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¿Olvido para la paz?

Amnistía o indulto

Dulce María Sauri Riancho (*)

Fuente: Diario de Yucatán

Amnistía quiere decir “olvido”. Es una figura jurídica que va más allá del perdón, pues implica no sólo absolución de las faltas o crímenes cometidos, sino que los deja atrás, como si nunca hubieran existido.

Muchas veces, la amnistía se confunde con el indulto, facultad que tiene el presidente de la república o los gobernadores para perdonar a un sentenciado en forma definitiva, logrando de esa manera su excarcelación anticipada.

La figura de la amnistía es tan poderosa que solamente se puede aplicar previa aprobación del Congreso mediante una ley expedida con ese único propósito.

Un repaso a la historia muestra que han sido escasos los momentos en que, a juicio del Congreso, ha sido necesaria la expedición de una ley de Amnistía. En el siglo XIX, después de la derrota del gobierno de Maximiliano de Habsburgo, el presidente Benito Juárez promovió la amnistía para todas aquellas personas que habían colaborado con el II Imperio.

A esas alturas, los personajes más conspicuos, comenzando por el propio emperador, habían sido fusilados. Sin embargo, miles de personas, por convencimiento o por necesidad, habían colaborado con la administración imperial y otros tantos habían luchado en sus ejércitos. Ellos fueron beneficiados directos del “olvido” que implica la amnistía, de tal manera que pudieron continuar con su vida sin la zozobra de saberse perseguidos.

En 1939, después de la muerte del general Saturnino Cedillo, militar que encabezó una rebelión contra el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, sus seguidores fueron amnistiados mediante una ley ex profeso.

En 1971, el presidente Luis Echeverría promovió una ley de Amnistía para aquellos presos políticos sentenciados por sedición a raíz del movimiento estudiantil de 1968.

Apenas seis años después, el presidente López Portillo impulsó la más ambiciosa reforma político-electoral para reconocer la necesidad de la pluralidad política. Fue cuando el Partido Comunista dejó de estar en la clandestinidad y emergió como fuerza política de izquierda. La apertura política tuvo como consecuencia la expedición de la Ley de Amnistía, anunciada por el presidente de la república en su informe del 1 de septiembre de 1978. Sin embargo, por ser una ley de naturaleza federal, su aplicación estuvo severamente constreñida, pues la mayoría de los presos políticos estaban procesados y sentenciados por delitos del fuero común. La intervención del secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, ante gobernadores y congresos de los estados, hizo posible que se replicaran leyes de amnistía en las entidades federativas, lo que permitió la salida de la cárcel para esos jóvenes.

Cuando ellas y ellos recuperaron su libertad, los principales elementos que habían motivado su rebelión, habían desaparecido. Había un nuevo ambiente que propiciaba su participación pacífica en la vida nacional.

Un buen número se integró a las nuevas organizaciones políticas que habían surgido a raíz de la reforma de 1977 o contribuyó a crear otras.

La más reciente ley de Amnistía se aprobó y aplicó en 1994, después del alzamiento indígena campesino en Chiapas. Al llamado del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) cientos de mujeres y hombres se enfrentaron al Ejército durante diez dramáticos días, después de los cuales se inició la negociación política entre el gobierno y los grupos rebeldes. Instalada la mesa de negociación, abiertos los canales de diálogo, se procedió a promover la amnistía para todos los participantes en la fase armada del movimiento zapatista.

Iniciativa

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado una iniciativa de Ley de Amnistía al Congreso de la Unión que incluye seis supuestos delictivos: 1) aborto en cualquiera de sus modalidades; 2) homicidio en razón de parentesco, cuando sea “el producto de la concepción”; 3) delitos contra la salud, para quienes hayan producido, transportado, traficado, comerciado, suministrado, introducido o cultivado drogas o narcóticos; 4) a las y los indígenas “por cualquier delito” cuando no hayan contado con defensores o intérpretes en su propia lengua”; 5) robo simple y sin violencia, con pena menor a 4 años; 6) sedición, siempre que no se trate de terrorismo.

No niego la intención presidencial de apoyar a aquellas personas privadas de su libertad, sobre todo cuando ello se ha debido a su condición de pobreza o vulnerabilidad. Pero, tal como está la iniciativa, eso no se logrará.

En México, al 30 de junio de 2019 (Presidencia de la República, 1er Informe de Gobierno) existían 200,753 personas privadas de su libertad (procesadas y sentenciadas), de las cuales casi 170,000 (169,520) eran del fuero común. De los 31,233 restantes, que son los presos federales, no hay un solo expediente en todo el país abierto contra mujeres por abortar, porque ese delito es del fuero común; lo mismo aplica por haber privado de la vida a sus hijos en algún momento del embarazo o al nacimiento.

En cuanto a quienes están procesados o sentenciados por delitos contra la salud, el más relevante de los del ámbito federal, a diferencia de otras leyes de amnistía, la causa por la cual fueron privadas de su libertad las personas beneficiadas, seguirá existiendo, pues la demanda de narcóticos subsistirá.

Salvo que el gobierno decida abdicar de su obligación de perseguir a los narcotraficantes o que, de plano, se legalice la producción y venta de todo tipo de drogas, vaciar las cárceles ahora no remediará el problema.

Presumiblemente, la mayoría de Morena y sus aliados habrán logrado —o lograrán— con facilidad los votos necesarios para aprobar la Ley de Amnistía y enviarla al Senado, que actuará como cámara revisora.

¿Es lo que necesita México para combatir la inseguridad?

El otro camino, más complejo pero más sólido, sería que el presidente López Obrador utilizara su facultad (art. 89 constitucional, f. XIV) para indultar a todas aquellas personas que caigan en los supuestos de injusticia que, desde su perspectiva, existen. Claro que entonces la responsabilidad de la salida de varios miles de la cárcel recaería totalmente en su persona, no la compartiría con el Congreso.

¿Será esta la razón por la cual prefiere la Ley?

dulcesauri@gmail.com

Licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana, con doctorado en Historia. Exgobernadora y diputada federal plurinominal del PRI

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