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Rodrigo Llanes Salazar: No a los transgénicos

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Publicado en Diario de Yucatán

Ahora es el turno de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Más o menos, todo comenzó cuando, en 2012, más de dos mil apicultores de Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Ticul, Tixméhuac, Texak, Tizimín y Tzucacab solicitaron que dichos municipios yucatecos fueran declarados Zona Libre de Organismos Genéticamente Modificados o transgénicos.

La razón: los apicultores, así como científicos y diversas organizaciones, habían denunciado que la soya transgénica, resistente al herbicida glifosato, de Monsanto, estaba provocando una serie de daños a la apicultura, al medio ambiente —por la deforestación y la contaminación del agua—, además de que los derechos de las comunidades a decidir sus prioridades de desarrollo habían sido violados.

Los apicultores procedieron como la ley manda. Y la ley, en este caso, la Ley de Bioseguridad para los Organismos Genéticamente Modificados, dice en su artículo 90 que es una entidad federal, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la única competente para declarar zonas libres de transgénicos en México. En ese momento, la Sagarpa respondió que no existía la normatividad aplicable para declarar la zona libre de transgénicos, por lo que los apicultores y las organizaciones se ampararon ante el Juzgado Tercero de Distrito en Mérida. A la postre, este tribunal falló a favor de los apicultores. Como suele suceder en estos casos, las autoridades impugnaron el fallo y, después de varios años, un Tribunal Colegiado resolvió que la Sagarpa debía atender la solicitud de los apicultores, asunto pendiente hasta hoy. Mientras todo eso sucedía, también pasaron otras cosas relacionadas con la soya transgénica en la Península de Yucatán. Una, muy importante, es que, en noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió el permiso que las autoridades federales habían otorgado a Monsanto para que sembrara comercialmente soya transgénica en siete estados del país, incluyendo los tres de la Península de Yucatán. El permiso quedó suspendido hasta que las autoridades federales consultaran debidamente a las comunidades afectadas de Campeche y Yucatán. La consulta a las comunidades de Campeche continúa hasta la fecha con una serie de irregularidades bien documentadas por una Misión de Observación.

En Yucatán no se hizo la consulta, pero ocurrió algo muy interesante. Ante la falta de respuesta de la Sagarpa de declarar al estado zona libre de transgénicos, en octubre de 2016 el Gobierno del Estado emitió el “Decreto 418/2016 por el que se declara al estado de Yucatán zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados”. El Decreto fue resultado de un trabajo de varios años entre la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), hoy Secretaría de Desarrollo Sustentable, de apicultores, organizaciones de la sociedad civil, académicos y empresarios preocupados por el medio ambiente y los derechos de las comunidades mayas en Yucatán. Más allá del tema del que se ocupa, el Decreto fue noticia nacional porque el gobierno de Yucatán tomaba la iniciativa para hacer algo que, según la ley, le compete al gobierno federal. Sin embargo, ello no quiere decir que el Decreto carezca de fundamentos jurídicos. El documento se sustenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1 y 4), en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (cuyo cumplimiento es obligatorio para el Estado Mexicano), la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Constitución Política del Estado de Yucatán y un par de leyes yucatecas más.

Con base en esas normas, el Decreto plantea “que se estima necesario aplicar el principio de precaución ante el daño moralmente inaceptable de amenaza para la salud por la presencia de soya transgénica y el uso extensivo de agroquímicos; por el daño grave e irreversible a la actividad apícola, porque es injusto para las futuras generaciones; y porque atenta contra los derechos humanos de los productores mayas milperos o apicultores, la consulta previa, libre e informada, el derecho al trabajo, a la alimentación, a la comercialización e industrialización y a la propiedad social, así como el derecho humano a un ambiente sano”. Por supuesto, se esperaba que la Sagarpa respondiera que solo ella es competente de declarar zonas libres de transgénicos y que, por lo tanto, el gobierno de Yucatán estaba invadiendo competencias federales. Lo que resultó sorpresivo es que fuese la propia Presidencia de la República, a través de su Consejería Jurídica, quien presentara la controversia constitucional. El gobierno federal responde muy lento a los apicultores, pero muy rápido al Decreto.

Finalmente, hace unos días, la Suprema Corte de Justicia decidió invalidar el Decreto del Gobierno de Yucatán, estableciendo que solo la Sader tiene la competencia para decretar la creación de zonas libres de transgénicos. Algunas notas alarmistas y amarillistas en medios de comunicación señalaron que, con esta decisión, la Suprema Corte permitía la siembra de transgénicos en Yucatán. Esto es falso. El permiso de sembrar soya transgénica sigue suspendido —por la propia Suprema Corte— y la siembra del maíz también está prohibida actualmente. En dado caso, podrían sembrarse otros cultivos —como el algodón, que, junto con la soya y el maíz, es uno de los principales cultivos transgénicos en el mundo— después de un proceso de solicitud para su liberación.

Los ministros de la Suprema Corte fueron enfáticos en que su decisión era sobre competencias, es decir, sobre qué entidad estaba facultada para declarar zonas libres de transgénicos, no sobre los transgénicos en sí.

Y, aún más importante, el máximo tribunal exhortó a la Sader a que responda la solicitud de los apicultores, En un tuit, Arturo Zaldívar, el ministro Presidente de la Suprema Corte, expresó: “Muy relevante el efecto de la sentencia consistente en la exhortación de la #SCJN a las autoridades federales para que respondan las solicitudes sobre zonas libres de OMGs en Yucatán”. Así que ahora le toca a la Sader. ¿Acaso esta dependencia acatará la promesa de Andrés Manuel López Obrador de que “no se permitirá el fracking ni transgénicos”, como expresó en su discurso de toma de protesta? Víctor Villalobos, el secretario de Agricultura, también ha declarado que “No se van a sembrar semillas transgénicas en este gobierno”.

Por lo tanto: Sr. Villalobos, la Sader debe cumplir con sus promesas y con las del Presidente de la República y responder la solicitud de los más de 2 mil apicultores, de académicos, organizaciones y empresarios de Yucatán y declarar al estado zona libre de transgénicos.

Investigador del Cephcis-UNAM

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