Fuente: Diario de Yucat\u00e1n<\/p>\n\n\n\n
Mirada antropol\u00f3gica<\/p>\n\n\n\n
Rodrigo Llanes Salazar, Jazm\u00edn S\u00e1nchez, Ivet Reyes y Rodrigo Pati\u00f1o (*)<\/p>\n\n\n\n
La publicaci\u00f3n del \u201cAcuerdo por el que se emite la Pol\u00edtica de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema El\u00e9ctrico Nacional\u201d en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n (DOF) el pasado 15 de mayo da un nuevo viraje importante a la pol\u00edtica energ\u00e9tica nacional.<\/p>\n\n\n\n
Este evento ha provocado una ola de indignaci\u00f3n entre diversos actores, en la que han destacado las voces de aquellos que han sido predominantes en el dise\u00f1o y operaci\u00f3n del sector (pol\u00edticos, grandes empresas generadoras y consumidoras de electricidad, consultores, grandes organizaciones no gubernamentales e incluso representaciones de entidades internacionales). Los cuestionamientos de estos actores van desde el procedimiento mismo de publicaci\u00f3n en el DOF, las violaciones de \u00f3rganos reguladores y de la libre competencia, el freno a las inversiones privadas en proyectos de fuentes renovables de energ\u00eda, hasta preocupaciones con gran alcance medi\u00e1tico porque M\u00e9xico podr\u00eda no cumplir con la reducci\u00f3n de emisiones de CO2 asumidas en el Acuerdo de Par\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Recordemos que desde el inicio del actual sexenio, en 2018, el gobierno federal ha venido apostando a la inversi\u00f3n en la extracci\u00f3n y refinaci\u00f3n de petr\u00f3leo, incluyendo el rescate de Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) y de la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE). Para algunos cr\u00edticos, la obstinaci\u00f3n de L\u00f3pez Obrador con la defensa del petr\u00f3leo es una obsoleta fijaci\u00f3n nacionalista y desarrollista que ya no tiene cabida en el mundo actual. En efecto, es en verdad desconcertante que, en medio de una crisis clim\u00e1tica, el Estado mexicano est\u00e9 concentrando sus esfuerzos en la generaci\u00f3n el\u00e9ctrica con combustibles f\u00f3siles.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el debate en torno al reciente Acuerdo del gobierno federal muestra m\u00e1s la lucha pol\u00edtico-econ\u00f3mica por el control del mercado energ\u00e9tico nacional y ha dejado fuera la discusi\u00f3n de fondo sobre las implicaciones y las profundas desigualdades originadas de una econom\u00eda global basada en combustibles f\u00f3siles, as\u00ed como la necesidad de construir un modelo de transici\u00f3n energ\u00e9tica que vaya m\u00e1s all\u00e1 de un \u201ceconom\u00eda verde\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Como casi cualquier decisi\u00f3n del actual gobierno federal, la publicaci\u00f3n del Acuerdo ha provocado respuestas polarizadas, en las que se ha discutido poco la posibilidad de avanzar en la construcci\u00f3n ciudadana de modelos m\u00e1s justos de transici\u00f3n energ\u00e9tica, para los cuales resulta necesario construir instrumentos de pol\u00edtica p\u00fablica que, retomando las tecnolog\u00edas para aprovechar las fuentes renovables de energ\u00eda, permitan democratizar su acceso y enfrentar la injusticia ambiental que, hoy m\u00e1s que nunca, es evidente.<\/p>\n\n\n\n
