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Yucatán, entre el feminicidio y la injusticia

Por Antonio Salgado Borge
Hace cinco años, Emma Gabriela Molina Canto decidió separarse de Martin Medina Sonda, su entonces esposo y presunto operador financiero de un alto funcionario del Gobierno de Andrés Granier (PRI) en Tabasco. Poco tiempo después, Emma fue despojada de sus tres hijos a través de un operativo en que fue encañonada frente a éstos por agentes acompañados por su esposo. Luego fue trasladada a una la cárcel, donde permaneció recluida cuatro meses.
A todas luces inocente, Emma logró ser liberada; pero tuvo que dejar el país por un tiempo debido a las amenazas de muerte que le hizo llegar su esposo. Durante este proceso, Emma nunca estuvo sola. Su madre, la señora Ligia Canto Lugo denunció constantemente, en cuanto foro pudo, la injusticia cometida contra su hija y sus nietos. La señora Canto llegó a convertirse en una figura pública bien conocida en Yucatán, llegando incluso a plantarse frente el presidente Peña Nieto para exigir de vuelta a sus nietos. Organizaciones defensoras de derechos humanos en ese estado también denunciaron lo ocurrido y respaldaron a la familia de Emma.

Nada de lo anterior impidió que en 2014, en plena lucha por defender a su hija y recuperar a sus nietos, Ligia, una sexagenaria yucateca, fuera detenida en Mérida acusada de dirigir una banda dedicada a la clonación de tarjetas de crédito –leyó usted bien, ¡clonación de tarjetas de crédito! -, ni que por este supuesto crimen fuera trasladada a un penal en Jalisco, donde estuvo encerrada por nueve días. Como el lector seguramente habrá intuido, las “pruebas” empleadas para acusar a la señora Ligia Canto estaban plagadas de irregularidades; las “evidencias” en su contra resultaron ser falsas.

Diversas organizaciones alzaron la voz por este atropello y en Mérida se protestó, tanto en redes sociales como en las calles, la injusticia y la pasividad del gobierno estatal yucateco –en particular de su Fiscalía General-. En alguna medida como resultado de esta presión, Ligia Canto fue liberada por “falta de pruebas” e inmediatamente reanudó la búsqueda de sus nietos.

En octubre de ese mismo año, la odisea de Emma y de Ligia parecía haber llegado a un feliz desenlace: Martin Medina fue detenido en Quintana Roo acusado de sustracción de menores, continuaba preso en Tabasco por lavado de dinero y los niños pudieron regresar con su madre. Pero los finales felices parecen estar temporalmente prohibidos en México. El lunes pasado, dos sicarios que viajaron desde Tabasco esperaron a Emma Gabriela afuera de su casa en Mérida y le cortaron la yugular con un cuchillo. La hija mayor de Emma escuchó los gritos de su madre y al abrir la puerta la encontró apoyada, llena de sangre (Diario de Yucatán, 28/03/2017).

Cuando la impunidad se conjunta con un entramado institucional bananero, ésta puede aplastar todo lo que se encuentra a su paso. Y, en este caso, aplastada ha quedado, en primer lugar, la familia de Emma. Los dos autores materiales del crimen fueron arrestados prácticamente de inmediato por la policía yucateca, que es mucho más eficiente que buena parte de las policías mexicanas. Evidentemente, en ese momento el daño ya estaba hecho; la historia de Emma terminó con una madre perdiendo la vida por recuperar a sus hijos, con tres niños perdiendo a su madre y con otra madre perdiendo a su hija.

Pero historias como la de Emma rebasan por mucho a los particulares implicados en ellas. En un país en que toda posibilidad de escape parece haber sido borrada del mapa por la tragedia cotidiana, este tipo de narrativas aplastan ante la opinión pública la esperanza de que la justicia todavía es alcanzable. Este tipo de historias nos fragmentan como sociedad y nos ponen más cerca de convertirnos en esos grupos de personas apáticas y olvidadas a los que Hannah Arendt llamó “las masas”: una suma de individuos aislados, sin conexión con sus instituciones y, por ende, sin posibilidad de tener o perseguir objetivos en común; un grupo de personas que, ante la imposibilidad de construir otro mundo al cuál escapar de la tragedia, suscribe las ideas de quienes ofrecen destruir el presente con tal de no conservarlo.

