M\u00e9rida, 3 de octubre de 2025.- Durante el Foro Legislativo \u201cDesarrollo Urbano y Gentrificaci\u00f3n: Derecho a la Ciudad con Bienestar\u201d, celebrado en el Congreso local, el arquitecto Antonio Peniche, pidi\u00f3 al Congreso del Estado poner en funcionamiento la Procuradur\u00eda de Justicia Ambiental y Urbana, aprobada en 2023 pero a\u00fan sin presupuesto ni personal para operar, y advirti\u00f3 que la la gentrificaci\u00f3n avanza aceleradamente en Yucat\u00e1n, especialmente en la zona metropolitana y en la costa.<\/p>\n\n\n\n
El profesionista se\u00f1al\u00f3 que las familias originarias enfrentan presiones derivadas del turismo y de la especulaci\u00f3n inmobiliaria que elevan de manera desproporcionada los precios del suelo y la vivienda.<\/p>\n\n\n\n
En su intervenci\u00f3n, sostuvo que la Procuradur\u00eda puede convertirse en un escudo legal para proteger a las comunidades, pero lament\u00f3 que actualmente sea \u201cletra muerta\u201d al no contar con recursos.<\/p>\n\n\n\n
El arquitecto present\u00f3 una propuesta de seis puntos para enfrentar la problem\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n
En primer lugar, demand\u00f3 que la Procuradur\u00eda se implemente de inmediato y se le dote de presupuesto, autonom\u00eda y personal t\u00e9cnico especializado, incluyendo abogados, arquitectos, supervisores e inspectores.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, plante\u00f3 reformar la Ley Estatal de Desarrollo Urbano para obligar a que los desarrollos inmobiliarios incluyan vivienda accesible, con una mezcla de opciones para bajos ingresos, ingresos medios y precios de mercado dentro de un mismo proyecto.<\/p>\n\n\n\n
Un tercer planteamiento fue la creaci\u00f3n de un Fondo Estatal de Vivienda, financiado con recursos provenientes de la captura de plusval\u00edas urbanas, es decir, el incremento del valor de los predios por obra p\u00fablica o procesos de urbanizaci\u00f3n, que se destinar\u00eda a vivienda social, complementadas con recursos institucionales como el Infonavit.<\/p>\n\n\n\n
Como cuarto y quinto punto, sugiri\u00f3 establecer incentivos municipales \u2014facilidades y descuentos en tr\u00e1mites\u2014 para proyectos de vivienda social, as\u00ed como fortalecer la participaci\u00f3n ciudadana mediante consejos y observatorios urbanos con capacidad de emitir dict\u00e1menes vinculantes.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, propuso una pol\u00edtica de equilibrio territorial que incentive los desarrollos mixtos, donde convivan vivienda, comercios y servicios, de modo que quienes laboran en hoteles, restaurantes y comercios puedan vivir cerca de sus centros de trabajo.<\/p>\n\n\n\n
El urbanista recalc\u00f3 que existen marcos legales claros que hoy est\u00e1n desaprovechados. En la Ley General de Asentamientos Humanos, el Art. 4 reconoce el derecho a la ciudad y a una oferta diversa de vivienda; el Art. 6 faculta a los planes de desarrollo para imponer obligaciones sociales; y el Art. 59 otorga a los municipios la capacidad de regular usos, densidades y distribuir cargas y beneficios.<\/p>\n\n\n\n
En la Ley Estatal de Yucat\u00e1n, los art\u00edculos 103 y 107\u2013109 fomentan la vivienda social e imponen cargas urban\u00edsticas; los Arts. 126\u2013130 permiten crear pol\u00edgonos de actuaci\u00f3n concertada; los Arts. 131\u2013132 regulan la transferencia de derechos de edificabilidad; y los Arts. 139\u2013143 establecen un Fondo Estatal y la obligaci\u00f3n de destinar porcentajes de vivienda asequible en la zonificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Peniche Gallareta respald\u00f3 estas propuestas con ejemplos de \u00e9xito en Boston, donde proyectos como Tent City lograron equilibrar inversi\u00f3n inmobiliaria con inclusi\u00f3n social. Subray\u00f3 que la gentrificaci\u00f3n no debe ser vista como expulsi\u00f3n, sino como una oportunidad de rehabilitaci\u00f3n urbana con permanencia de las comunidades.<\/p>\n