Una de las debilidades del modelo de transici\u00f3n energ\u00e9tica del Estado mexicano, derivado de administraciones pasadas, principalmente a partir de la Reforma Energ\u00e9tica de 2013, ha sido su dise\u00f1o vertical y centralizado, definido en las altas esferas econ\u00f3micas y pol\u00edticas y no desde la participaci\u00f3n efectiva de la ciudadan\u00eda y las comunidades afectadas. As\u00ed definido, este modelo se ha concentrado en expandir la generaci\u00f3n el\u00e9ctrica privilegiando el desarrollo de megaproyectos cuyos criterios econ\u00f3micos y t\u00e9cnicos promueven la especulaci\u00f3n financiera, descartando o minimizando sus implicaciones sociales, culturales y ambientales en las regiones donde se implementan. El desarrollo de este modelo, tal y como ha sucedido en Yucat\u00e1n, ha implicado graves problemas de derechos humanos, entre ellos, la falta de acceso a la informaci\u00f3n, la divisi\u00f3n o aumento de conflictos en comunidades donde se desarrollan los proyectos de energ\u00eda, el despojo de tierras, hostigamiento y criminalizaci\u00f3n de defensores de derechos humanos y, parad\u00f3jicamente, afectaciones al medio ambiente. Este modelo de transici\u00f3n energ\u00e9tica tambi\u00e9n ha carecido de una planeaci\u00f3n integral estrat\u00e9gica y hol\u00edstica, y, en cambio, se ha centrado en la ampliaci\u00f3n de la generaci\u00f3n el\u00e9ctrica, sin incluir otros sectores importantes como el transporte y la industria que utilizan grandes cantidades de energ\u00eda t\u00e9rmica, omitiendo adem\u00e1s la relaci\u00f3n de la energ\u00eda con el quehacer ciudadano, el bienestar social, la alimentaci\u00f3n, la salud, el medio ambiente o los derechos de las comunidades rurales e ind\u00edgenas.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, el desarrollo de los proyectos e\u00f3licos y fotovoltaicos se ha dejado en manos de compa\u00f1\u00edas privadas bajo una regulaci\u00f3n poco estricta que incluye faltas y omisiones importantes al cuerpo de instrumentos de evaluaci\u00f3n que ha crecido sin una coherencia institucional. Las violaciones a los marcos normativos institucionales y a las pr\u00e1cticas de regulaci\u00f3n que se han cuestionado a partir de la publicaci\u00f3n del Acuerdo en el DOF han tenido lugar desde el inicio del modelo de transici\u00f3n energ\u00e9tica impulsado por el Estado mexicano en los \u00faltimos a\u00f1os. Por ejemplo, la falta de institucionalidad y de regulaci\u00f3n se observa tanto por parte de la Secretar\u00eda de Energ\u00eda (encargada de revisar las Evaluaciones de Impacto Social e implementar las Consultas ind\u00edgenas), como de la Secretar\u00eda de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, la responsable de las Evaluaciones de Impacto Ambiental).<\/p>\n\n\n\n
A pesar de que la Ley de Transici\u00f3n Energ\u00e9tica (2015) indica que la Semarnat debe realizar una Evaluaci\u00f3n Ambiental Estrat\u00e9gica en territorios con alto potencial energ\u00e9tico, como Yucat\u00e1n, hasta la fecha esta obligaci\u00f3n se ha incumplido. A lo anterior se suman otras oficinas federales (Secretar\u00eda de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Procuradur\u00eda Agraria, Instituto Nacional de Pueblo Ind\u00edgenas, etc.), estatales y municipales que han tenido participaciones endebles.<\/p>\n\n\n\n
El cumplimiento de compromisos internacionales que M\u00e9xico tiene en la lucha global contra el cambio clim\u00e1tico, como el Acuerdo de Par\u00eds y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que propone la ONU, debe ser congruente con el respeto a los derechos humanos. Recordemos que el Estado mexicano es parte de diversos tratados internacionales y que ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de estas obligaciones internacionales, los gobiernos nacional y locales deben proteger y garantizar el derecho de los pueblos ind\u00edgenas a definir libremente el tipo de presente y futuro que desean para ellos y sus territorios. Sin embargo, este derecho, que defiende otras formas de concebir la vida y que busca reparar la desigualdad que estas poblaciones han enfrentado hist\u00f3ricamente, ha sido ignorado y reducido a procesos burdos de consultas para el desarrollo de parques e\u00f3licos y fotovoltaicos de gran escala en estados como Oaxaca y Yucat\u00e1n, tal como han observado diversas entidades de la ONU.<\/p>\n\n\n\n
