Por: SemM\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n
Dulce Mar\u00eda Suari Riancho<\/p>\n\n\n\n
SemM\u00e9xico, M\u00e9rida, 9 de diciembre 2026.- Apenas inicie el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Uni\u00f3n \u2014el pr\u00f3ximo 1 de febrero\u2014 comenzar\u00e1 la colocaci\u00f3n de una bomba de profundidad, en el coraz\u00f3n del sistema pol\u00edtico mexicano, destinada a detonar un a\u00f1o despu\u00e9s, en 2027. No es una met\u00e1fora exagerada: se trata de la concurrencia de procesos electorales y del redise\u00f1o institucional. Reformas que se pretenden aprobar con suficiente anticipaci\u00f3n para que, cuando llegue el momento, ya no exista margen de correcci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La presidenta Claudia Sheinbaum ha adelantado que enviar\u00e1 una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, supuestamente derivada de los trabajos de una comisi\u00f3n encabezada por Pablo G\u00f3mez y que ya acumula meses de consultas, decenas de reuniones t\u00e9cnicas y de diagn\u00f3sticos compartidos. Sin embargo, lo relevante no es tanto el origen de la iniciativa como su oportunidad pol\u00edtica y sus efectos acumulados. Lo que se ha venido preparando es una reforma de r\u00e9gimen, dise\u00f1ada para operar plenamente en las elecciones de 2027, el a\u00f1o en que M\u00e9xico enfrentar\u00e1 la mayor concentraci\u00f3n de procesos electorales de su historia reciente.<\/p>\n\n\n\n
Saturaci\u00f3n como m\u00e9todo<\/strong><\/p>\n\n\n\n En 2027, adem\u00e1s de la elecci\u00f3n federal de diputados, estar\u00e1n en juego 17 gubernaturas, m\u00e1s de la mitad de las 32 entidades federativas del pa\u00eds. Habr\u00e1 elecciones municipales en 30 estados, con la renovaci\u00f3n simult\u00e1nea de sus congresos locales. A lo anterior se sumar\u00e1 la elecci\u00f3n de la mitad restante de jueces y magistrados federales, as\u00ed como la elecci\u00f3n de jueces y magistrados locales en un n\u00famero significativo de entidades, en cumplimiento del mandato constitucional que fij\u00f3 ese a\u00f1o como plazo m\u00e1ximo.<\/p>\n\n\n\n Nunca antes el electorado mexicano hab\u00eda sido convocado a decidir, en una misma coyuntura, sobre los poderes ejecutivos locales \u2014estatal y municipal\u2014, el poder Legislativo local, as\u00ed como sobre una parte sustantiva del poder Judicial. Adem\u00e1s se renueva la C\u00e1mara de Diputados del Congreso de la Uni\u00f3n. No es democracia participativa llevada al extremo: es saturaci\u00f3n institucional en la que la persona m\u00e1s versada simplemente se pierde.<\/p>\n\n\n\n La pregunta correcta no es si el sistema electoral puede resistir una elecci\u00f3n de esa magnitud. La cuesti\u00f3n a indagar es qu\u00e9 y qui\u00e9n gana pol\u00edticamente al forzarlo hasta el l\u00edmite de la intrascendencia porque, a fin de cuentas, no importa a qui\u00e9n se elige ni para qu\u00e9 cargo.<\/p>\n\n\n\n El caos administrado<\/strong><\/p>\n\n\n\n Desde hace a\u00f1os, el sistema electoral mexicano ha descansado en una premisa b\u00e1sica: la certeza. Certeza en las reglas, en los tiempos, en la actuaci\u00f3n de las autoridades responsables y en la delimitaci\u00f3n clara de los cargos en disputa. La concurrencia extrema rompe esa premisa. Multiplica boletas, sobrepone campa\u00f1as, diluye el debate p\u00fablico y reduce al m\u00ednimo la capacidad ciudadana de evaluar trayectorias, propuestas y responsabilidades.<\/p>\n\n\n\n En ese contexto, cualquier irregularidad puede explicarse \u2014y normalizarse\u2014 como consecuencia inevitable de la complejidad. Cualquier falla log\u00edstica puede presentarse como accidente t\u00e9cnico. Cualquier conflicto poselectoral puede relativizarse como producto de la \u201cmagnitud in\u00e9dita\u201d del proceso. El riesgo no es el fraude cl\u00e1sico; es algo m\u00e1s trascendente: la erosi\u00f3n de la confianza.<\/p>\n\n\n\n El Instituto Nacional Electoral, ya presionado presupuestalmente y sometido a una descalificaci\u00f3n pol\u00edtica constante, ser\u00eda llevado a un punto de tensi\u00f3n extrema. No por incapacidad t\u00e9cnica, sino por dise\u00f1o pol\u00edtico fr\u00edamente calculado.