lunes , noviembre 11 2019
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Rodrigo Llanes Salazar: La defensa de las tierras

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Fuente: Diario de Yucatán

Junto al despojo de tierras ejidales de los pueblos Yucatán ha surgido también un proceso de defensa de las tierras, el territorio y los recursos naturales de la región.

El pasado sábado 12 de octubre se celebró en la comunidad de Ixil el “Foro por la defensa, recuperación y conservación del territorio maya”. En el documento de invitación al evento se plantea que “las comunidades de la Península de Yucatán estamos siendo arrasadas por megaproyectos inmobiliarios, fotovoltaicos, eólicos, turísticos, de granjas porcícolas y de soya transgénica”.

Asimismo, en la invitación se relata que el ejido de Ixil “estuvo a punto de desaparecer como consecuencia de actos fraudulentos llevados al cabo por especuladores de tierras coludidos con funcionarios públicos, que estuvieron a punto de transformar nuestras tierras ejidales en propiedad privada para entregarlas a los megaproyectos”, particularmente para la construcción de dos parques eólicos.

Gracias al acompañamiento de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal, la Red de Resistencia y Rebeldía Jo’, Yansa y la Articulación Yucatán, el ejido de Ixil logró recuperar sus tierras. Sin embargo, como reconocen ejidatarios y pobladores de Ixil, el territorio de su pueblo sigue sufriendo amenazas de despojo, particularmente el sitio conocido como “Las Trincheras”, que se ubica al norte del ejido. Legalmente reconocidas como tierras nacionales, Las Trincheras están siendo invadidas por personas externas a la comunidad.

Por estas razones, el ejido de Ixil y las organizaciones que lo acompañan han comenzado a discutir la posibilidad de cambiar su régimen legal de ejido a bienes comunales o comunidad agraria.

Como se explica en el folleto “El régimen de Bienes comunales: una herramienta para la recuperación, defensa y conservación del territorio ancestral de Ixil y otras comunidades mayas”, distribuido en el foro, los Bienes comunales “son los núcleos agrarios que conservaron sus tierras desde épocas coloniales cuyas tierras fueron restituidas, reconocidas o confirmadas por la legislación agraria”.

En teoría, los ejidos fueron creados por medio de la dotación de tierras a un grupo de campesinos por el Estado, mientras que los bienes comunales o comunidades agrarias son aquellas comunidades que lograron demostrar por medio de algún título de propiedad —como los títulos virreinales— que han poseído las tierras desde tiempo atrás, o bien, que fueron desposeídas de sus tierras y que, por tanto, éstas deben ser restituidas.

El folleto antes citado, elaborado por Sergio Oceransky, de Yansa, con aportes de la antropóloga Gabriela Torres-Mazuera y la abogada Claudia Gómez, explica que en el caso de Yucatán, las comunidades mayas no recibieron títulos colectivos de propiedad en la época de la Corona Española, por lo que, después de la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución 1917, las comunidades mayas no pudieron demostrar que habían sido despojadas de sus tierras. Entonces, fueron reconocidas legalmente como ejidos (con dos excepciones, en Progreso y Ticul).

Sin embargo, como han documentado varios estudios, actualmente la figura legal del ejido es insuficiente para proteger las tierras de las comunidades indígenas. Gracias a los cambios a la Ley Agraria, muchas personas externas a los ejidos pueden ser reconocidas como ejidatarios y comprar legal o ilegalmente tierras ejidales que han sido parceladas. A diferencia de las tierras ejidales, las tierras de las comunidades agrarias no pueden ser vendidas.

La Ley Agraria dispone en su Artículo 103 que los ejidos pueden decidir adoptar el régimen de comunidad agraria.

De acuerdo con ejidatarios de Ixil y las organizaciones que los acompañan, el reconocimiento de Ixil como bienes comunales o comunidad agraria permitiría detener el despojo de sus tierras y protegerlas para las generaciones futuras, pero también demandar al gobierno la restitución del territorio donde están Las Trincheras y dar, ahora sí, certidumbre jurídica a los campesinos.

