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Rodrigo Llanes Salazar: Contradicciones de la 4T

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Fuente: Diario de Yucatán

En las últimas semanas, el herbicida más polémico del mundo puso de manifiesto algunas de las principales contradicciones del gobierno de la 4T.

Una de las primeras recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que recibió el gobierno de la 4T fue la 82/2018, “Sobre la violación a los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud, por el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, en agravio de la población en general”, dada a conocer en enero de 2019.

La recomendación de la CNDH reconoce que “el marco legal y reglamento en materia de plaguicidas vigente en México permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad, que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar en forma relevante a la biodiversidad y perjudicar el medio ambiente” (párr. 30). En el documento, la CNDH recomienda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria conformar un comité que identifique e investigue los efectos adversos de plaguicidas altamente peligrosos para que establezcan “regulaciones y medidas efectivas de prevención y/o mitigación de los posibles daños ocasionados por su uso” (144).

Formulada en los albores de la 4T, la CNDH recomendaba a las dependencias señaladas que incorporen en el Plan Nacional de Desarrollo “la reducción y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos”. Como es bien sabido, el gobierno de la 4T cuenta con funcionarios con perfiles muy diversos e incluso contradictorios. Así, por ejemplo, la Semarnat está encabezada por el reconocido doctor Víctor Toledo, un referente en el área de la ecología política y el estudio del patrimonio biocultural. Del mismo modo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología está dirigido por la también prestigiosa investigadora la doctora Elena Álvarez-Buylla, quien recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2017. Tanto Toledo como Álvarez-Buylla han sido críticos del modelo de desarrollo agroindustrial que México ha implementado desde hace décadas, el cual incluye una serie de cultivos transgénicos como el maíz, la soya y el algodón, y el uso intensivo de plaguicidas, algunos de ellos altamente peligrosos.

En 2019, la Semarnat suspendió la importación de 67 mil toneladas del herbicida glifosato bajo el argumento de la prevención de daños que se pueden ocasionar al medio ambiente y a la salud humana. El glifosato, el herbicida más empleado en la actualidad y, probablemente, también el más polémico, fue introducido en 1974, aunque su uso aumentó exponencialmente a mediados de la década de los noventa, cuando la empresa Monsanto —ahora parte de Bayer— comenzó a comercializar cultivos genéticamente modificados —como el maíz, la soya y el algodón— que eran tolerantes a dicho herbicida.

Desde entonces, el glifosato ha sido objeto de controversias en los campos científicos, de la salud, el político y el legal. En 2015, tras revisar alrededor de mil publicaciones sobre el tema, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por su sigla en inglés) anunció que el glifosato es “probablemente” cancerígeno para seres humanos. El posicionamiento se convirtió en un argumento recurrente para los críticos del uso del glifosato. La tesis de que el glifosato provoca cáncer también ha sido dirimida en tribunales. En 2018, el jurado de una corte estatal de California concedió 289 millones de dólares a Dewayne Johnson, un vigilante de escuela, al concluir que el glifosato causó su cáncer. En marzo de 2019, una corte federal de San Francisco llegó a una conclusión similar para Edwin Hardeman, quien uso glifosato en su propiedad (“The New York Times”, 24-6-20). En contraste, los defensores del glifosato aseguran que se trata de un herbicida seguro, al menos más seguro que otros, y que la IARC considera que también son “probablemente” cancerígenos para el ser humano la res, el uso del teléfono móvil y trabajar en turnos nocturnos.

En medio de las polémicas y las demandas, hace un par de meses Bayer aceptó pagar más de 10 mil millones de dólares para arreglar miles de demandas, así como para establecer un panel de expertos independientes para resolver si el glifosato causa cáncer y, de ser así, cuál es la dosis y el nivel de exposición que resultan peligrosos. Regresando a México, el pasado 25 de junio la Semarnat dio un paso más a la cancelación de importaciones, ya que declaró que se encontraba trabajando en una hoja de ruta para prohibir el glifosato hacia 2024, con el objetivo de que el sistema agroalimentario del país sea “más seguro, más sano y respetuoso con el medio ambiente”.

Desde luego, los cuestionamientos a la Semarnat no se hicieron esperar, no solo entre empresas y organizaciones del sector agroindustrial, sino incluso dentro del propio gobierno federal. La 4T da cabida tanto a críticos del modelo agroindustrial y el uso de cultivos transgénicos —como Toledo y Álvarez-Buylla— como a francos promotores de los mismos. Entre ellos, el titular de la Sader, Víctor Villalobos, como al propio Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, el empresario agroindustrial Alfonso Romo.