La omisi\u00f3n anterior merma las opciones de futuro del planeta, imponiendo un modelo predominante que profundiza las desigualdades y que adem\u00e1s va en contracorriente a la contribuci\u00f3n que los pueblos originarios hacen a la producci\u00f3n y resguardo de la riqueza biocultural del Planeta. Esta omisi\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1 aunada al incumplimiento de acuerdos internacionales como la Convenci\u00f3n Ramsar (1975) y el Convenio sobre la Diversidad Biol\u00f3gica (1992), atentando tambi\u00e9n contra la protecci\u00f3n de ecosistemas importantes en la pen\u00ednsula de Yucat\u00e1n e incrementando la situaci\u00f3n de vulnerabilidad de la poblaci\u00f3n local que es predominantemente maya.<\/p>\n\n\n\n
Por otro lado, si leemos con atenci\u00f3n, el criticado Acuerdo externa una situaci\u00f3n real referente a la limitada capacidad actual de la red el\u00e9ctrica nacional para gestionar las intermitencias propias de la generaci\u00f3n el\u00e9ctrica con fuentes de energ\u00eda alternativas a los combustibles f\u00f3siles. El Acuerdo no arremete de tajo contra una transici\u00f3n energ\u00e9tica, pues el \u00faltimo punto del documento, el 10, habla sobre la Incorporaci\u00f3n de Energ\u00edas Limpias Intermitentes. Se menciona en este punto la posibilidad de mantener los contratos de interconexi\u00f3n de las centrales el\u00e9ctricas (e\u00f3licas y fotovoltaicas) ya convenidos antes del Acuerdo. Se encuentra tambi\u00e9n la incorporaci\u00f3n de la generaci\u00f3n distribuida con energ\u00eda e\u00f3lica y fotovoltaica al Sistema El\u00e9ctrico Nacional. Este punto no puede leerse, sin embargo, como un cheque en blanco.<\/p>\n\n\n\n
Es necesario exigir y vigilar que esta administraci\u00f3n corrija el rumbo en sus prioridades respecto al sector energ\u00e9tico y retome el rumbo de la transici\u00f3n energ\u00e9tica, sin repetir errores de las administraciones pasadas de centrar, por ejemplo, la transici\u00f3n energ\u00e9tica en la electricidad. Deben tambi\u00e9n promoverse acciones concretas para disminuir el derroche energ\u00e9tico y aumentar la eficiencia de su uso, enfocar esfuerzos en el transporte (casi la mitad de la energ\u00eda del pa\u00eds la ocupa este sector) y en sistemas t\u00e9rmicos industriales, incentivar el desarrollo cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico nacional, establecer mecanismos de participaci\u00f3n ciudadana que descentralicen el aprovechamiento y gesti\u00f3n de los recursos energ\u00e9ticos del pa\u00eds (por ejemplo, los sistemas de generaci\u00f3n distribuida, techos solares, calentadores solares), atender la pobreza energ\u00e9tica de un gran sector de la poblaci\u00f3n, y alinear una transici\u00f3n energ\u00e9tica justa y sustentable.<\/p>\n\n\n\n
Una transici\u00f3n energ\u00e9tica sustentable tambi\u00e9n debe incluir una pol\u00edtica ambiental que promueva la conservaci\u00f3n del manto fre\u00e1tico y de los reservorios de carbono, como los humedales y las selvas de Yucat\u00e1n, evitando la deforestaci\u00f3n de enormes territorios de selva en buen estado para la instalaci\u00f3n de megaproyectos fotovoltaicos o la invasi\u00f3n de territorios costeros por megaproyectos e\u00f3licos que comprometen su conservaci\u00f3n. \u00c9stas debieran ser tambi\u00e9n las preocupaciones de quienes reclaman una transici\u00f3n energ\u00e9tica para M\u00e9xico y el cumplimiento de los compromisos clim\u00e1ticos internacionales. rodrigo.llanes.s@gmail.com, articulacionenergiayucatan@gmail.com<\/p>\n\n\n\n
Investigador del Cephcis-UNAM e integrantes de la Articulaci\u00f3n Social de Energ\u00eda Sustentable de Yucat\u00e1n<\/p>\n