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Legisladores priistas denuncian a la CFE ante Derechos Humanos

Como parte de las accionen que realizan ante las autoridades federales, legisladores yucatecos gestionan garantizar el servicio de energía eléctrica a los usuarios  durante esta contingencia causada por el coronavirus.

Las gestiones son no solo para mantener el servicio a quienes por cuestiones económicas no puedan pagar el recibo de luz en esta emergencia sanitaria, sino para que, en caso de que se les haya suspendido el servicio, se les restituya por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

En ese sentido, en previsión de que pudiera ocurrir el corte del servicio, los legisladores yucatecos presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de que emita la recomendación correspondiente a la CFE para que se abstenga de hacerlo y, en su caso, reconecte la luz a los usuarios que resulten afectados.

El documento presentado ante la CNDH, dirigida a su titular María del Rosario Piedra Ibarra, lo suscriben el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, la diputada federal Dulce María Sauri Riancho y el diputado local Felipe Cervera Hernández, en su carácter de representantes populares por Yucatán.

La queja se sustenta en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (2a./J.30:2018), en varias disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en una resolución del Juzgado Quinto de Distrito con sede en esta ciudad, derivado de un amparo que promovió una usuaria afectada por el corte del servicio de energía durante esta contingencia.

La Suprema Corte vincula el servicio de energía eléctrica al derecho a una vivienda adecuada, que consagra el artículo 4o. Constitucional, de manera que es una disposición del más alto nivel.

Los legisladores subrayan que el servicio de energía eléctrica es un derecho humano que no puede ser vulnerado en una emergencia sanitaria, más aún cuando se le pide a los ciudadanos que permanezcan en sus casas para evitar la propagación del contagio por el coronavirus.

Señalan que, en este contexto, donde la máxima autoridad del país ha hecho un llamado a la sociedad para permanecer en sus domicilios, resulta absolutamente ilógico y violatorio de derechos humanos la suspensión del servicio, pues no sólo afectan las condiciones de una vivienda digna, sino también a miles de negocios que son el pilar económico de Yucatán.

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