Gabriela Salido<\/p>\n\n\n\n
Fuente: El Sol de M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n
M\u00e9rida, 20 de octubre de 2026.- Las transferencias directas y los programas sociales representan un ingreso vital para millones de familias en M\u00e9xico; un respaldo frente a la precariedad que ayuda a cubrir el gasto cotidiano. Sin embargo, ese esfuerzo financiero choca contra un muro cuando el cuerpo falla.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfDe qu\u00e9 sirve recibir un apoyo gubernamental si, al enfermarse, el dinero termina en la caja de una farmacia privada, porque la cl\u00ednica p\u00fablica no tiene medicamentos? Para quienes viven al d\u00eda, perder la salud significa endeudarse, sacrificar otras necesidades y poner en riesgo la estabilidad familiar.<\/p>\n\n\n\n
Los datos del Inegi y el Coneval exponen la dimensi\u00f3n de esta tragedia: mientras en 2018 alrededor de 20.1 millones de personas carec\u00edan de acceso a servicios de salud, para 2024 la cifra escal\u00f3 a 44.5 millones. No basta con redactar decretos de gratuidad universal o anunciar giras. El derecho a la salud exige instituciones capaces de cobijar a las personas en su momento de mayor vulnerabilidad.<\/p>\n\n\n\n
El desabasto sistem\u00e1tico ilustra a la perfecci\u00f3n esta brecha entre la ret\u00f3rica y la realidad. De acuerdo con el colectivo Cero Desabasto, tan solo en 2023 quedaron sin surtirse completamente m\u00e1s de 7.5 millones de recetas en las instituciones federales. Detr\u00e1s de cada folio incompleto hay un paciente obligado a decidir si paga de su bolsillo, interrumpe un tratamiento vital o sacrifica su alimentaci\u00f3n para sanar. El resultado es una privatizaci\u00f3n silenciosa y cruel.<\/p>\n\n\n\n
Ante la asfixia presupuestal del sector p\u00fablico, las familias terminan asumiendo una carga desproporcionada: hoy los pagos directos representan alrededor del 41 por ciento del gasto corriente en salud en el pa\u00eds. El Estado claudica en su obligaci\u00f3n y empuja al ciudadano a resolver su urgencia en el consultorio privado, no por preferencia, sino por pura desesperaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En la base de este sistema roto se encuentra el personal m\u00e9dico, sosteniendo con vocaci\u00f3n lo que la administraci\u00f3n desmorona. M\u00e9dicos, enfermeras y trabajadores de la salud enfrentan jornadas extenuantes, superados por una demanda que rebasa por completo la capacidad instalada y los insumos disponibles de sus unidades. Resulta injusto convertirlos en el blanco de la frustraci\u00f3n ciudadana o responsabilizarlos por fallas que exigen voluntad presupuestal, infraestructura digna y orden log\u00edstico.<\/p>\n\n\n\n
La pol\u00edtica social de un pa\u00eds no puede medirse \u00fanicamente por el volumen de dinero en efectivo que reparte, sino por la garant\u00eda de que sus ciudadanos puedan ejercer sus derechos fundamentales sin que una emergencia m\u00e9dica los arroje a la miseria.<\/p>\n\n\n\n
La contradicci\u00f3n gubernamental es insostenible: el Estado transfiere recursos a las familias con una mano, pero permite que un sistema de salud colapsado se los arrebate con la otra. Un apoyo econ\u00f3mico gubernamental puede aliviar la compra de la canasta b\u00e1sica, pero jam\u00e1s sustituir\u00e1 una cirug\u00eda, un diagn\u00f3stico oportuno o un medicamento.<\/p>\n\n\n\n
Enfermarse en M\u00e9xico no deber\u00eda significar una condena financiera ni obligar a nadie a elegir entre surtir una receta, pagar la renta o alimentar a sus hijos. Un sistema p\u00fablico que orilla a sus pacientes a tomar esas decisiones no est\u00e1 garantizando un derecho constitucional; simplemente est\u00e1 trasladando el costo de su ineficiencia a quienes menos margen tienen para sobrevivir.<\/p>\n\n\n\n
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