Por un lado, la Semarnat ha apostado por cancelar las importaciones de glifosato y ha buscado su prohibición para 2024, mientras que el Conacyt ha publicado un dossier en el que se lee que “el principal producto de degradación del glifosato es el ácido aminometilfosfónico AMPA, que tiene una mayor persistencia y movilidad en los cuerpos de agua y en suelos, y también se ha demostrado que tiene efectos perniciosos sobre la salud y el ambiente” (p. 6) y se indica que entre los daños a la salud registrados por el herbicida se encuentran “dolores de cabeza frecuentes, fatiga, ansiedad, irritación de mucosas y pies, alergias en personas que están expuestas ocupacionalmente” así como el desarrollo de “cáncer de distintos tipos (leucemia, melanoma, mieloma múltiple, linfoma no Hodgkin, así como cavidad oral, próstata, tiroides, colon, pulmón, recto, páncreas, riñón, vejiga y próstata” (9).

Por otro lado, hace unos días, la Sader subió a la plataforma de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria un anteproyecto de decreto presidencial en el que se establecen acciones que deberán realizar instituciones para programar y coordinar estudios técnicos que permitan determinar la seguridad del glifosato. En este documento, la Sader incluyó a Toledo y a la Semarnat, por lo que esta dependencia solicitó una disculpa por utilizar su nombre (de acuerdo con medios de comunicación, la Sader ya retiró el anteproyecto).

En este contexto, la semana pasada se filtró en medios y redes sociales una grabación de audio en la que Toledo expresa que “no podemos idealizar a la 4T, es un gobierno lleno de contradicciones brutal”; que la visión a favor del ambiente, la agroecología y la transición energética “no está para nada en el resto del gabinete, y me parece que tampoco está en la cabeza del Presidente”. Asimismo, afirma que la Sader “está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, está en contra de la agroecología y trata de imponer toda la visión que impera en el mundo con las grandes corporaciones”, mientras que sobre Romo señala que “ha adquirido enorme centralidad y poder dentro del gobierno, dado por el Presidente; es el principal ordenador para bloquear lo ambiental, la transición energética y la agroecología”.

La Península de Yucatán es uno de los principales escenarios de esta contradicción de la 4T. De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario, el 50% del glifosato se utiliza en el sur-sureste del país (“Infobae”, 6-8-20). Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en 2019 Campeche, Yucatán y Chiapas se encontraban entre los principales cuatro productores de soya de México.

Y, como se documenta en el reportaje “Un cacique del agua en el paraíso maya”, Enerall, la empresa de Romo, es “la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola en Yucatán”. En el reportaje se registran daños a cenotes, deforestación y contaminación del agua por uso de fertilizantes y pesticidas.

Más allá de las controversias científicas y legales, es muy importante ver cómo se usa el glifosato en contextos locales. El doctor Ángel Polanco, investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, ha estudiado el uso de glifosato en el Estado. En sus investigaciones, el 55% de los productores del sur del Estado entrevistados reportaron usar glifosato para producir soya transgénica, mientras que, en el oriente ganadero, el 72% de los productores usan el herbicida en sus cultivos. De acuerdo con Polanco y sus colegas, la aplicación de glifosato representa un alto impacto a la contaminación del acuífero y a la salud humana debido a la fácil filtración de contaminantes en el suelo kárstico.

Asimismo, de acuerdo con Polanco, los productores entrevistados aplican glifosato a casi cualquier tipo de cultivo (“The Glyphosate herbicide in Yucatán, México”, 2018; “Uso de agroquímicos cancerígenos en la región agrícola de Yucatán”, 2019). Los estudios de Polanco muestran que existe una baja o nula percepción de riesgo entre los productores que usan glifosato, lo cual se debe a las condiciones de pobreza y falta de escolaridad de la población. Pero también revelan la ausencia de programas oficiales sobre agroecología así como de campañas que expliquen los daños a la salud provocados por el uso de plaguicidas altamente peligrosos. Demuestran que una de las fuerzas dentro del gobierno de la 4T, los intereses agroindustriales, tienen una gran presencia en Yucatán.

No obstante, tampoco pueden ser ignoradas las voces —y manos— críticas, que exigen y ponen en práctica una agricultura sustentable, libre de plaguicidas altamente peligrosos. La organización y acción colectiva determinará cuál de las fuerzas en contradicción resultará triunfante.— Mérida, Yucatán

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM

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