Por: SemM\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n
Guadalupe Ramos Ponce<\/p>\n\n\n\n
SemM\u00e9xico, Guadalajara, Jalisco, 15 de octubre, 2025.-Esta semana me encuentro en Honduras, en procesos de capacitaci\u00f3n a juezas y jueces para juzgar con perspectiva de g\u00e9nero. En Honduras, como en buena parte de Am\u00e9rica Latina, la justicia se debate entre la ley y la realidad, entre los c\u00f3digos escritos y las historias no escuchadas. Cada sentencia, cada omisi\u00f3n y cada silencio judicial dibujan el mapa de lo que una sociedad considera justo o tolerable. Y ese mapa, todav\u00eda, est\u00e1 lleno de ausencias de justicia.<\/p>\n\n\n\n
La historia del derecho en Am\u00e9rica Latina ha sido una historia escrita, aplicada y legitimada desde una visi\u00f3n androc\u00e9ntrica. Los c\u00f3digos, las normas, los procedimientos y las sentencias se construyeron bajo la idea de una \u201cneutralidad\u201d que, en realidad, fue masculina. Las mujeres, durante siglos, fueron consideradas sujetos subordinados o dependientes, carentes de plena capacidad jur\u00eddica o pol\u00edtica. Aunque el siglo XX trajo avances normativos \u2014desde el reconocimiento del voto hasta los tratados internacionales de derechos humanos\u2014, el sistema judicial a\u00fan arrastra los sesgos culturales y estructurales que impiden el ejercicio real de la igualdad.<\/p>\n\n\n\n
Desde una dimensi\u00f3n institucional, la perspectiva de g\u00e9nero fortalece la legitimidad del Poder Judicial. Una instituci\u00f3n que reconoce la desigualdad y act\u00faa para corregirla genera confianza p\u00fablica, credibilidad y cercan\u00eda con la ciudadan\u00eda. Cuando el sistema judicial ignora los contextos de violencia, discrimina o revictimiza, pierde autoridad moral. Por el contrario, cuando act\u00faa con sensibilidad de g\u00e9nero, se convierte en un agente de transformaci\u00f3n democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, incorporar la perspectiva de g\u00e9nero en la justicia tiene un impacto directo en la calidad de las decisiones judiciales. La mirada de g\u00e9nero permite contextualizar la prueba, valorar la credibilidad del testimonio de las v\u00edctimas y comprender las causas estructurales de los conflictos. No se trata solo de qu\u00e9 se resuelve, sino de c\u00f3mo se resuelve.<\/p>\n\n\n\n
Las decisiones judiciales que adoptan este enfoque tienen un doble efecto: reparan el da\u00f1o individual y env\u00edan un mensaje social. Son decisiones que construyen memoria, que previenen la repetici\u00f3n de violencias y que contribuyen a la construcci\u00f3n de una cultura de igualdad.<\/p>\n\n\n\n
Quiero reconocer ampliamente la voluntad de la Corte Suprema de Justicia, al incorporar la perspectiva de g\u00e9nero en su quehacer, al brindar procesos de formaci\u00f3n a sus jueces y juezas para juzgar con perspectiva de g\u00e9nero, este a\u00f1o le damos continuidad a un proceso iniciado el a\u00f1o anterior, lo que muestra la buena voluntad para convertir al Poder Judicial en un agente de transformaci\u00f3n democr\u00e1tica, en un modelo de justicia comprometida con los derechos humanos y con la vida de las mujeres.<\/p>\n\n\n\n
Ya est\u00e1n dando camino para ello, la creaci\u00f3n de un Observatorio de Justicia y G\u00e9nero, la adopci\u00f3n de pol\u00edticas institucionales de igualdad y el paso siguiente es la emisi\u00f3n de resoluciones con perspectiva de g\u00e9nero. En este sentido, la Sala Constitucional del Poder Judicial se encuentra ante una de las decisiones m\u00e1s significativas de los \u00faltimos a\u00f1os: resolver el caso de Lisby Allen, una mujer cuya situaci\u00f3n se ha convertido en s\u00edmbolo de la deuda del Estado con las mujeres privadas de libertad por razones vinculadas a la desigualdad estructural y la violencia institucional.<\/p>\n\n\n\n
El an\u00e1lisis de este caso trasciende lo individual. Lisby representa a cientos de mujeres criminalizadas por sobrevivir, por defenderse o por vivir en contextos donde la pobreza, la exclusi\u00f3n y la falta de acceso a la justicia las colocan en una situaci\u00f3n de vulnerabilidad extrema.<\/p>\n\n\n\n
Su historia interpela a todo el sistema judicial y obliga a repensar el papel de la justicia constitucional como \u00faltimo garante de los derechos fundamentales y el deber de la Sala Constitucional ante los derechos humanos de las mujeres.<\/p>\n\n\n\n
La Sala Constitucional, como \u00f3rgano de control de constitucionalidad y convencionalidad, tiene el deber jur\u00eddico y \u00e9tico de aplicar los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado hondure\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
En el caso de Lisby Allen, aplicar la perspectiva de g\u00e9nero implica reconocer los contextos de violencia, pobreza y desigualdad que marcaron su historia.<\/p>\n\n\n\n
Significa comprender que su situaci\u00f3n no puede analizarse \u00fanicamente desde la legalidad formal, sino desde la realidad estructural que produce la desigualdad.<\/p>\n\n\n\n
Una resoluci\u00f3n con perspectiva de g\u00e9nero de la Sala Constitucional ser\u00eda un acto de justicia reparadora, una se\u00f1al de que el Estado hondure\u00f1o est\u00e1 dispuesto a revisar cr\u00edticamente sus propias pr\u00e1cticas institucionales.<\/p>\n\n\n\n
Ser\u00eda tambi\u00e9n un mensaje contundente a toda la sociedad: que las mujeres privadas de libertad por causas vinculadas a la discriminaci\u00f3n estructural no son culpables de su propia exclusi\u00f3n, sino v\u00edctimas de un sistema que durante d\u00e9cadas le neg\u00f3 el derecho a la justicia.<\/p>\n\n\n\n
*Coordinadora Regional de CLADEM; Profesora Investigadora de la UdeG. @dralupitaramosp, lupitaramosponce@gmail.com<\/a><\/p>\n