Lo último que puede morir no es, como suele pensarse, la esperanza. En realidad, después de muerta la esperanza todavía queda por matar la desesperanza. Esto es porque aún en un mundo donde se ha desvanecido, es posible reconocer implícitamente que la esperanza existe en potencia. Por el contrario, cuando la capacidad de desesperanza se ha perdido, la indiferencia o, peor todavía, el cinismo, pueden ocupar el sitio que ésta ha dejado vacante. En este sentido, lo único peor a voltear hacia otro lado para olvidar el caso de Emma es sumirlo en un escenario general; es decir, implicar que no tenemos remedio, y que los que se han indignado por el caso de Emma simplemente se han subido al mal llamado “tren del mame”. Postular que estamos simplemente ante un feminicidio más en un país o un estado plagado de feminicidios –desde 2008, al menos 94 mujeres han sido asesinadas con lujo de violencia en Yucatán- y que, por ende, no tendríamos por qué asombrarnos.

Afortunadamente, los yucatecos no parecen estar listos para ahogar su capacidad de indignación en el cinismo y no se han mostrado dispuestos a ignorar lo ocurrido a la familia de Emma. El sufrimiento, el llanto y la rabia ante el dolor ajeno, el entender que mañana podría ser el propio para luego reclamar que ello no es admisible, y la exigencia de justicia en medio de la injusticia general, así se trate de un solo caso o aunque se sepa probable que la lucha en esta vida esté perdida, son todas reacciones que mantienen viva la posibilidad de tiempos distintos.

Y el más inmediato modelo nos lo ha ofrecido Ligia Canto, la madre de Emma. El mismo día en que su hija fue asesinada, doña Ligia no dudó en seguir exigiendo justicia a las mismas autoridades que permitieron su desgracia. Tampoco tuvo ninguna duda en responsabilizar a Martín Medina Sonda y a su familia de ser los autores intelectuales de la muerte de Emma.

Ligia dijo a la prensa que ha recibido amenazas de muerte y que ha sido advertida que “ella es la que sigue”. Los yucatecos y los mexicanos no debemos volver a dejarla sola. Ello garantizaría la indiferencia de las autoridades locales y federales. En la misma Fiscalía General del Estado de Yucatán que debió protegerla y que la abandonó para dejarla a su suerte , hecha pedazos y con el llanto contenido, la madre de Emma preguntó “¿de qué sirve tener un documento que dice que somos víctimas? Yo no veo a nadie de la comisión de víctimas aquí… Yo no veo Codhey –Comisión Derechos Humanos de Yucatán- aquí.” Y remató, “así protege Yucatán a sus mujeres y a sus niños”.

Así protegió Yucatán a Emma y a su familia.

Pero, con su actitud, Ligia Canto también está mostrando indirectamente una escala fundamental que tenemos que hacer en el recorrido hacia un país más justo. La madre de Emma señaló directa y contundentemente que considera que las autoridades de Yucatán son también cómplices porque su inacción e incumplimiento de protección a las víctimas terminaron en el feminicidio de su hija. Es decir, explícito que dar con los autores materiales y hasta con los autores intelectuales de un crimen es una condición necesaria pero insuficiente para terminar con la injusticia y la impunidad en nuestro país.

Cada crimen que se comete, cada periodista que es asesinado, cada activista “desaparecido” y cada feminicidio, son también responsabilidad inmediata de las autoridades que han permitido que estos ocurran; de las personas a las que confiamos nuestra seguridad al momento de sacrificar nuestras libertades. En este sentido, para Emma no podrá haber justicia hasta que quede suficientemente claro que en Yucatán una serie de instituciones e individuos no supieron o no quisieron hacer su trabajo.

asalgadoborge@gmail.com (sinembargo.mx)

@asalgadoborge

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