Miércoles , septiembre 26 2018
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Procuraduría palera

Institución política y politizada

Denise Dresser (*)

Estos días ha quedado claro para lo que sirve la Procuraduría General de la República: para todo lo que el Presidente necesite, menos la procuración imparcial de la justicia. He ahí una institución política y politizada, manipulada y manipulable, persiguiendo a adversarios, protegiendo a amigos. Montando espectáculos para ser diseminados por los medios que siguen las instrucciones del poder. Acabando así con la ilusión de que las diferencias, ahora y siempre, se dirimirían en las urnas.

La cruzada —burda, obvia— contra Ricardo Anaya exhibe a una PGR decidida a intervenir en el proceso electoral aunque acabe con su legitimidad. Una PGR evidenciada. Sin ambages. Tal y como es. Un cuarto de guerra electoral, una oficina de relaciones públicas del PRI, un servicio de detectives puestos al servicio de José Antonio Meade con el objetivo de resucitar su moribunda campaña presidencial.

Y no escribo esto para defender a Ricardo Anaya —que debe aún muchas explicaciones— sino para defender un principio democrático. Como argumenta el politólogo Adam Przeworski en un texto definitorio, la democracia es la institucionalización de la incertidumbre. Es el constreñimiento de todos los actores políticos a la incertidumbre. Es un proceso con resultados poco predecibles; a veces empodera a los “buenos” y a veces a los “malos”; a veces produce líderes que gobiernan con ideologías que aplaudimos y a veces produce presidentes que gobiernan con ideologías que rechazamos; a veces empodera a la derecha y a veces empodera a la izquierda; a veces produce a un Barack Obama y a veces produce a un Donald Trump.

Pero en 2005 el PRI, el PAN y Vicente Fox decidieron no respetar el principio democrático básico de la incertidumbre. No querían asumir el riesgo de que AMLO fuera candidato y ganara. No estaban dispuestos a ser demócratas de a deveras. Y algo parecido ocurre hoy con Peña Nieto, la PGR y Meade, en su esfuerzo desesperado por frenar a Anaya, aun con la posible cola que pudiera traer atrás. En una democracia funcional, ningún grupo interviene para impedir un resultado que afectaría sus intereses. Pero ellos sí intervienen y de eso se trató y se trata el desafuero de AMLO y el activismo de la PGR actualmente: usar la ley a conveniencia. Usar a las instituciones del Estado para eliminar a un personaje incómodo para el Estado. Como expresó correctamente Tatiana Clouthier, “el encargado de la PGR no puede ser parcial; la justicia mexicana está de por medio y el peligro es para todos”.

Esta farsa que presenciamos evoca lo que T.S. Eliot llamaba “la última tentación”, la gran traición: hacer la cosa correcta —aplicar la ley— por el motivo equivocado: tumbar a un adversario electoral. Inaugurar el “Estado de Derecho” con quien ocupa el segundo lugar en las encuestas presidenciales. Aplicar la ley con uno cuando no se aplica a los demás. Quizás las acusaciones lanzadas contra Ricardo Anaya sean merecidas. Quizás ha hecho todo aquello que los priistas le imputan. Quizás por ello no merezca ser Presidente y no debería llegar a Los Pinos. Pero esa decisión no le corresponde a Enrique Peña Nieto ni a José Antonio Meade ni al procurador ni a los periodistas que han diseminado alegremente las acusaciones sin comprobarlas. Esa decisión no es suya. Es nuestra, de los votantes, con el derecho de votar en su contra si queremos.

Déjà vu político

Lamentable entonces lo que estamos viviendo y permitiendo, un déjà vu político. La mentira abierta, la hipocresía disfrazada, la diseminación de vídeos desde la PGR, las investigaciones a velocidad supersónica en torno al presumido lavado de dinero, cuando los casos de Odebrecht o la Casa Blanca o Ayotzinapa o el espionaje a periodistas o el socavón o los múltiples expedientes de desvíos con recursos públicos han sido archivados. A la par de campañas mediáticas —pagadas con nuestros impuestos— para convencernos de la legalidad de sus acciones, de la pureza de sus motivos, la defensa del “interés público”. Pues si es así, que lo demuestren. Si la investigación a Anaya es sobre la aplicación estricta de la ley, que lo constaten. Que la PGR comience inmediatamente a investigar a Rosario Robles por los desvíos multimillonarios de Sedesol, a Gerardo Ruiz Esparza por el socavón y el NAIM, a Emilio Lozoya por Odebrecht. Que el rasero de la legalidad sea el mismo para todos, y no el de una PGR palera del PRI.— Ciudad de México.

denise.dresser@mexicofirme.com

Periodista

Fuente: Diario de Yucatán

 

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