Por: SemM\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n
Dulce Mar\u00eda Sauri Riancho*<\/p>\n\n\n\n
SemM\u00e9xico, M\u00e9rida, Yucat\u00e1n, 6 de mayo, 2026.La solicitud de detenci\u00f3n con fines de extradici\u00f3n formulada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos \u2014a trav\u00e9s de la Fiscal\u00eda del Distrito Sur de Nueva York\u2014 contra diez ciudadanos mexicanos, tres de ellos con fuero constitucional, marca un punto de quiebre en la relaci\u00f3n entre crimen organizado, poder pol\u00edtico y procesos electorales en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
No es la primera vez que ex gobernadores mexicanos enfrentan procesos en el extranjero. Ah\u00ed est\u00e1n los casos de Tom\u00e1s Yarrington (Tamaulipas) y Mario Villanueva (Quintana Roo). Pero s\u00ed es la primera ocasi\u00f3n en que una solicitud de extradici\u00f3n alcanza a un gobernador en funciones.<\/p>\n\n\n\n
El caso del gobernador de Sinaloa, Rub\u00e9n Rocha Moya, coloca sobre la mesa no solo un conflicto jur\u00eddico \u2014que implicar\u00eda juicio de procedencia en la C\u00e1mara de Diputados si no hubiera mediado licencia al cargo\u2014, sino un dilema pol\u00edtico de gran calado. En paralelo, la situaci\u00f3n del senador Enrique Inzunza requerir\u00eda el mismo procedimiento de desafuero.<\/p>\n\n\n\n
En el \u00e1mbito local, la solicitud de licencia del presidente municipal de Culiac\u00e1n evit\u00f3 el traslado de su proceso de desafuero al Congreso de Sinaloa, conforme a su Constituci\u00f3n. Es decir, el entramado institucional existe. La pregunta es si funciona.<\/p>\n\n\n\n
Lo m\u00e1s grave no es la extradici\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n La acusaci\u00f3n estadounidense \u2014m\u00e1s de treinta p\u00e1ginas\u2014 contiene la descripci\u00f3n detallada de la presunta intervenci\u00f3n del crimen organizado en el proceso electoral de 2021. Una imputaci\u00f3n que rebasa con mucho la dimensi\u00f3n penal.<\/p>\n\n\n\n Ese punto es el verdadero n\u00facleo del problema. Porque valida, desde una instancia externa, lo que en M\u00e9xico fue denunciado, documentado y, sobre todo, ignorado.<\/p>\n\n\n\n En su momento, el entonces candidato Mario Zamora, denunci\u00f3 p\u00fablicamente el secuestro de numerosos operadores electorales de la alianza opositora. Los videos en los que suplicaba su liberaci\u00f3n no generaron la reacci\u00f3n institucional que la gravedad del caso ameritaba.<\/p>\n\n\n\n El Instituto Nacional Electoral no abri\u00f3 investigaci\u00f3n de oficio<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n se limit\u00f3 a anular elecciones municipales menores en Michoac\u00e1n, sin abordar el fen\u00f3meno de fondo. Ante esa omisi\u00f3n, las dirigencias del PAN, PRI y PRD acudieron a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, sin consecuencias sustantivas hasta ahora.<\/p>\n\n\n\n Hoy, casi 5 a\u00f1os despu\u00e9s, la acusaci\u00f3n estadounidense reabre ese expediente, pero lo hace desde fuera. Y eso, en s\u00ed mismo, es un s\u00edntoma del serio debilitamiento de las instituciones.<\/p>\n\n\n\n Intimidaci\u00f3n en Tamaulipas<\/strong><\/p>\n\n\n\n El efecto no se detuvo en 2021. En 2022, procesos como el de Tamaulipas mostraron patrones similares: intimidaci\u00f3n, reducci\u00f3n de la competencia y debilitamiento de las estructuras opositoras. La consecuencia es clara: participar en elecciones en ciertas regiones del pa\u00eds se ha convertido en una actividad de alto riesgo. No es una met\u00e1fora.<\/p>\n\n\n\n Es una condici\u00f3n operativa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Y en ese contexto, los \u00f3rganos electorales \u2014INE, institutos locales y tribunales\u2014 comienzan a percibirse como estructuras formales que conservan procedimientos, pero pierden capacidad efectiva para garantizar equidad y libertad del voto.<\/p>\n\n\n\n Si a ello se suman los cuestionamientos recientes sobre la integraci\u00f3n y autonom\u00eda del INE, el escenario rumbo a 2027 es, por decir lo menos, preocupante.<\/p>\n\n\n\n Morena: hacia adentro<\/strong><\/p>\n\n\n\n Frente a este contexto, el Congreso Nacional de Morena ofreci\u00f3 una se\u00f1al reveladora: el repliegue hacia s\u00ed mismo.<\/p>\n\n\n\n La nueva presidenta del partido, Ariadna Montiel, opt\u00f3 por un discurso prudente en la forma, pero cerrado en el contenido. No hubo referencia alguna a la solicitud de extradici\u00f3n. Tampoco autocr\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n S\u00ed, en cambio, hubo una insistencia reiterada en la \u00e9tica interna:<\/p>\n\n\n\n \u201cEsta dirigencia no tolerar\u00e1 corrupci\u00f3n en ning\u00fan gobierno de Morena\u2026 si alguien detecta corrupci\u00f3n\u2026 hay que hacer a un lado a quien est\u00e9 en estas pr\u00e1cticas\u201d.<\/p>\n\n\n\n \u201cSi tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupci\u00f3n, aunque haya ganado la encuesta, no ser\u00e1 candidato\u201d.