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Aspecto del abandonado hospital de segundo nivel cuyo caso sigue en litigio entre el gobierno del Estado y la empresa particular contratada por Ivonne Ortega Pacheco en 2012, en los últimos meses de su gobierno

Millonario adeudo

Grupo demanda al gobierno por cancelar contrato

Grupo Marhnos, el principal accionista de Infraestructura Hospitalaria de la Península (IHP), S. A. P. I. de C. V. —encargada de construir el Hospital Regional de Ticul—, demanda el pago de 645 millones de pesos al gobierno del Estado como compensación por la cancelación del Contrato de Prestación de Servicios que firmó con esa empresa.

Esta cantidad sería mayor que los $567.2 millones que Banco Santander reclama al Ayuntamiento de Mérida por la cancelación anticipada del contrato de arrendamiento de miles de luminarias, impulsada por Renán Barrera Concha, pero aprobado en la gestión de la priista Angélica Araujo Lara en 2011.

El contrato del gobierno estatal con IHP para la construcción de un hospital de 90 camas en Ticul lo firmó la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, también del PRI, en 2012.

Según fuentes judiciales cercanas al caso, la administración de Rolando Zapata Bello, que sucedió a Ivonne Ortega, no acepta la demanda de IHP y, por el contrario, le ha ofrecido $125 millones por las instalaciones de ese hospital a medio construir.

El 6 de mayo de 2015, el gobierno del Estado rescindió el Contrato de Prestación de Servicios para construir y operar el hospital de Ticul, a IHP y su obligado solidario Marhnos Construcciones S. A. de C. V., por incumplir la entrega de la obra y el inicio de la prestación de los servicios en ese nosocomio, en la fecha establecida en el contrato: 12 de enero de 2014.

En ese tiempo, la obra apenas tenía 34% de avance.

Zapata Bello firmó con esas empresas un convenio modificatorio que otorga una prórroga de 300 días naturales para el inicio de operaciones, quedando como nueva fecha de entrega el 15 de octubre de 2014.

En ese convenio Zapata Bello, quien consideraba excesivo el tamaño y el costo de ese centro hospitalario ($5,571.5 millones a pagar en 25 años), pidió a los constructores un ajuste en el tamaño del proyecto, para hacerlo más chico.

Una cláusula de ese convenio modificatorio establece que luego del 15 de octubre de 2014, en caso de incumplimiento, la empresa y el gobierno del Estado tendrían tres meses para decidir si continuaban o rescindían el contrato.

Ese plazo se cumplió el 15 de enero de 2015. Empero, para esa fecha las obras del hospital apenas registraban un 42% de avance.

En otra cláusula de ese contrato se indicaba que ante el atraso en la entrega del hospital, el gobierno podría aplicar una multa de $25 mil por cada día de atraso y rescindir unilateralmente el contrato, si luego de tres meses de la fecha de entrega (16 de abril de 2015), la empresa seguía sin cumplir la terminación del edificio, como así ocurrió.

Sanciones

El 10 de abril de 2015, Servicios de Salud de Yucatán solicitó, mediante la vía ordinaria civil, el pago de la pena convencional a IHP. Ésta rechazó la demanda y el 14 de abril presentó ante la Corte Internacional de Arbitraje una solicitud de arbitraje sobre los incumplimientos contractuales del proyecto del hospital.

IHP y sus socios alegan que la causa principal del atraso de la obra es la petición de la SSY de cambiar el proyecto original del hospital, primero de 90 a 60 camas y luego a 30.

El responsable del atraso es el gobierno, explica Marhnos en un informe entregado a los tenedores de los bonos que esa empresa emitió en la Bolsa Mexicana de Valores para financiar la construcción de la obra.

Por ese motivo, IHP demandó a los SSY “un pago por terminación de $461,691,442.36, más su actualización, que a noviembre era cercana al 40% de ese monto”; es decir, $645.4 millones, dice la fuente consultada.

En el mismo documento IHP y Marhnos afirman que “los gastos financieros y la actualización conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, que se reclama a la SSY, hacen que se incremente el reclamo en una cantidad mensual aproximada de $7 millones”.—HERNÁN CASARES CÁMARA

En respuesta a esta postura, el gobierno estatal obtuvo por la vía civil un “Incidente de Cuantificación y Valoración de la Obra”, que cuantifica el pago de las instalaciones del hospital de Ticul y establece la cantidad de $125.051,765.7.

IHP ha respondido que aceptaría recibir ese dinero por concepto de adquisión de las instalaciones del hospital, “pero no como cantidad total”. Ésta, dice, “deberá ser resuelta por el Tribunal Arbitral conforme a derecho en términos de la cláusula 19.10 del Contrato PPS”.

Según la fuente del Diario, el asunto se complica porque el gobierno del Estado dirime este conflicto en el Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán, en tanto IHP y sus socios piden que se ventile en el Tribunal Arbitral.

Denuncia Proceso de arbitraje

Una empresa peninsular exige pago de $645.4 millones a los Servicios de Salud de Yucatán.

Al mes

Diversos factores, alega la firma, propician que “se incremente el reclamo en una cantidad mensual aproximada de $7 millones”.

Incidente

En respuesta a esa postura, el gobierno del Estado obtuvo por la vía civil un “Incidente de Cuantificación y Valoración de la Obra”, que cuantifica el pago de las instalaciones del hospital de Ticul y establece la cantidad de 125.051,765.7 pesos.

Resolución

Infraestructura Hospitalaria de la Península respondió que aceptaría recibir ese dinero por concepto de adquisición de las instalaciones del hospital, “pero no como cantidad total”. Ésta, dice, “deberá ser resuelta por el Tribunal Arbitral conforme a derecho en términos de la cláusula 19.10 del Contrato de Prestación de Servicios”.

El asunto se complica

Según la fuente del Diario, el gobierno del Estado dirime este conflicto en el Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán, en tanto IHP y sus socios piden que se ventile en el Tribunal Arbitral.

FUENTE:  Diario de Yucatán

 

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