jueves , abril 18 2019
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Yucatán diferente

Guardia Nacional y “huachicol”

Dulce María Sauri Riancho (*)

Publicado en Diario de Yucatán

Van 108 días del gobierno de Mauricio Vila. El foro convocado por el Diario de Yucatán da cuenta cabal de sus principales logros y pendientes. No abundaré en los buenos y críticos argumentos esgrimidos por los participantes. Pero destacaré la ausencia de dos temas con impacto general que, afortunadamente, no sufre Yucatán. Me refiero a la violencia y al desabasto de gasolina. Ambos forman parte de la agenda nacional de estos agitados días. Me siento en la necesidad de compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que sucede en otras latitudes del país, pero cuya resolución tendrá consecuencias en nuestra tierra.

Hoy miércoles comienza un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para discutir la reforma constitucional que puede dar origen a una nueva institución: la Guardia Nacional. Se trata de formar “un cuerpo armado permanente, con adscripción civil y entrenamiento policial. Con estructura y disciplina militar y mando mixto” (Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, viernes 11 de enero 2019). La iniciativa del presidente López Obrador, recogida por Morena, implica crear una fuerza con tres grupos actualmente existentes: la policía militar, la policía naval y la Policía Federal (pongo deliberadamente las mayúsculas pues tiene su propia ley orgánica y estructura, a diferencia de las dos primeras que dependen de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Armada, respectivamente). Tendrían a su cargo la respuesta a la actuación del crimen organizado, llámese narcotráfico, “huachicoleo”, secuestro, etcétera, así como otros delitos de carácter federal.

Actualmente, el esfuerzo central de combate a las bandas criminales descansa sobre el Ejército y la Marina. Extensas regiones del país no podrían sobrevivir a la delincuencia sin la presencia de las fuerzas armadas. Pero su actuación carece de sustento legal, pues ellas sólo pueden actuar en defensa del territorio nacional frente a una amenaza externa. No son policías ni tienen mandato constitucional de garantizar la seguridad pública. En 2017 se trató de poner fin a esta irregular situación, cuando el Congreso aprobó una ley de Seguridad Interior. Pero fue controvertida por varios estados y municipios, así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y grupos parlamentarios de las Cámaras de Diputados y Senadores, que interpusieron acciones de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia les dio la razón a los impugnantes y esta ley fue anulada hace algunas semanas, antes de finalizar el gobierno anterior.

La nueva administración decidió que si la Constitución era el problema, había que modificarla, de tal manera que no causara inconvenientes para la actuación legal de las fuerzas armadas. Así nació la reforma constitucional que está a debate. Sólo que la iniciativa tenía un “pequeño” inconveniente: otorgaba el mando de la misma a los militares. En consecuencia, comenzó a denunciarse la posible “militarización” del país, ya que el nuevo cuerpo y sus más de 100,000 efectivos estarían subordinados a la secretaría de la Defensa Nacional. El viernes pasado, el Ejecutivo federal reculó. Receptivo a las denuncias de la sociedad civil, de legisladores opositores e incluso de la propia coalición gobernante, anunció el mando civil de la nueva institución. Pero aún no es suficiente, pues el reclutamiento, la formación, la estrategia operativa y de movilización estará a cargo de la Sedena. Más aún: todos los efectivos de la Guardia Nacional pertenecerán al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Isstefam), no al Issste, como l@s servidores públicos. Hoy habremos de intentar resolver esa contradicción, la más visible de varias que todavía permanecen pendientes de arreglo.

El otro tema distante de estas tierras es el desabasto de gasolinas producto del combate al robo de combustibles. El “huachicoleo” domina el territorio por el que pasan los ductos de Pemex hacia las estaciones de almacenamiento y distribución de combustibles.

Aún aquí, terreno liso y llano, se han detectado tomas clandestinas en los poco más de 30 kilómetros entre Progreso y Mérida. El remedio gubernamental fue cerrar los ductos, que dejara de fluir combustible hacia los grandes centros de consumo.

La mayoría de las gasolinas provienen de los buques tanque que lo traen del extranjero.

Al no bombear combustible, se llenaron los depósitos y los barcos ya no pudieron descargar. Y las seis refinerías del país enfrentan problemas de abastecimiento de petróleo crudo ligero para mezclar con el pesado, que por cierto, se le conoce como “Maya”. Si sabemos que tres cuartas partes de las gasolinas vienen de fuera de México; si las refinerías producen el 25% restante, ¿por qué no se tomaron previsiones antes de cerrar la llave? Tal vez debieran haber aprendido de la experiencia de organización social cuando se cerraron las válvulas de abastecimiento de agua en el Valle de México para darle mantenimiento al Sistema Cutzamala. Es cierto que fracasó la sustitución de la tubería, pero las casi dos semanas de falta de agua se sobrellevaron con almacenamiento previo, distribución ordenada en las colonias populares de Ciudad de México y el uso cuidadoso del vital líquido por parte de la ciudadanía.

Que haya Guardia Nacional o no aparentemente poco importa a Yucatán. No es así. Si continúa el menosprecio por la formación y fortalecimiento de las policías estatales y municipales; si se escatiman los recursos para los programas de prevención e investigación, ni el comandante Saidén resistirá la arremetida de la delincuencia. Por eso, más nos vale ponernos a trabajar para garantizar la preservación del clima de tranquilidad que prevalece en nuestro estado.

Que haya o no abasto de gasolinas en el centro del país, gracias a Progreso, nos parece lejano. Se acercará cuando comiencen a escasear productos que no puedan ser transportados hasta aquí por falta de combustible, o cuando suban su precio, consecuencia de la carestía. Estemos pues, pendientes. Que nada de lo que suceda en México nos sea ajeno.— Mérida, Yucatán.

dulcesauri@gmail.com

Licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana, con doctorado en Historia. Exgobernadora del Estado y diputada federal del PRI por la vía plurinominal

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