<\/p>\n\n\n\n La idea es pol\u00edticamente atractiva. Para ella, el problema es meramente operativo.<\/p>\n\n\n\n La ilusi\u00f3n de la certeza<\/strong><\/p>\n\n\n\n Morena plantea como condici\u00f3n la \u201ccerteza\u201d de actos de corrupci\u00f3n para excluir candidaturas. Pero, \u00bfqui\u00e9n la define?: \u00bfLos jueces? \u00bfLos fiscales? \u00bfLas propias dirigencias partidistas?<\/p>\n\n\n\n La experiencia mexicana \u2014y particularmente la de las mujeres en casos de violaci\u00f3n de la ley \u201ctres de tres\u201d\u2014 muestra que la exigencia de \u201ccerteza jur\u00eddica\u201d suele convertirse en un mecanismo de bloqueo. Sin sentencia firme, se dice, no hay sanci\u00f3n pol\u00edtica. Y sin sanci\u00f3n pol\u00edtica, los instrumentos para actuar en contra desaparecen.<\/p>\n\n\n\n En contextos de penetraci\u00f3n del crimen organizado, esa l\u00f3gica resulta a\u00fan m\u00e1s problem\u00e1tica. Porque la \u201ccerteza\u201d llega tarde o no llega.<\/p>\n\n\n\n 2027: la pregunta inc\u00f3moda<\/strong><\/p>\n\n\n\n En 2027 estar\u00e1n en juego 17 gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos en 30 entidades y la renovaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Diputados. La magnitud del proceso contrasta con la fragilidad de sus condiciones. La pregunta ya no es si habr\u00e1 irregularidades.<\/p>\n\n\n\n La pregunta es c\u00f3mo se contendr\u00e1n, c\u00f3mo se sancionar\u00e1n. Y, sobre todo, qui\u00e9n lo har\u00e1.<\/p>\n\n\n\n Mensaje doble y contradictorio<\/strong><\/p>\n\n\n\n A esta crisis pol\u00edtica se suma un elemento que el gobierno federal parece no haber calibrado en toda su dimensi\u00f3n: el impacto econ\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n El mismo d\u00eda en que la presidenta Claudia Sheinbaum present\u00f3 una nueva versi\u00f3n del llamado \u201cPlan M\u00e9xico\u201d para atraer inversiones. En un contexto de crecimiento d\u00e9bil y estancamiento de la inversi\u00f3n, su gobierno endureci\u00f3 el discurso frente a la solicitud de extradici\u00f3n realizada por autoridades estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n La nueva consejera jur\u00eddica, Luisa Mar\u00eda Alcalde, insisti\u00f3 en la exigencia de pruebas al gobierno de Estados Unidos en el caso del gobernador de Sinaloa. Su posici\u00f3n puede ser jur\u00eddicamente defendible. Pero es pol\u00edticamente insostenible.<\/p>\n\n\n\n Porque en paralelo, el propio gobierno mexicano transmite un mensaje de negaci\u00f3n frente a hechos que, en amplios c\u00edrculos pol\u00edticos, institucionales y medi\u00e1ticos \u2014a ambos lados de la frontera\u2014 se consideran veros\u00edmiles.<\/p>\n\n\n\n El costo invisible: la confianza<\/strong><\/p>\n\n\n\n La atracci\u00f3n de inversiones no depende \u00fanicamente de incentivos fiscales o relocalizaci\u00f3n de cadenas productivas. Depende, sobre todo, de certidumbre: certidumbre jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n Certidumbre pol\u00edtica. Certidumbre sobre qui\u00e9n ejerce realmente el poder.<\/p>\n\n\n\n Cuando el mismo gobierno que busca atraer capitales cuestiona \u2014de manera frontal\u2014 una acusaci\u00f3n de tal magnitud sin abrir, al mismo tiempo, una investigaci\u00f3n propia, s\u00f3lida y cre\u00edble, el mensaje hacia los inversionistas es inevitable: el Estado no est\u00e1 dispuesto \u2014o no est\u00e1 en condiciones\u2014 de procesar sus propios conflictos internos. Y eso pesa m\u00e1s que cualquier plan.<\/p>\n\n\n\n La exculpaci\u00f3n preventiva<\/strong><\/p>\n\n\n\n En ese contexto, las declaraciones del secretario de Seguridad, Omar Garc\u00eda Harfuch, adquieren un significado pol\u00edtico mayor.<\/p>\n\n\n\n Al afirmar que nunca existi\u00f3 obstrucci\u00f3n por parte del gobierno de Sinaloa a las operaciones federales, el mensaje es claro: no hay responsabilidad institucional que perseguir.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s que una evaluaci\u00f3n t\u00e9cnica, su declaraci\u00f3n funciona como una forma de exculpaci\u00f3n preventiva.<\/p>\n\n\n\n El problema es que esa narrativa entra en tensi\u00f3n directa con la investigaci\u00f3n estadounidense y con la percepci\u00f3n p\u00fablica generada en torno a los hechos.<\/p>\n\n\n\n En pol\u00edtica, como en econom\u00eda, la confianza no se decreta. Se construye.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Y se pierde<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Cuando un gobierno busca atraer inversiones mientras desacredita investigaciones externas y exonera anticipadamente a sus actores pol\u00edticos, la cuesti\u00f3n deja de ser diplom\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n Se vuelve problema de credibilidad.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Y sin credibilidad, no hay Estado que alcance\u2026 ni elecciones que lo sostengan.\u2014 M\u00e9rida, Yucat\u00e1n<\/p>\n\n\n\n dulcesauri@gmail.com<\/p>\n\n\n\n (*) Licenciada en Sociolog\u00eda con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucat\u00e1n<\/p>\n