionar la legitimidad de los comicios e impugnar sus resultados alegando falta de neutralidad del \u00e1rbitro.<\/p>\n\n\n\n
Esta concentraci\u00f3n de facultades contraviene los principios democr\u00e1ticos establecidos en la Constituci\u00f3n y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030. En su primer eje, el PND plantea consolidar una gobernanza democr\u00e1tica que responda a las demandas ciudadanas mediante la transparencia y el fortalecimiento institucional. Por su parte, el Art\u00edculo 41 de la Constituci\u00f3n establece que la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la m\u00e1xima publicidad y la objetividad son los principios rectores de la funci\u00f3n estatal de organizar las elecciones.<\/p>\n\n\n\n
La gobernanza democr\u00e1tica exige que las casillas se administren con eficiencia y que existan contrapesos internos para impedir que una facci\u00f3n pol\u00edtica o un inter\u00e9s privado controle las \u00e1reas responsables del presupuesto, la fiscalizaci\u00f3n y la log\u00edstica electoral. Si se mantiene el art\u00edculo 45 de la LGIPE en sus t\u00e9rminos actuales, el INE llegar\u00e1 a los comicios de 2027 con una legitimidad debilitada. Dejar intacta esa disposici\u00f3n vulnerar\u00eda el esp\u00edritu plural de la Constituci\u00f3n y socavar\u00eda el compromiso del PND de fortalecer las instituciones que sostienen la paz y la legalidad. En un escenario de incertidumbre y litigios, la ciudadan\u00eda podr\u00eda perder la confianza en el valor de su voto.<\/p>\n\n\n\n
Restituir la mayor\u00eda calificada para estos nombramientos dar\u00eda al partido gobernante y a la Presidencia de la Rep\u00fablica la oportunidad de demostrar su compromiso con la imparcialidad y la independencia que establece el art\u00edculo 41 de la Constituci\u00f3n. Esa decisi\u00f3n fortalecer\u00eda al \u00e1rbitro electoral, har\u00eda m\u00e1s transparentes sus nombramientos y le devolver\u00eda legitimidad de cara a los comicios de 2027, con lo que contribuir\u00eda a la estabilidad democr\u00e1tica del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
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