Mirada antropol\u00f3gica<\/p>\n\n\n\n
Rodrigo Llanes Salazar y Gabriela Torres-Mazuera (*)<\/p>\n\n\n\n
El pasado viernes 28 de agosto, la Uni\u00f3n de pobladoras y pobladores de Chablekal por el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales cumpli\u00f3 su sexto aniversario. Desde que se conform\u00f3 en 2014, esta organizaci\u00f3n ha denunciado la compraventa ilegal de las tierras ejidales. Hasta ese a\u00f1o, m\u00e1s de 3,300 hect\u00e1reas del ejido de Chablekal hab\u00edan sido parceladas y vendidas. Ubicado en una zona marcada por la especulaci\u00f3n y el desarrollo inmobiliario de lujo, el ejido de Chablekal tiene en su padr\u00f3n alrededor de cincuenta empresarios y exfuncionarios que viven en M\u00e9rida y que se han enriquecido gracias a la privatizaci\u00f3n de estas tierras.<\/p>\n\n\n\n
En su defensa por el territorio, la Uni\u00f3n de pobladoras y pobladores de Chablekal ha conseguido que el Tribunal Unitario Agrario otorgue una medida precautoria para que 284 hect\u00e1reas de montes del pol\u00edgono Misn\u00e9 Balam no sean vendidas, que se \u201cmantengan en el estado que actualmente guardan\u201d.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, violando la medida precautoria del Tribunal, el anterior comisario ejidal de Chablekal entreg\u00f3 100 hect\u00e1reas del pol\u00edgono Misn\u00e9 Balam en usufructo a dos empresarios de M\u00e9rida. Integrantes de la Uni\u00f3n denuncian que las autoridades est\u00e1n coludidas con los empresarios en el negocio de las tierras. Una muestra de ello es que el acta de usufructo fue inscrita en el Registro Agrario Nacional a pesar de que esta instituci\u00f3n tiene conocimiento de la medida precautoria.<\/p>\n\n\n\n
Ante esta situaci\u00f3n, la Uni\u00f3n de pobladores y pobladores de Chablekal interpuso recursos legales ante el Tribunal Unitario Agrario y la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica en noviembre de 2019. A diferencia de los empresarios que lucran con tierras ejidales y que reciben respuestas r\u00e1pidas de las instituciones agrarias, hasta el momento, la Uni\u00f3n no ha obtenido respuesta alguna.<\/p>\n\n\n\n
El mismo viernes 28 de agosto, en la conferencia de prensa ma\u00f1anera del gobierno federal celebrada en Reynosa, en la que el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador reivindicaba la \u201cdemocracia participativa\u201d y la participaci\u00f3n del \u201cpueblo\u201d en la toma de decisiones, se dedicaron unos minutos a presentar \u201cdatos\u201d sobre \u201cfundaciones extranjeras que han apoyado con recursos a los opositores a Organizaciones Sociales Civiles que se oponen al Tren Maya [sic]\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En una exposici\u00f3n llena de atropellos y falsedades, se se\u00f1alan a fundaciones internacionales como Ford y Kellogg que han financiado a organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Equipo Indignaci\u00f3n y a medios de comunicaci\u00f3n como Animal Pol\u00edtico. De las fundaciones se mencionan datos como que una de ellas est\u00e1 \u201cvinculada\u201d con la empresa que vende Corn Flakes y Fruti Lupis; no se dice nada del relevante papel que han tenido en la promoci\u00f3n de derechos humanos en Am\u00e9rica Latina y otras regiones.<\/p>\n\n\n\n
El mensaje de la Presidencia es claro. De manera expl\u00edcita: son fundaciones extranjeras las que pagan a organizaciones mexicanas para oponerse al Tren May; de modo impl\u00edcito: no son las comunidades ind\u00edgenas mexicanas las que se oponen al Tren Maya. Las organizaciones de la sociedad civil acusadas en la conferencia de prensa ya han ejercido su derecho de r\u00e9plica: es completamente legal recibir financiamiento de fundaciones internacionales, as\u00ed como tambi\u00e9n es plenamente l\u00edcito interponer amparos contra actos que se consideran que violan derechos. El mensaje de la Presidencia criminaliza y deslegitima a las organizaciones defensoras de derechos humanos, as\u00ed como el gobierno de Gustavo D\u00edaz Ordaz justificaba la represi\u00f3n de los estudiantes del 68 al declarar que \u00e9stos eran financiados y manipulados por oscuros intereses extranjeros.<\/p>\n\n\n\n
No es la primera vez que AMLO expresa su disgusto con la sociedad civil, aunque estas declaraciones resultan muy graves en un contexto en el que, como nos recuerda CEMDA, al menos 14 periodistas y 26 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas desde que se inici\u00f3 el actual gobierno.<\/p>\n\n\n\n
Hay que recordar que las organizaciones de la sociedad civil son diversas en sus objetivos y en sus v\u00ednculos con otras organizaciones e instituciones, incluyendo al Estado. Tambi\u00e9n var\u00edan en su estatus legal, su nivel de operaci\u00f3n \u2014local, nacional o internacional\u2014, tama\u00f1o y fuentes de financiamiento. La pluralidad de estas organizaciones es una fortaleza de la sociedad civil.<\/p>\n\n\n\n
