Art\u00edculo 62 \u2022 La Instituci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, en su car\u00e1cter de representante de la sociedad, vigilar\u00e1 por el cumplimiento de las leyes y se regir\u00e1 por los principios de buena fe, justicia, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, y unidad<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n C\u00f3digo Nacional de Procedimientos Penales<\/p>\n\n\n\n I. Denunciar de manera confidencial ante las autoridades competentes cualquier tipo de violencia. II. Ser protegidas de manera inmediata y efectiva por las autoridades competentes.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n III. Gozar de un trato digno, privacidad y respeto durante cualquier actuaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n o del proceso. IV. Recibir asistencia jur\u00eddica, m\u00e9dica, psicol\u00f3gica y social, especializada, integral y gratuita, que contribuya a su pleno desarrollo.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n V. Acceder a informaci\u00f3n y asesor\u00eda gratuita a trav\u00e9s de int\u00e9rpretes o defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua materna y de su cultura. VI. Recibir, por parte de los servidores p\u00fablicos y de la sociedad en general a quienes corresponda su atenci\u00f3n, un trato digno, diligente e imparcial.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n VII. Ser informadas y, en su caso, consentir los procedimientos m\u00e9dicos, intervenciones, diagn\u00f3sticos o tratamientos terap\u00e9uticos, as\u00ed como conocer sus riesgos, beneficios y posibles alternativas, previo a su realizaci\u00f3n. VIII. Ser canalizadas y recibir atenci\u00f3n en los refugios temporales.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n IX. No ser obligada a participar en mecanismo<\/em><\/strong>s de conciliaci\u00f3n o de justicia alternativa con su agresor. X. Obtener la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os sufridos.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n XI. A solicitar y recibir \u00f3rdenes de protecci\u00f3n, ya sean de emergencia, cautelares o definitivas, as\u00ed como las medidas de protecci\u00f3n establecidas en el C\u00f3digo Nacional de Procedimientos Penales. XII. A ser informado de los derechos que le reconoce esta ley y dem\u00e1s normativa aplicable, as\u00ed como las instituciones que los garantizan.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n XIII. En caso de tener alguna discapacidad, a recibir los servicios necesarios por parte de personal especializado para salvaguardar sus derechos. XIV. Ser debidamente asesorado e informado por parte del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica y Protecci\u00f3n de Datos Personales, sobre el alcance y procedimiento para poder ejercitar el derecho de cancelaci\u00f3n establecido en la Ley Federal de Protecci\u00f3n de Datos Personales en Posesi\u00f3n de Particulares.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n XV. Los dem\u00e1s derechos previstos en esta ley, en la ley general, en las leyes general y estatal de v\u00edctimas, y en otras disposiciones legales y normativas aplicables.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n Por ello, las activistas exigen a las autoridades encargadas de ejercer la justicia, evitar dar carpetazo a este delicado asunto, aplicar la perspectiva de g\u00e9nero en sus investigaciones y no caer en la revictimizaci\u00f3n de las j\u00f3venes universitarias y dar puntual cumplimiento a las leyes emitidas al respecto.<\/p>\n\n\n\n Acompa\u00f1aron a la maestra N\u00fa\u00f1ez Zapata en la entrega del documento, las CC. Rita Farjat V\u00e1zquez, Dra. SandraPeniche Quintal y Silvina Noem\u00ed Contreras Capetillo.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/visionpeninsular.com\/mid\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/maru-3.jpg\")
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