<\/p>\n\n\n\n Elecci\u00f3n judicial y poder local: conflicto diferido<\/strong><\/p>\n\n\n\n La elecci\u00f3n de jueces y magistrados introduce, adem\u00e1s, un factor adicional de inestabilidad. En los estados que renovar\u00e1n gubernaturas, los nuevos ejecutivos llegar\u00e1n con el incentivo inmediato de influir sobre los poderes judiciales locales, justo cuando \u00e9stos atraviesen un proceso de renovaci\u00f3n. El conflicto entre poderes no solo es previsible: es de naturaleza estructural.<\/p>\n\n\n\n No es casual que el plazo constitucional l\u00edmite para la elecci\u00f3n judicial haya sido fijado en 2027. Al concentrar en ese a\u00f1o la disputa por el control pol\u00edtico y judicial, se reduce la capacidad de los actores locales para procesar transiciones ordenadas. El resultado no es una justicia m\u00e1s democr\u00e1tica, sino una justicia atrapada en la l\u00f3gica electoral.<\/p>\n\n\n\n Una reforma sin consensos<\/strong><\/p>\n\n\n\n Toda reforma electoral aut\u00e9ntica parte de una l\u00f3gica elemental: las reglas del juego deben construirse con amplio consenso, porque regulan la competencia entre adversarios. Cuando una reforma se impulsa desde la mayor\u00eda, como es en este caso, para operar en el momento de mayor concentraci\u00f3n de poder de esa misma mayor\u00eda, deja de ser un acuerdo institucional y se convierte en una apuesta de dominaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Eso es lo que vuelve especialmente delicado el momento elegido. Aprobar en 2026 una reforma para ejecutarla en 2027 no busca mejorar el sistema, sino cerrar el margen de reacci\u00f3n de la oposici\u00f3n, de las autoridades electorales y de la propia sociedad.<\/p>\n\n\n\n El contexto que no puede ignorarse<\/strong><\/p>\n\n\n\n A este cuadro de saturaci\u00f3n institucional conviene a\u00f1adir un elemento que no puede seguir trat\u00e1ndose como nota al pie de p\u00e1gina: el contexto internacional. En noviembre de 2026, Estados Unidos celebrar\u00e1 elecciones de mitad de mandato, y el presidente Donald Trump ha dejado claro que M\u00e9xico ocupa un lugar central en su agenda pol\u00edtica, tanto en materia comercial \u2014con el T-MEC permanentemente bajo presi\u00f3n\u2014 como en seguridad. La narrativa sobre los c\u00e1rteles y la intervenci\u00f3n externa ha dejado de ser marginal. Pretender que una reforma electoral mal dise\u00f1ada, aprobada en 2026 y ejecutada en el a\u00f1o de mayor concurrencia pol\u00edtica de nuestra historia, no tendr\u00eda efectos m\u00e1s all\u00e1 de nuestras fronteras, constituye una ceguera estrat\u00e9gica.<\/p>\n\n\n\n Los escenarios de inestabilidad no se desarrollan en el vac\u00edo. La experiencia de Venezuela recuerda que los procesos de erosi\u00f3n institucional suelen comenzar con reformas \u201clegales\u201d que desordenan el sistema pol\u00edtico, debilitan la legitimidad interna y abren flancos que otros no dudan en aprovechar. Pensar que \u201caqu\u00ed no pasa nada\u201d no es una defensa de la soberan\u00eda; es renunciar a ejercerla con inteligencia. Si la reforma electoral que se pretende aprobar en 2026 genera incertidumbre, conflicto o deslegitimaci\u00f3n en 2027, el problema no ser\u00e1 solo del r\u00e9gimen pol\u00edtico en turno. Ser\u00e1 un problema del Estado mexicano, en un momento internacional particularmente adverso. Y a ese riesgo \u2014mucho mayor, mucho m\u00e1s delicado\u2014 se suma todav\u00eda otro instrumento constitucional cuya sola activaci\u00f3n podr\u00eda convertir la inestabilidad en ruptura. De eso hablare con mayor detalle en pr\u00f3xima ocasi\u00f3n, porque ya no se trata de una bomba de profundidad, sino de un artefacto dirigido hacia objetivos calculados para destruir instituciones y provocar inestabilidad.<\/p>\n\n\n\n dulcesauri@gmail.com<\/p>\n\n\n\n *Licenciada en Sociolog\u00eda con doctorado en Historia. Ex gobernadora de Yucat\u00e1n<\/p>\n