Gabriela Salido<\/p>\n\n\n\n
Fuente: El Sol de M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n
M\u00e9rida, 29 de septiembre, 2026.- Han pasado doce a\u00f1os desde la Noche de Iguala. Doce a\u00f1os de sillas vac\u00edas, de marchas, de exigencias y de una pregunta que sigue sin respuesta: \u00bfd\u00f3nde est\u00e1n los 43 normalistas de Ayotzinapa? Lo ocurrido aquella noche dej\u00f3 de ser hace mucho un caso local para convertirse en uno de los mayores s\u00edmbolos de la crisis de desapariciones y de la incapacidad del Estado mexicano para garantizar verdad y justicia. Cada aniversario vuelve a recordarnos lo mismo: el tiempo pasa, pero la impunidad permanece.<\/p>\n\n\n\n
Quiz\u00e1 lo m\u00e1s doloroso de esta \u00faltima etapa sea precisamente la enorme distancia entre lo que se prometi\u00f3 en las calles y lo que ocurri\u00f3 una vez que el poder cambi\u00f3 de manos. Quienes hoy gobiernan hicieron de Ayotzinapa una bandera propia durante a\u00f1os; acompa\u00f1aron a los padres, marcharon con ellos y juraron que, de llegar a la Presidencia, echar\u00edan abajo las versiones oficiales para conocer la verdad, topase con quien topase. Sin embargo, gobernar implica asumir las consecuencias de las propias promesas, y con el paso de los a\u00f1os, esa relaci\u00f3n se deterior\u00f3 hasta la ruptura. Cuando las investigaciones comenzaron a tocar los delicados intereses de las Fuerzas Armadas, lo que antes era una exigencia compartida se transform\u00f3 en una disputa. Los padres pasaron de ser aliados pol\u00edticos a voces inc\u00f3modas, y las puertas de Palacio Nacional terminaron cerradas para ellos.<\/p>\n\n\n\n
Ese giro no puede pasar inadvertido, porque una cosa es llegar al poder denunciando las injusticias del pasado y otra muy distinta es enfrentarlas cuando las pesquisas alcanzan a las instituciones que sostienen al propio gobierno. Adem\u00e1s, Ayotzinapa no es un caso aislado. Detr\u00e1s de los normalistas hay miles de familias, de madres que recorren terrenos y escarban barrancas buscando fosas clandestinas ante la absoluta inacci\u00f3n de las autoridades. Por eso resulta especialmente grave cualquier intento institucional por rasurar los censos, minimizar el tama\u00f1o de la crisis o modificar las cifras para encuadrar una narrativa de \u00e9xito. Una persona desaparecida no deja de existir porque cambie un registro administrativo; para una familia que busca, no hay estad\u00edstica oficial que pueda sustituir una respuesta.<\/p>\n\n\n\n
A doce a\u00f1os de distancia, la deuda con los padres de los estudiantes sigue pendiente, igual que con las miles de familias que buscan a los suyos en todo el pa\u00eds. La justicia no puede depender de qui\u00e9n ocupa la silla presidencial ni de si una causa resulta pol\u00edticamente rentable en determinado sexenio. Ayotzinapa funcion\u00f3 a la perfecci\u00f3n como un ariete electoral cuando el actual grupo en el poder era oposici\u00f3n, pero la verdadera prueba de Estado lleg\u00f3 despu\u00e9s: demostrar que la verdad y la procuraci\u00f3n de justicia est\u00e1n por encima de las conveniencias pol\u00edticas. Hoy, m\u00e1s de una d\u00e9cada despu\u00e9s, esa prueba sigue reprobada.<\/p>\n