Martes , octubre 16 2018
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Jaque a los gobernadores

Federalismo Vs. centralización

Dulce María Sauri Riancho (*)

Los gobernadores de las 32 entidades federativas son los destinatarios directos de las primeras medidas anunciadas por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Tal parece que por sus excesos y presuntos actos de corrupción serán los primeros en ¿resentir? las nuevas condiciones. Las reglas se impondrán por las razones o pretextos de su conducta. Hago un paréntesis: también en esta cuestión, Yucatán aparece como una isla, pues Rolando Zapata culminará su gestión bien evaluado por los yucatecos y será relevado por un panista.

El sistema político perdió el control sobre los gobernadores junto con el fin de la hegemonía del PRI. El presidente de la República estaba detrás de la definición de las candidaturas y vigilaba el ejercicio de su encargo, incluyendo los recursos federales entregados a las arcas estatales. En caso de desviaciones o excesos, los gobernantes “solicitaban” licencia para separarse de su responsabilidad. Así ocurrió con algunos matices hasta 1997, cuando en la Cámara de Diputados hizo mayoría la oposición al PRI. Ese año se creó el Ramo 33, para garantizar dinero a estados y municipios, sin pasar necesariamente por la Secretaría de Hacienda.

Después de la derrota del PRI en 2000, por convicción o por necesidad, el federalismo fiscal se aceleró, lo que en buen castellano significó el incremento sistemático de las transferencias del presupuesto federal a los estados. Simultáneamente, la transición desvaneció los últimos tenues hilos de control político presidencial sobre los gobernadores. Esta situación se profundizó en la administración de Felipe Calderón, cuyo accidentado ascenso a la silla presidencial se logró en buena medida gracias la intervención de los gobernadores priistas. En este marco se vivió la prosperidad petrolera asociada a los altos precios del crudo en el mercado internacional. Las frágiles estructuras institucionales de estados y municipios no pudieron procesar adecuadamente —manera elegante de decir que despilfarraron— los recursos transferidos, y lo que es peor, propiciaron la corrupción y los malos manejos de los programas gubernamentales.

Al triunfar el PRI en 2012 fue notoria la ausencia del marco legal que estableciera nuevos controles institucionales en sustitución de las antiguas reglas políticas. Hubo acciones para corregir excesos, tales como la centralización de las nóminas de pagos al magisterio, después de más de 20 años de manejo estatal; o la concentración de las adquisiciones de medicamentos del Seguro Popular, bajo la razón de lograr mejores precios, pero también para cerrar las “grietas” por las que se filtraban millones de pesos. ¡Ojo! Estas medidas generaron retrasos de pago a l@s docentes, inconcebibles en la era de la digitalización y las transferencias electrónicas, o en hacer aún más complejas e ineficientes las cadenas de abasto del sector salud.

De los 32 gobernadores en 2019, 13 serán del PAN; 12, del PRI; cinco, de Morena, uno del PRD y otro más de Movimiento Ciudadano. Tal vez por eso —promete AMLO— todo será diferente. No le pasará lo mismo que a sus tres predecesores, los presidentes del siglo XXI. Por ello habrá un responsable de todos los programas e instituciones federales en cada una de las 32 entidades federativas, una especie de “agente del desarrollo” que única y exclusivamente responda al presidente de la República, o sea, a él. Para que el tramo de control lopezobradorista sea aún más corto, también se ha anunciado que habrá una figura similar en cada uno de los 300 distritos electorales. Por ejemplo, en Yucatán significará que a Huacho Díaz se le sumarán otras cinco personas, mismo número que los distritos en que está dividida la geografía electoral yucateca. No se necesita ser politóloga o pitonisa para pronosticar que están sembrando anticipadamente a sus candidat@s a la contienda electoral de 2021. Dispondrán de los programas y de las aportaciones federales que, hasta ahora, han manejado las administraciones estatales. El círculo se cierra con la amplia mayoría que tendrá Morena en la Cámara de Diputados, la que podrá distribuir sin contrapeso alguno, los programas y presupuestos federales a ejercer desde 2019.

La propuesta de López Obrador no es novedosa. Aunque aspira a incidir en toda la administración federal en los estados, se parece mucho al Programa Nacional de Solidaridad del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Los delegados de Pronasol fueron electos primero senadores o diputados; después fueron postulados por el PRI como candidatos a gobernador de sus respectivas entidades. Todos, sin excepción, ganaron en Coahuila, Oaxaca, Tamaulipas, etcétera.

El espacio me impide abundar sobre dos cuestiones fundamentales para aquilatar la importancia del análisis de las medidas anunciadas por la próxima administración en materia de federalismo. La primera, la mayoría obtenida por Morena en 19 congresos estatales, lo que permitiría ejecutar nuevos mecanismos de fiscalización sobre los programas gubernamentales o, por lo menos, hacer efectivos los que actualmente existen. La segunda, la Ley de Coordinación Fiscal que, con mayoría absoluta de la que dispondrá Morena a partir del 1 de septiembre, podrá ser modificada sin más trámite, para reducir drásticamente las participaciones federales a estados y municipios, así como las aportaciones a distintos programas. El panorama que se vislumbra anuncia que Mauricio Vila, gobernador, no la tendrá fácil.

Me reservo una vertiente de reflexión que merecerá el espacio completo de algún próximo artículo. Me refiero a la cuarta etapa, no de la Historia ni del gobierno, sino del Partido de la Revolución, de aquel fundado en 1929, desde la presidencia —con las siglas PNR— y que ahora parece recrearse en un movimiento, Morena, para ocupar el espacio político del Estado de la (cuarta) Revolución.— Mérida, Yucatán.

dulcesauri@gmail.com

Licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana, con doctorado en Historia.

Ex gobernadora y candidata del PRI a diputada federal por la vía plurinominal

Fuente: Diario de Yucatán

 

 

 

 

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