En M\u00e9xico, la sociedad civil ha jugado un papel fundamental para impulsar cambios sociales progresistas, desde la exigencia y puesta en marcha de procesos de democratizaci\u00f3n pol\u00edtica, participaci\u00f3n ciudadana y rendici\u00f3n de cuentas, hasta la justiciabilidad de los derechos de grupos minoritarios, discriminados y marginalizados del acceso a la justicia, tales como los pueblos ind\u00edgenas y comunidades LGBT, las v\u00edctimas de la violencia y sus familiares. Desde la d\u00e9cada de 1970, colectivos y activistas ind\u00edgenas se han movilizado por el reconocimiento de un conjunto de derechos, como la libre determinaci\u00f3n, la autonom\u00eda y al territorio. En los \u00faltimos diez a\u00f1os, estas demandas pol\u00edticas han entrado al plano judicial, es decir, se han convertido en demandas legales que se disputan en los tribunales y juzgados de todo el pa\u00eds, como el caso de la medida precautoria concedida a la Uni\u00f3n de pobladoras y pobladores de Chablekal.<\/p>\n\n\n\n
En estas luchas, los colectivos y activistas ind\u00edgenas no han estado solos, sino que han estado acompa\u00f1ados de organizaciones de la sociedad civil locales, nacionales e internacionales, as\u00ed como de fundaciones internacionales. Gracias a estas redes y \u201cestructuras de soporte\u201d \u2014como les llama Charles Epp\u2014, sectores de la sociedad hist\u00f3ricamente marginados y excluidos del acceso a la justicia han podido empoderarse para luchar sus derechos, han construido estrategias jur\u00eddicas s\u00f3lidas que se sustentan en marcos legales de orden nacional e internacional y han logrado presentar sus demandas ante la Suprema Corte de Justicia Nacional y \u00f3rganos internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Todo este trabajo requiere financiamiento.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, el Equipo Indignaci\u00f3n ha acompa\u00f1ado a la Uni\u00f3n de pobladoras y pobladores de Chablekal en su lucha legal por la defensa del territorio, as\u00ed como a las comunidades mayas que sufren los efectos de la siembra de la soya transg\u00e9nica y las fumigaciones de agroqu\u00edmicos, al pueblo de Hom\u00fan que defiende los cenotes frente a una megagranja porc\u00edcola, por citar algunos de los casos m\u00e1s conocidos.<\/p>\n\n\n\n
Del mismo modo, la Fundaci\u00f3n para el Debido Proceso, otra organizaci\u00f3n aludida por la Presidencia de la Rep\u00fablica, ha brindado asistencia t\u00e9cnica a organizaciones de derechos humanos de la regi\u00f3n y ha realizado investigaciones serias sobre problem\u00e1ticas como el derecho a la consulta previa y la jurisdicci\u00f3n agraria en M\u00e9xico. En este \u00faltimo tema, incluso ha conducido un programa de formaci\u00f3n en derechos humanos para funcionarios de la Procuradur\u00eda Agraria, en alianza institucional con esta instituci\u00f3n federal.<\/p>\n\n\n\n
El Tren Maya es una m\u00e1s de las preocupaciones en materia de derechos humanos en la regi\u00f3n. Por la envergadura del proyecto y los impactos que se estima que provocar\u00e1, resulta esperable que las organizaciones de derechos humanos se ocupen del tema. Sobre todo porque el Estado mexicano no ha cumplido con sus obligaciones internacionales con respecto al Tren Maya. La consulta a comunidades ind\u00edgenas que realiz\u00f3 en noviembre y diciembre de 2019 no cumpli\u00f3 con los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos, tal como lo expres\u00f3 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.<\/p>\n\n\n\n
El gobierno federal se ha defendido de las cr\u00edticas se\u00f1alando que la mayor\u00eda de las personas que participaron en la consulta aprobaron el proyecto. No obstante, no sabemos si la respuesta ser\u00eda la misma si la consulta se hubiese realizado en apego a los est\u00e1ndares internacionales: \u00bfcu\u00e1l ser\u00eda el resultado si hubiesen participado m\u00e1s sectores de las comunidades y no solo las autoridades municipales y ejidales?, \u00bfsi en vez de que solo se organizaran asambleas en fechas y lugares definidos por el Estado se hubiesen retomado diversas formas de tomas de decisiones de las comunidades?, \u00bfsi en lugar de recibir informaci\u00f3n general sobre el tren se hubiese informado sobre toda la magnitud del proyecto, incluyendo los polos de desarrollo y una evaluaci\u00f3n preliminar de sus impactos sociales y ambientales? Todas estas son cuestiones que deber\u00edan preocupar a un presidente que reivindica la democracia participativa.<\/p>\n\n\n\n
Por razones como las anteriores, diversas organizaciones y activistas se han opuesto al Tren Maya y tienen todo el derecho de hacerlo. Como ha observado el abogado Luis P\u00e9rez de Acha para el caso Lozoya, \u201cla justicia se imparte en un doble foro: las ma\u00f1aneras, las conferencias matutinas del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, y los procedimientos legales ante dos jueces federales\u201d. En el caso Lozoya, la batalla legal a\u00fan es endeble, pero la medi\u00e1tica ha sido claramente exitosa. De modo similar, en el caso Tren Maya, tanto la consulta ind\u00edgena como la Manifestaci\u00f3n de Impacto Ambiental de la primera fase del proyecto tienen numerosas deficiencias que han sido documentadas y denunciadas.<\/p>\n\n\n\n
El gobierno de AMLO, en lugar de dar respuesta a esos se\u00f1alamientos, prefiere librar una guerra medi\u00e1tica que estigmatiza y criminaliza a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n
Investigador del Cephcis-UNAM e investigadora del Ciesas Peninsular<\/p>\n