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Juez otorga amparo a niño contra obras en Tajamar; 100 mil piden quitar la sede de la COP13 a México

Por Redacción / Sin Embargo – HASTA LA NOCHE DE ESTE MIÉRCOLES, SE HABÍAN RECOPILADO MÁS DE 106 MIL FIRMAS PARA EXIGIR A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) QUE LE RETIRE LA SEDE DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP13) DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, QUE SE CELEBRAR EN DICIEMBRE EN CANCÚN.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– Un juez otorgó un amparo provisional a un menor de edad en contra de las obras en el en el manglar Tajamar, Cancún, Quintana Roo. El amparo fue promovido por la señora Samanta Yeraldin Jiménez Chávez en representación de su hijo menor Ethan.

“Se concede la suspensión provisional respecto del acto reclamado consistente a la orden y ejecución remoción de cualquier tipo de vegetación, así como relleno con cualquier clase de material en la zona denominada Malecón Tajamar e ingreso de retroexcavadoras, camiones y volquetes […], y para el caso de estar concluida dicha ejecución se suspenda todo inicio de diversas actividades vinculadas con obras civiles”, dice el documento.

El Juez Cuarto de Distrito de Cancún, Quintana Roo, consideró que prevalece el derecho del menor a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, así como a la preservación y protección del mismo.

Al darse a conocer la luz verde al amparo, la organización Salvemos Manglar Tajamar celebró en sus redes sociales el fallo:

Un CIUDADANO PEQUEÑO quiso ser y fue escuchado! Un CIUDADANO ADULTO en representación del MENOR Ethan, metió un amparo exigiendo su Derecho a un Ambiente Sano y le fue dada una suspensión provisional que nos beneficiará a TODOS Y AL MANGLAR TAJAMAR!

MÁS DE 100 MIL PIDEN CASTIGAR AL GOBIERNO FEDERAL.-Hasta la noche de este miércoles, se habían recopilado más de 106 mil firmas para exigir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que le retire la sede de la Conferencia de las Partes (COP13) de la Convención sobre la Diversidad Biológica, que se celebrar en diciembre en Cancún.

“Dados los hechos, ni el gobierno del estado de Quintana Roo que encabeza Roberto Borge Angulo, ni el gobierno de México son aptos para ser anfitriones del evento más relevante a nivel internacional para la defensa de la biodiversidad, y la sede debe ser otra. Los hechos lo demostraron: no tienen ningún interés en la protección de los derechos humanos, incluyendo a contar con un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ni en cumplir con los compromisos internacionales en la materia”, dice la petición subida en la plataforma Change.org.

El desarrollo “Malecón Tajamar” se desarrolla en zonas de manglar de 58.76 hectáreas en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, y consta de 30 proyectos, entre los que destacan torres residenciales, un centro comercial, un proyecto médico, un templo católico y edificios para oficinas.

La madrugada del 16 de enero, una brigada de policías y de maquinaria pesada ingresó al área para preparar la construcción de un desarrollo inmobiliario.

La fauna del bosque pantanoso no fue reubicada cuando se realizaron los trabajos, por lo que activistas denunciaron que especies vivas quedaron sepultadas bajo el concreto. Aunque el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aseguró que antes de llevar a cabo las obras, se propició la migración natural de fauna silvestre y flora a sitios contiguos mediante acciones que permitieron su protección.

Activistas afirmaron a SinEmbargo, momentos después, que la información dada por el gobierno “es una completa mentira”.

“El municipio mencionó en julio del año pasado que en conjunto con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente habían removido cerca de 2 mil plantas al Parque Ecológico Kabah y no es verdad, nosotros fuimos a investigar donde supuestamente estaban las plantas y era pura mentira”, dijo que Gerardo Solís, miembro de Cancún Salvemos el Manglar y presidente honorario de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos AC en Quintana Roo.

El escándalo tras el ataque al recinto natural ha involucrado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Fonatur, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Gobierno de Cancún y varias organizaciones civiles nacionales e internacionales.

Además partidos políticos como Acción Nacional (PAN) ha demandado ante la Procuraduría General de la República (PGR) a los responsables de los que llamaron “el ecocidio”.

Sumado a ello, el ex Presidente Felipe Calderón ha cruzado acusaciones con el Fonatur acerca de los permisos otorgados para la construcción del desarrollo inmobiliario.

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