El reconocimiento como comunidad agraria “les blindaría mucho más de posibles despojos futuros”, me comenta Oceransky. Los ejidatarios de Ixil tienen “una base legal sólida para solicitar la restitución de sus tierras. La comunidad lleva años cuidando las tierras, hacen un uso de baja intensidad, sustentable, y hay una identificación con Las Trincheras”, señala.

Cuando ejidatarios de Ixil y las organizaciones comenzaron a discutir la posibilidad del cambio al régimen de bienes comunales, decidieron organizar el foro del 12 de octubre, al que invitaron a varias autoridades federales y estatales, entre ellas al titular de la Procuraduría Agraria, Luis Hernández Palacios, y al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal, Román Meyer.

Es importante destacar que algunos medios de comunicación han informado de manera errónea que el foro fue organizado por el gobierno, cuando en realidad fue convocado y organizado por el comisariado ejidal de Ixil, como consta en las cartas de invitación que el comisariado ejidal envió a las distintas autoridades federales.

De acuerdo con Oceransky, cuando los empresarios interesados en las tierras de Ixil se enteraron del foro, comenzaron a ejercer más presión sobre los ejidatarios de Ixil.

De acuerdo con dos panelistas que participaron en el foro, al evento asistieron varios ejidatarios de Chocholá, Chablekal, Tecoh, Seyé, entre otros, que recibieron 200 pesos de empresarios para que fueran a denunciar de corrupción al Procurador Agrario.

Fue un intento de boicot, me comenta Oceransky, en el que los empresarios emplearon las tácticas de manipulación de siempre, tratando a los ejidatarios como ganado. Sin embargo, me comenta, cuando los ejidatarios que recibieron pagos para reventar el evento escucharon los mensajes del foro, los recibieron con aplausos.

Lamentablemente, la mayoría de los medios de comunicación que cubrieron el evento solo informaron —con errores— sobre esta parte del evento. En la segunda parte del foro se realizaron mesas de trabajo con las autoridades federales, en las que ejidatarios pudieron exponer los problemas de despojo que han sufrido de empresarios y visitadores agrarios. De acuerdo con participantes del Foro, el evento tuvo dos logros importantes.

El primero es que en el Foro participaron representantes de más de 50 ejidos y de tres frentes organizativos en defensa de las tierras de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El segundo es que Luis Hernández, el Procurador Agrario, hizo tres compromisos importantes: 1) que todas las asambleas ejidales en las que se realicen cambios en el destino de tierras requerirán su visto bueno (de modo que se vigilaría que no se lleven al cabo compra-ventas ilegales de tierras); 2) que en 15 días enviaría un equipo jurídico para dar seguimiento a los conflictos por tierras ejidales en Yucatán, y 3) que las denuncias en concreto contra funcionarios de la Procuraduría Agraria se integrarán en expedientes frente al órgano interno de control.

México es parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Las disposiciones de esta Convención son obligatorias para el Estado Mexicano.

Recientemente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el órgano que se encarga de monitorear el cumplimiento de la Convención, dio a conocer sus observaciones finales sobre los informes que presentó México sobre el cumplimiento de la Convención. Entre estas observaciones se señala que “el Estado no cuenta con mecanismos adecuados para la protección, preservación, reclamación y restitución de las tierras, territorios y recursos tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas”. Por tanto, el Comité recomienda al Estado mexicano “establecer un mecanismo adecuado y eficaz, en coordinación con las autoridades judiciales, agrarias y otras instituciones relevantes, que permita la reclamación y restitución de tierras y territorios ancestrales, asegurando que cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados”.

El Estado mexicano tiene que cumplir con la recomendación internacional anterior. Pero la historia nos enseña que las presiones desde afuera no son suficientes si no hay presión al interior de los Estados.

Y, por lo menos en Yucatán, las comunidades y ejidos ya se están organizando para hacer efectiva la protección de sus tierras, territorios y recursos.

(Agradezco a Gabriela Torres-Mazuera, Claudia Gómez, Ivet Reyes y Sergio Oceransky sus aportaciones para este artículo).— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM

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