martes , julio 7 2020
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Segundo descalabro

Dulce María Sauri Riancho (*)

Fuente: Diario de Yucatán

Préstamo y recuperación

Por segunda ocasión, el Congreso del estado no autorizó el préstamo de $1,728 millones solicitado por el gobernador Mauricio Vila. A pesar del voto de 14 diputad@s a favor, no se alcanzó la mayoría calificada de 17 legisladores, indispensable cuando se trata de autorizar la contratación de créditos que rebasan el periodo de gestión de seis años.

Desde hace más de dos meses, mucho se ha hablado y escrito sobre estas solicitudes del gobernador Vila. A favor o en contra, las opiniones se han concentrado en lo que, a mi juicio, es solamente parte de una solución mucho más amplia, indispensable si queremos darle viabilidad futura al desarrollo de Yucatán y al destino de más de una generación de yucatec@s.

No es la primera emergencia sanitaria que vivimos. Tampoco es la primera crisis de las finanzas estatales. No es la primera ocasión en que el Ejecutivo recibe un revés en su solicitud de préstamo. En el pasado reciente tuvimos “Metropolisur”, magno proyecto del gobierno de Patricio Patrón Laviada para integrar el “sur profundo” meridano al bienestar, presentado a finales de 2005.

La pandemia del Covid-19 ha implicado multiplicar capacidades hospitalarias para atender a las personas infectadas y a los demás, conminarlos a permanecer en confinamiento en sus hogares.

Todos los sectores de la economía han resultado afectados. Millones de empleos en el país se han perdido y miles de trabajadores yucatecos han sido despedidos, como los de Valladolid y Tixkokob que laboraban en un negocio internacional de confección de ropa que anunció su cierre definitivo.

La más importante diferencia con anteriores crisis, es su amplitud, que abarca a todo el país, afecta a todos los sectores y no se limita al ámbito económico, como la de 1994-1995, sino que atañe a la salud y a la vida.

Ausentes de Yucatán

Ante la pandemia del Covid y la emergencia económica, el gobierno federal, y particularmente el presidente de la República, están ausentes de Yucatán. Estamos librados a nuestras propias fuerzas, capacidades de organización y recursos para dar respuesta a la crisis. Es una realidad que hace dos meses desconocíamos.

Entonces, el Congreso decidió esperar antes de analizar cualquier solicitud de crédito del Ejecutivo estatal que implicara endeudamiento a largo plazo.

En lo personal, tenía la expectativa de que el presidente de la República diseñara una respuesta conjunta federación-estados para avanzar hacia la recuperación económica. Pasaron las semanas, y en vez de avanzar hacia un gran acuerdo nacional para la acción, la brecha entre el Ejecutivo federal y diversos actores políticos y económicos se fue agrandando.

Las “68 ideas para México” del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) fueron menospreciadas y hechas a un lado. Obsesivamente, el presidente López Obrador se niega a endeudar “más” a su gobierno con el propósito de rescatar empleos y empresas en el país.

Para los estados de la federación la deuda pública es la única vía para allegarse los indispensables recursos económicos que contribuyan a la recuperación económica.

No habrá apoyos especiales, más cuando el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios de los Estados, ahorrado durante más de una década, apenas alcanzará este año para amortiguar lo más severo de la caída de la recaudación federal participable, que se estima afectará en 90,000 millones de pesos a estados y municipios, de acuerdo con el Informe Trimestral de Finanzas Públicas enero-marzo de este año.

Esto significa que Yucatán dejará de percibir aproximadamente 1,800 millones de pesos y, en consecuencia, los municipios yucatecos restarán 360 millones a sus raquíticas participaciones.

La opción es muy clara: o seguimos la estrategia federal de “achicar” la economía, de sentarse a esperar quién “sobrevivió” a la crisis económica en una reedición de la “ley del más fuerte”, o diseñamos un programa de apoyo a los empleos y la planta productiva de Yucatán.

Estimo que la solicitud de crédito de 1,728 millones de pesos era un primer paso de varios que tendrían que acordarse para garantizar la viabilidad de las actividades económicas de Yucatán.

En esta ocasión el gobernador y su equipo no lograron vencer la desconfianza de algun@s legislador@s sobre la indispensable transparencia en el manejo de los recursos. Razones para la suspicacia las hay, cercanas y lejanas en el tiempo. Considero que el dictamen aprobado traía varios e importantes mecanismos de control del Congreso sobre el ejercicio de los recursos, incluyendo la figura novedosa del fideicomiso.

Además, iba acompañado de compromisos específicos para la realización de obra pública en los 106 municipios con participación de sus autoridades en la definición de las prioridades.

Para vencer cualquier tentación de fondos a alguna “megaobra” como el tercer anillo del Periférico, los legisladores de la comisión de Presupuesto pusieron un “candado” de montos máximos de 85 millones de pesos.

Con lupa

Ante la negativa, el gobierno del estado deberá revisar con lupa las partidas presupuestales para ajustarlas al mínimo, sobre todo en servicios generales y adquisiciones, sin llegar al absurdo del 75% de reducción ordenado por la administración federal, lo que implica la cancelación de cualquier tipo de actividad de las oficinas del gobierno por el resto del año.

La inminente crisis financiera abre la posibilidad de renegociar el abusivo contrato del “Museo del Mundo Maya”, que este año representa pagos por 270 millones de pesos al erario estatal.

Hace unos días, en estas mismas páginas, Antonio Salgado describió el escenario ideal: “Yucatán contrataría el préstamo; este dinero sería administrado con controles estrictos y terminaría invertido en proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan”.

Coincido: el gobernador Vila y su gobierno tendrán que seguir insistiendo ante el Congreso. Convencer con garantías de cumplimiento, de cara a una sociedad crecientemente comprometida con la exigencia de rendición de cuentas a sus polític@s.

Cuando se antepone el interés de Yucatán, no tienen cabida amenazas, expulsiones o mezquindades de cálculos electorales. Sólo el interés superior de más de 2 millones de personas que esperan una actitud de sus autoridades a la altura del reto monumental a que nos enfrentamos.— Ciudad de México.

dulcesauri@gmail.com

Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora y diputada federal plurinominal del PRI

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