martes , abril 23 2019
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La 4T y derechos humanos

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Publicado en Diario de Yucatán

La “Cuarta Transformación”, o la “4T”, como el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha llamado a su gobierno, parece no conocer puntos medios: o la celebras o la condenas.

O te adhieres a la regeneración del país para erradicar la corrupción, la impunidad, la pobreza y la desigualdad siguiendo al tenaz líder carismático, o te horrorizas por la “venezolización” de México comandada por el obstinado caudillo populista.

Desde luego, ninguno de los dos extremos nos es muy útil para comprender con lo que sucede con el nuevo gobierno federal. Los primeros cien días del gobierno, cantidad de tiempo que siempre invita al análisis y a la evaluación precoz, ciertamente han sido testigos de cambios en la Presidencia de la República.

Algunos analistas consultados por Diario de Yucatán han señalado que se han dado grandes cambios en “lo simbólico” o, dicho de otro modo, en el “estilo” de la Presidencia, tales como la conversión de la residencia presidencial en Los Pinos en un centro cultural o la decisión de vender el avión presidencial para viajar en vuelos comerciales. En cambio, otros ámbitos aún aguardan los impulsos de transformación.

En cuanto al tema de los derechos humanos, la lectura polarizada y extremista ha llevado a algunos editorialistas ha afirmar que la 4T ha dado la espalda a los derechos humanos. Como escribí en la columna anterior (publicada el pasado 11 de marzo), la actual administración federal ha dado algunos pasos importantes para la protección de los derechos humanos en el país, como la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, el reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para que familiares de personas desaparecidas puedan acudir a dicha instancia, la apertura de los expedientes de la extinta Dirección Federal de Seguridad y el cambio del enfoque hacia las personas migrantes que atraviesan el territorio nacional. Si bien cada una de estas medidas es perfectible, me parecen decisiones atinadas.

Sin embargo, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos se han enfocado en tres asuntos para encender las alarmas: las reformas constitucionales sobre prisión preventiva y la creación de la Guardia Nacional, así como el proyecto del Tren Maya.

El 6 de diciembre del año pasado, el Senado de la República aprobó la ampliación del número de delitos que obligan a los jueces a ordenar la prisión preventiva de manera automática. Esta medida me parece condenable. Los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte disponen que la prisión preventiva debe ser excepcional. Al respecto se han pronunciado la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH) en México, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversas organizaciones y activistas de derechos humanos.

Jan Jarab, el representante de la ONU-DH en México, lo ha dicho con claridad: “la preocupación expresada no es por la prisión preventiva como tal, sino por su carácter ‘oficioso”, lo que significa que es obligatoria, automática, mecánica, que es la regla y no la excepción, que no es el órgano judicial quien decide, sino el Ministerio Público.

“Preocupa —afirma Jarab— que una figura que debiera extinguirse (en realidad, ¡que nunca debió consagrarse!) pretenda ahora expandirse” (“La Jornada”, 18-12-18).

Por su parte, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha señalado que “la imposición de la prisión preventiva automática u oficiosa para ciertos delitos constituye una eliminación de la presunción de inocencia”. El Poder Legislativo, dominado por el partido del presidente de la República, debe eliminar la prisión preventiva oficiosa.

El tema de la Guardia Nacional me parece más complejo. Más allá de los discursos, en los hechos significa que el estado de cosas siga más o menos como ha estado en los últimos años, es decir, que militares se encarguen de tareas de seguridad pública. La Constitución no les permitía a los militares dicha ocupación, hasta ahora, que fue modificada.

Las organizaciones y activistas de derechos humanos que han criticado la decisión de AMLO de crear la Guardia Nacional denuncian que se trata de una medida de “militarización” del país. Jarab ha declarado que, de crearse dicho cuerpo, “se consolidaría —a escala constitucional— el paradigma militar en materia de seguridad, mismo que ha contribuido al deterioro de la situación de derechos humanos en México”.

