lunes , marzo 25 2019
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Primeros 100 días

4T y derechos humanos (parte 1)

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Publicado en Diario de Yucatán

¿Cuál es el balance de los primeros cien días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de derechos humanos?

Ciertamente, el discurso de AMLO, tanto cuando era candidato como ahora que es Presidente de la República, no se ha enfocado en los derechos humanos, sino en el combate a la corrupción, la impunidad, la pobreza y la desigualdad asociadas con el neoliberalismo en México. Esto ha llevado a algunos analistas, como al investigador Francisco Valdés Ugalde, a señalar que la Cuarta Transformación está “de espaldas a los derechos humanos”: “Brilla por su ausencia el reconocimiento explícito de la 4T a los derechos humanos —afirma Ugalde— reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte” (“El Universal”, 3-3-19).

Sin embargo, a la apreciación de Ugalde se le deben hacer muchos matices. El primero de ellos es que no necesariamente se debe hablar explícitamente de “derechos humanos” para tratar la sustancia de dichos derechos: las libertades y condiciones de equidad que protegen la dignidad de las personas. En este sentido, el combate a la corrupción, la impunidad, la pobreza y la desigualdad puede ser un asunto de derechos humanos, aunque no se le nombre como tal.

En este sentido, aún es pronto para evaluar si el combate a la corrupción y la creación de programas sociales se están llevando al cabo desde una perspectiva de derechos humanos, esto es, si se han puesto en el centro a las víctimas de la corrupción y si los programas sociales serán evaluados no solo a partir del acceso de los beneficiarios a bienes y servicios, sino a partir de indicadores basados en derechos, es decir, que se mida también su calidad y cumplimiento efectivo.

En la cruzada contra el “huachicoleo”, AMLO ha sido cuidadoso en no culpabilizar a las víctimas de la explosión del ducto en Tlahuelilpan y, a diferencia de Enrique Peña Nieto, acudió rápidamente al lugar de los hechos y se comunicó con las víctimas. Pero es pronto para saber si los programas sociales anunciados seguirán siendo políticas asistencialistas para la construcción de clientelas políticas.

El segundo matiz al argumento de Valdés es que el actual gobierno federal sí ha llevado al cabo diversas medidas en materia de derechos humanos, en las cuales, no obstante, se aprecian claroscuros. Antes de exponer estas medidas, es importante reconocer que, desde por lo menos los últimos dos sexenios, México vive una crisis de derechos humanos. La presente administración federal recibió un “país en ruinas”, como declaró AMLO al tomar protesta el 1 de diciembre.

Las cifras del país en ruinas son conocidas: más de 200 mil homicidios en los últimos dos sexenios; más de 40 mil desaparecidos; 161 casos documentados de defensores de derechos humanos asesinados en el sexenio pasado; 140 reporteros, fotógrafos y camarógrafos asesinados durante los últimos 18 años; por lo menos 199 presos políticos. Así, como ha reconocido el analista Alejandro Hope, exasesor de seguridad en la campaña de Margarita Zavala y crítico de AMLO, las más de 9,000 víctimas de homicidios en estos últimos 100 días pueden entenderse como el resultado de una inercia heredada de los sexenios anteriores (“El Universal”, 6-3-19).

Ya entrando en materia, una de las medidas más notables es la creación por decreto presidencial de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, instalada el pasado 15 de enero. Sin duda, la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la investigación oficial sobre el caso representan uno de los episodios más críticos de violaciones de derechos humanos en México. También es verdad que la creación de la Comisión puede entenderse como resultado de una innovadora sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, en la que tres magistrados ordenaron la creación de dicha comisión en julio del año pasado.

Pero mientras que las autoridades federales de la administración pasada se pronunciaron contra el fallo del Tribunal Colegiado, una de las primeras acciones del actual gobierno federal fue la creación e instalación de dicha Comisión y, sobre todo, aceptar que participen en ella los familiares de los normalistas y sus representantes legales, no solo los funcionarios de gobierno.

Desde luego, aún es pronto para evaluar el trabajo de la Comisión, pues sus primeros resultados deben conocerse hasta mediados de este año. También es cierto que se puede reprochar, como lo ha hecho Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que también deben crearse comisiones de la verdad para las demás víctimas de desapariciones forzadas (¡recordemos que son más de 40 mil!) (“La Jornada”, 15-12-18).

Otra medida importante es el reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Esta acción es resultado de la sentencia del Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa en Ciudad de México, a favor de un amparo presentado por familiares de desaparecidos con el apoyo legal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH). En palabras de Mario Patrón, director del Centro PRODH, “la sentencia es excepcional, pues somete a escrutinio judicial la política exterior de México en derechos humanos”. A partir del reconocimiento de la competencia de dicho Comité, los familiares de personas desaparecidas podrán acudir a dicha instancia para exigir justicia (“La Jornada”, 31-1-19).

Más recientemente, AMLO publicó un acuerdo en el que ordena a las dependencias federales transferir al Archivo General de la Nación todos los documentos históricos que “se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción en posesión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”. Así, podremos conocer los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, la agencia de inteligencia del gobierno mexicano que sirvió para espiar y violar derechos humanos de opositores al gobierno. Sin duda, esta apertura de archivos es una contribución para el derecho a la verdad y a la memoria de las violaciones de derechos humanos en México.

Por otro lado, en materia de migración también se pueden reconocer avances en materia de derechos humanos. El actual gobierno ha declarado que abandonará la política de gobiernos anteriores que perseguía, criminalizaba, estigmatizaba y discriminaba a los migrantes y que, en cambio, adoptará “una política soberana, de derechos y apegada al interés de nuestra nación”, como escribió Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos (“El Universal”, 8-1-19).

El actual gobierno de México firmó el recientemente adoptado Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y, en congruencia con él, ha anunciado un “nuevo paradigma fundado en el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas migrantes, asumiendo que la movilidad humana es un derecho que puede ejercerse de manera regular, ordenada y segura” (“El Universal”, 8-1-19).

Así, el gobierno de AMLO ha facilitado a los migrantes el trámite de visas humanitarias y permisos de trabajo. Sin embargo, algunos funcionarios mexicanos han bloqueado el paso de grupos de migrantes en los pueblos fronterizos, impidiendo así que soliciten asilo en Estados Unidos. Del mismo modo, el gobierno mexicano ha aceptado la reciente medida de Donald Trump de que los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperen el resultado de su solicitud en México, acto que viola el derecho humano al asilo.

La situación anterior ha sido interpretada por Azam Ahmed y Kirk Semple, periodistas de “The New York Times”, como una forma en la que el gobierno mexicano está “cumpliendo las metas migratorias del gobierno estadounidense de Donald Trump (…) lo que socava las promesas del gobierno de México de defender a los migrantes” (“NYT”, 1-3-1). En contraste, Ana María Aragonés, investigadora especialista en migración, ofrece una interpretación contraria al afirmar que, al aceptar a los solicitantes de asilo, México adopta una posición humanitaria y de derechos humanos, mientras esperan la resolución de su solicitud (“La Jornada”, 10-3-19). Lo cierto es que, aunque se lea la respuesta del gobierno mexicano como humanitaria, los solicitantes de asilo tienen que enfrentarse a condiciones de inseguridad y violencia en el territorio mexicano.

A pesar de los avances anteriores, en los primeros 100 días hay tres focos rojos que han captado la atención de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos: las reformas constitucionales sobre prisión preventiva y la creación de la Guardia Nacional, así como el proyecto del Tren Maya. Sobre estos volveré en la próxima entrega.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM

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