sábado , julio 11 2020
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Paraíso delictivo por deficiencias en la Fiscalía

Cuestionados resultados en la Representación Social

Enrique Mendoza Bolio (*)

Fuente: Diario de Yucatán

Durante los últimos días se ha hablado mucho sobre los pobrísimos resultados que ha dado el flamante fiscal general de Yucatán, Wílberth Cetina Arjona, desde que asumió tan importante cargo. Sin embargo, parece ser que todavía no se ha dicho lo suficiente.

Lo anterior es así ya que, desde que el abogado Cetina sucedió en el cargo al anterior procurador, los índices de impunidad se han disparado exponencialmente. Este fenómeno tan lamentable se debe, grosso modo, a las causas que se reseñan a continuación:

a) El servicio a los usuarios. La atención que brindan a los justiciables los servidores públicos que integran el primer eslabón de la cadena ministerial es deplorable. A manera de ejemplo, cabría mencionar que el tiempo promedio para la recepción de una denuncia escrita (es decir, que ya está redactada y, por tanto, no hay necesidad de realizar una entrevista) es de tres horas. Ello, sin considerar que la mayoría de las denuncias ni siquiera son recibidas, ya que los susodichos servidores disuaden a los ciudadanos para no presentarlas, bajo estólidas justificaciones tales como “no somos competentes para conocer de este delito” o “la conducta que denuncias no es delictiva”.

b) Negligencia en el desahogo de las pesquisas. La gran mayoría de las investigaciones ni siquiera son conducidas de manera diligente. En 2019 se iniciaron 16,419 carpetas; sin embargo, únicamente 1,319 de éstas fueron consignadas ante un juez. Estamos, por tanto, ante un índice de impunidad del 92% de los asuntos que son puestos del conocimiento del Ministerio Público local (sin considerar el porcentaje de los casos consignados en los que el tribunal absuelve al acusado por una deficiente actuación de la Fiscalía).

c) Conflictos de intereses. Asimismo, debe de señalarse que —desde que se instaló la nueva administración— los asuntos “prioritarios” (por utilizar un eufemismo) para la Fiscalía son, curiosamente, aquellos en los que los bufetes de algunos de los actuales vicefiscales, o incluso del propio señor fiscal, intervienen como partes interesadas.

Lo anterior resulta no sólo preocupante sino también, con todas sus letras, un actuar ilegal. Para arribar a esta conclusión, basta con percatarse que el artículo 14 —fracción II— de la Ley de la Fiscalía estatal prohíbe expresamente a los fiscales el ejercicio ––por sí mismos, o por interpósita persona–– de la abogacía.

No obstante el expreso impedimento recién invocado, el despacho del señor fiscal ––ubicado en la calle 31, marcado con el número 350 de la colonia Emiliano Zapata Norte–– sigue funcionando tan campantemente como lo hacía desde antes que aquél asumiera el cargo que le encomendó el Congreso estatal.

Claramente, el señor fiscal general ha cedido ante los llamados “poderes ocultos” y, por ello, su prioridad o preocupación no es el restablecimiento de la paz social sino, antes bien, la satisfacción de los intereses de tan subrepticio grupo.

d) Desaire a la transparencia y a la libertad de expresión. Un signo característico de toda democracia republicana es el imperio de los principios de publicidad gubernamental y rendición de cuentas. Ello es así ya que, si las autoridades desempeñan sus funciones bajo un manto de secretismo, los ciudadanos y los medios de comunicación se ven impedidos para ejercer el control social que distingue a las democracias de las dictaduras.

Señalado lo anterior, es preciso destacar que ––desde que cambió la titularidad de tan trascendente dependencia–– el acceso a la información pública a su cargo tornó en una quimera.

Para sustentar lo anterior únicamente se requiere señalar que la mayoría de las solicitudes de acceso a la información pública, presentadas tanto por particulares como por periodistas, son respondidas en sentido negativo, alegando —como común denominador— que la información instada es “confidencial”.

¿Cuál será la causa de la adopción de esta política ocultista? Bien dice el viejo adagio que “el que nada debe, nada teme”.

Conclusiones.

Realizado el esbozo anterior es dable afirmar que podrá reformarse la Constitución y el Código Penal las veces que sean, pero, si el órgano investigador no cumple las disposiciones que en tales normas se contienen, aquéllos se convierten en un mero “catálogo de buenos deseos”, sin que sea coercible su acatamiento.

La seguridad de los yucatecos no depende únicamente de la incidencia delictiva sino también ––en gran medida–– de la efectividad de la institución que, por razones no tan comprensibles, encabeza el abogado Cetina. Por ello, si el gobierno del Estado verdaderamente se preocupa por sus ciudadanos, como últimamente no han cesado de repetir, deberá de plantearse si la Representación Social de la entidad se encuentra —o no— en manos de la persona idónea y competente para ello.— Mérida, Yucatán.

enriquemendoza95@hotmail.com

Abogado postulante y secretario del Consejo Directivo de la asociación civil “En defensa de la seguridad jurídica yucateca”.

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