En otras palabras, que la Guardia Nacional no solo es una solución, sino que es una medida que empeoraría la crisis de violaciones de derechos humanos en el país.

La afirmación anterior es respaldada por casos como el de la familia Alvarado, tres de cuyos integrantes fueron desaparecidos por elementos del Ejército mexicano en diciembre de 2009 en el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua.

De hecho, el propio AMLO prometió en campaña retirar al Ejército de las calles; para él, el problema de inseguridad y violencia en México se solucionaría atendiendo sus causas, entre ellas la pobreza. Pero ya en funciones AMLO y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, han señalado que la fuerza militar es la única capaz de enfrentar la delincuencia en México y que por ello es necesaria la Guardia Nacional. Esto no es del todo cierto. Existen experiencias en Nuevo León, Michoacán y Guerrero de iniciativas de seguridad ciudadana que han logrado dar marcha atrás a la delincuencia. También es verdad que, en todo caso, la realización de tareas de seguridad pública tampoco ameritaba una reforma constitucional como la realizada. Existen alternativas, pero ni el Presidente ni el legislativo quisieron tomarse el tiempo para discutirlas. ¿Por qué?

Aunque personalmente no estoy de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional, reconozco que el Poder Legislativo se abrió a escuchar a expertos, organizaciones de la sociedad civil y que la mayoría de Morena hizo concesiones con respecto al proyecto original. La Guardia Nacional ya fue aprobada aunque aún falta que miles de personas sean reclutadas para que el proyecto de AMLO se haga realidad. Mientras tanto, los especialistas y las organizaciones de la sociedad civil debemos seguir insistiendo en la necesidad del fortalecimiento de prácticas e instituciones de seguridad ciudadanas.

Finalmente, con respecto al Tren Maya, el principal problema es que hasta ahora no conocemos cuál es el proyecto. Las principales preocupaciones son en materia ambiental, especialmente por las afectaciones a áreas naturales protegidas como la de Calakmul, en donde aún no hay vía de tren. Si bien el gobierno federal ha anunciado que cumplirá con toda la legislación ambiental y llevará al cabo las evaluaciones de impacto ambiental, existe una justificada preocupación porque muchas de dichas evaluaciones se hacen a modo, de acuerdo con los intereses de los promotores del proyecto, sin rigor metodológico y técnico.

Otra de las principales preocupaciones con respecto al Tren Maya y otros grandes proyectos de inversión del actual gobierno es el de la protección de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas. Como con el tema ambiental, el gobierno federal ha anunciado que cumplirá con su obligación de consultar a las comunidades indígenas afectadas. El problema es que no es muy claro si las consultas sobre el Tren Maya serán consultas “ciudadanas” como las que se han realizado hasta la fecha, que más bien son una especie de referendo donde los votantes pueden expresar si están de acuerdo o no con el proyecto, y no procesos de consulta que cumplan con los estándares internacionales en la materia, esto es, que sea previa, libre, de buena fe, informada, culturalmente adecuada.

De hecho, a inicios de este mes la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU envió una nota técnica al gobierno federal en la que expresa su “profunda preocupación (…) acerca de proyectos de inversión anunciados por (el) Gobierno que podrían afectar los derechos de los pueblos indígenas y, en particular, la intención de realizar consultas ciudadanas para recabar la opinión de la población nacional en general sobre la ejecución o no de esos proyectos. Falta claridad sobre cómo las consultas previstas tendrán en cuenta las obligaciones del Estado mexicano de implementar procesos específicos de consulta previa con los pueblos indígenas potencialmente afectados con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado” (OL MEX 2/2019).

Para concluir: el balance de los primeros cien días de la 4T en materia de derechos tiene claros y oscuros. Independientemente de nuestras filias y fobias políticas, creo que lo decisivo será la actuación de las y los ciudadanos y las denostadas organizaciones de la sociedad civil para vigilar el comportamiento del actual gobierno y exigir la protección de los derechos humanos para poder vivir una vida digna.— Mérida, Yucatán

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM

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