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SCJN ORDENA REGULAR EL ALCOHOLIMETRO

Por determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han señalado como ilegales los retenes de alcoholímetro que funcionan n algunas entidades, entre las que se encuentra Yucatán, y siendo que el fallo es una jurisprudencia, la decisión emitida por la SCJN, es inatacable.

Sin embargo, también advierten, que atendiendo las observaciones  emitidas por la SCJN,  las autoridades policiacas podrán seguir operándolos, ya que en realidad no se manifestó en contra de los retenes alcoholímetros, sino contra el arresto de personas que conducen en Estado de ebriedad, ya sea en puestos de revisión o por alguna infracción al momento de transitar.

La Suprema Corte determinó que todos los detenidos tienen que ser puestos de inmediato ante el Juez Calificador para que en audiencia comparezcan y tengan la opción de defenderse y, por ende, desvirtuar la acusación, e incluso presentar pruebas para mostrar que no están ebrios.

Sin embargo, no sucede así, pues en varios estados los arrestos son administrativos, es decir a los detenidos por guiar ebrios los ingresan a la «cárcel pública» y ahí se quedan 24 horas, 36 y hasta 48 horas.

En Yucatán, no se cuenta con un juez calificador en la SSP, de manera que la autoridad a la que tendrían que ser puestos de inmediato sería a los jueces de oralidad, pero no sucede así a pesar que la Policía de Mérida tiene jueces calificadores, pero no celebran audiencias al detectar un conductor ebrio, por lo que proceden al arresto administrativo de 24 a 48 horas.

La SCJN precisa en  su resolución, publicada el pasado viernes 18 de enero, que intervino a raíz de una controversia entre el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa quienes determinaron el 31 de mayo de 2019 que el arresto administrativo por conducir en estado de ebriedad, no existe la obligación de respetar el derecho de audiencia previa.

Sin embargo, el Pleno del Tribunal del Decimotercer Circuito determinó que «arresto administrativo por conducir en estado de ebriedad, previo a su imposición, debe respetarse la garantía de audiencia», en lo que la mayoría del pleno coincidió en que la autoridad debe respetar, proteger y garantizar el derecho a la audiencia previa, como consta en la Constitución Federal y esta garantía debe tener lugar una vez que el presunto infractor se encuentra en las instalaciones del juez calificador.

Los magistrados señalaron que de acuerdo al artículo 14 de la Constitución, ninguna persona puede perder sus derechos o propiedades sin un juicio previo; la SCJN determinó que si debe respetarse la garantía de audiencia y en ella individualizarse las penas, es decir el tiempo que permanecerán arrestados los guiadores ebrios, así como también que dicha audiencia sólo podrá ser celebrada ante la presencia de un médico legista que avale el estado de salud del acusado

La Suprema Corte precisa que si en la audiencia el acusado de conducir ebrio desvirtúa la comisión de la infracción, es decir que demuestra que es infundado el señalamiento de que manejaba ebrio, entonces no se le puede aplicar el arresto administrativo.

Sin embargo, se desconoce cómo actuarán ahora ante la jurisprudencia las autoridades estatales y si los detenidos tendrán que ampararse para hacer valer el derecho a audiencia.

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