jueves , agosto 22 2019
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¿Justicia a favor de los poderosos?

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Publicado en Diario de Yucatán

“Triunfo legal de Homún”, fue una de las portadas más impactantes de Diario de Yucatán en 2018 (D. de. Y., 20-12-18). Esta nota, publicada el 12 de octubre, informó que Miriam de Jesús Cámara Patrón, juez cuarta de distrito, ordenó la paralización de la megagranja porcícola de Homún como una medida precautoria del derecho de las niñas y niños de Homún a un medio ambiente sano.

Como ha sido documentado, Homún forma parte del “Anillo de los Cenotes”, una zona extremadamente vulnerable a la contaminación por aguas residuales (las cuales afectarían no sólo a Homún, sino también a otros municipios, incluyendo a Mérida).

Si bien la suspensión de las actividades de la megagranja porcícola es una medida precautoria, mientras se resuelve el fondo del juicio —que aún puede demorar meses—, este triunfo legal ha generado expectativas positivas entre las numerosas personas interesadas en la protección del medio ambiente de Yucatán y en la justicia para las comunidades mayas. Primero parecía que, como suele suceder en México, la empresa no cumpliría la orden, pues los cerdos seguían en la granja, y que las autoridades no harían nada al respecto.

En un país en donde la impunidad es costumbre, no generó sorpresa que pasaran semanas sin que se cumpliera la orden de la juez.

Cuando lo común es que los medios de comunicación y las redes sociales difundan noticias sobre violencia, abusos, corrupción, despojo de tierras, contaminación de recursos; la circulación de fotos de camionetas retirando los cerdos de Homún devolvió esperanzas de que la justicia puede realmente ser justa.

El triunfo legal de Homún se trata de una de las noticias más importantes del año no sólo porque representó una protección a los derechos humanos de las comunidades mayas de Yucatán —las cuales constantemente son despojadas de sus tierras y recursos y no son consultadas sobre los proyectos que les afectan—, sino también porque se trató de un ejemplar caso en el que un juzgador, en este caso la juez Cámara Patrón, aplicó los estándares internacionales en materia de derechos humanos, buscando la protección más amplia de la infancia y del medio ambiente, yendo incluso contra los intereses de empresarios y autoridades del gobierno.

Pocas veces en México vemos que la justicia sea a favor de las víctimas, de los pobres, de los marginados y excluidos; generalmente, está a favor de los poderosos.

En un contexto en el que el presidente López Obrador ha criticado los altos salarios y privilegios de los jueces en el país, la empresa Papo, que promueve la megagranja porcícola, ha iniciado una campaña para deslegitimar a la juez Miriam de Jesús Cámara Patrón.

El pasado 14 de diciembre, los nuevos abogados de la empresa —entre ellos Gerardo Carrasco Chávez, director de litigio estratégico de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad— presentaron un recurso en el que señalan que la juez es parcial a favor de los quejosos de Homún; señalan que la juez otorgó la suspensión de la granja por la falta de consulta a la comunidad de Homún a pesar de que este argumento no estaba en la demanda inicial.

Como han aclarado Ka’anan Ts’ono’ot, la organización que defiende los cenotes de Homún, y Equipo Indignación, la organización defensora de derechos humanos que los asesora legalmente, desde un inicio ambas organizaciones denunciaron la falta de consulta a la comunidad de Homún. De hecho, fue debido a que las autoridades no cumplieron su obligación constitucional de consultar a la comunidad de Homún que habitantes organizaron su propia consulta en octubre de 2017, en la que la mayoría decidió que no quiere la megagranja porcícola.

Sin embargo, las autoridades yucatecas no reconocieron este ejercicio y, en términos legales, no se ha hecho ninguna consulta sobre la megagranja porcícola.

En cualquier caso, como bien apunta Lourdes Medina, abogada de Indignación, todos los jueces están obligados a suplir las deficiencias de las quejas, y el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expone con toda claridad que uno de los seis principios de carácter general que deben ser observados en cualquier momento del proceso de justicia en los que estén involucradas personas y comunidades indígenas es la participación, consulta y consentimiento frente a cualquier acción que los afecte. Así, “El impartidor o la impartidora de justicia debe corroborar fehacientemente que en todo acto administrativo o legislativo que les afecte (a indígenas), se haya garantizado el derecho a la participación, la consulta y el consentimiento libre, previo e informado”, reza el Protocolo en la página 48.

Ante la falta de sustento, el recurso presentado por los abogados de la empresa parecería un verdadero despropósito, una patada de ahogado, si no fuera porque se interpuso en un momento en el que debían proceder la toma de muestras para analizar la contaminación del agua y otros recursos debido a las operaciones de la megagranja porcícola.

Ante la presentación del recurso, se ha detenido la toma de muestras. Por eso, como señala José May, uno de los integrantes de Ka’anan Ts’ono’ot, el recurso puede entenderse como una forma de obstaculizar la justicia.

“La justicia beneficia generalmente a los empresarios, a los poderosos”, comentó Jorge Fernández Mendiburu, abogado de Indignación en la conferencia de prensa realizada ayer en el restaurante Amaro, en la que denunciaron el recurso presentado por la empresa. Así suele ser. Por eso me sumo al llamado de que se realicen los análisis del agua y de otros recursos posiblemente afectados por las operaciones de la megagranja porcícola en Homún; que pare la campaña de desprestigio contra la juez cuarta de distrito y, sobre todo, que sean protegidos plenamente los derechos de la comunidad de Homún y de todas las personas y seres del estado a un medio ambiente sano.— Mérida, Yucatán.

Rodrigo.llanes.s@gmail.com

@RodLlanes

Investigador del Cepchis-UNAM

Publicado en Diario de Yucatán

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