Eduardo R. Huchim (*)<\/p>\n\n\n\n
Fuente: Diario de Yucat\u00e1n<\/p>\n\n\n\n
M\u00e9rida, 31 de julio de 2026.- La incapacidad de nuestras fiscal\u00edas para investigar con eficacia, tanto en el plano federal como en el estatal, ha generado una creatura mal\u00e9vola que encubre parcialmente esa incapacidad y somete a los mexicanos a una suerte de vasallaje en la que el ciudadano pierde libertades, la presunci\u00f3n de inocencia se torna en figura f\u00e1rsica y los derechos humanos se acercan a la entelequia quim\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n
No hay hip\u00e9rbole. Esa creatura naci\u00f3 desde el siglo pasado, se llama prisi\u00f3n preventiva oficiosa (PPO), prima de la prisi\u00f3n preventiva justificada, menos severa y arbitraria \u00e9sta que la otra.<\/p>\n\n\n\n
Imagine el lector que, por las razones que sean, ciertas o no, es acusado de traficar falsos comprobantes fiscales o de robo en casa-habitaci\u00f3n o delitos en materia de hidrocarburos. Ante tal acusaci\u00f3n, con pruebas o sin ellas, el acusado ir\u00e1 irremediablemente a la c\u00e1rcel y podr\u00e1 permanecer ah\u00ed a\u00f1os enteros y sin recibir sentencia. Hace una semana expuse el caso de Brenda Quevedo como ejemplo de las 85 mil \u2014s\u00ed, 85 mil\u2014 personas que est\u00e1n en prisi\u00f3n \u2014muchas por a\u00f1os y lustros\u2014, sin recibir sentencia.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfQuiere usted preocuparse m\u00e1s? El juez que env\u00ede a prisi\u00f3n al acusado de los delitos mencionados u otros m\u00e1s graves no tiene opci\u00f3n. Obligatoriamente debe recluirlo tras de las rejas. Importa precisar que la oficiosa es diferente de la prisi\u00f3n preventiva justificada, en la cual el juez debe analizar la necesidad de tal encarcelamiento.<\/p>\n\n\n\n
La mal\u00e9vola creatura no fue engendrada por la Cuarta Transformaci\u00f3n (4T), pero permanece y ha crecido en ella, pese a que se aparta de los postulados del movimiento creado por el popular expresidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador. Ciertamente, el prop\u00f3sito es constituir a la PPO en una herramienta eficaz en la lucha contra la delincuencia organizada, pero los da\u00f1os que puede causar son enormes. La PPO da a las fiscal\u00edas \u2014frecuentemente infestadas de delincuentes con placa\u2014 un poder descomunal porque pueden mandar a la c\u00e1rcel a ciudadanos de bien con su sola acusaci\u00f3n, sin necesidad de probarla.<\/p>\n\n\n\n
La prisi\u00f3n preventiva oficiosa o PPO (cuya aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica y obligatoria la hace temible) es una medida cautelar prevista en el art\u00edculo 19 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Obliga al juez a imponer la privaci\u00f3n de la libertad de forma autom\u00e1tica a quien sea acusado de alguno de una serie de delitos(varios muy graves, pero otros no tanto), sin necesidad \u2014insisto\u2014 de que el Ministerio P\u00fablico demuestre su acusaci\u00f3n ni el juez valore si existen riesgos de fuga del acusado o peligro para v\u00edctimas o testigos.<\/p>\n\n\n\n
La mal\u00e9vola creatura ri\u00f1e con est\u00e1ndares interamericanos y ha concitado cr\u00edticas de organismos internacionales como el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detenci\u00f3n Arbitraria y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, as\u00ed como de notables juristas mexicanos como Ana Laura Magaloni, Diego Valad\u00e9s, Miguel Carbonell, Jos\u00e9 Ram\u00f3n Coss\u00edo e inclusive de algunos cercanos a la 4T como Jaime C\u00e1rdenas Gracia.<\/p>\n\n\n\n
SCJN y la PPO<\/strong><\/p>\n\n\n\n Con la clara intenci\u00f3n de evitar un eventual pronunciamiento de la Suprema Corte contra la prisi\u00f3n preventiva oficiosa o PPO, el Art\u00edculo 19 de la Constituci\u00f3n establece que \u201cpara la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las normas previstas en este p\u00e1rrafo, los \u00f3rganos del Estado deber\u00e1n atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretaci\u00f3n an\u00e1loga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus t\u00e9rminos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial\u201d.<\/p>\n\n\n\n La Corte no ha querido abordar el asunto y ha dejado pendientes las demandas de inaplicaci\u00f3n de la PPO. Quiz\u00e1 la mejor decisi\u00f3n del Alto Tribunal ser\u00eda abstenerse de manifestarse contra ella, porque, pese a toda su malevolencia, la creatura debe ser extinguida o moderada por quien le dio vida, es decir, el Congreso de la Uni\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Dos de los juristas cr\u00edticos de la PPO, Jaime C\u00e1rdenas y Diego Valad\u00e9s se han manifestado en ese sentido. Declararla inaplicable o \u201cderogarla\u201d mediante la interpretaci\u00f3n por ser inconvencional o desproporcionada \u2014ha opinado Valad\u00e9s\u2014 convertir\u00eda a la Corte en un poder constituyente (no constitucional), usurpando una facultad que no le corresponde. La v\u00eda correcta es la reforma constitucional por el Congreso, conforme al art\u00edculo 135.<\/p>\n\n\n\n Por su parte, C\u00e1rdenas considera que la PPO debe derogarse porque vulnera principios fundamentales, pero coincide con Valad\u00e9s: \u201cYo estoy en contra la prisi\u00f3n preventiva oficiosa y en contra del arraigo, pero no creo que la Corte tenga el poder para derogar algo que est\u00e1 en la Constituci\u00f3n, eso solamente lo puede hacer el poder revisor de la Constituci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n (*) Periodista<\/p>\n