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Fraude con Crecicuentas en Yucatán

Sábado, 25 de abril de 2015 – Edición impresa

El caso Crecicuentas, una empresa contra la que hay pendientes numerosas denuncias de fraude a familias ahorradoras, salió a la luz pública de nuevo, ahora por un reportaje transmitido en el programa ‘’Punto de Partida’’, que conduce la periodista Denise Maerker, de la cadena Televisa.

En la emisión, anteanoche, se dijo que, como se ha informado, en Yucatán hay cientos de defraudados por Crecicuentas, al parecer protegida de las autoridades, porque uno de los socios y cómplices es Víctor Caballero Durán, ex secretario de tGobierno estatal y actual estratega de la campaña del PRI en todo el Estado.

También se planteó en el programa que las denuncias de los afectados no proceden porque Caballero era secretario de Gobierno y Celia Rivas Rodríguez, comadre suya, era la titular de la Fiscalía General del Estado, cuando se promovieron esas quejas legales.

Actualmente ambos son candidatos del PRI a diputados locales.

Entrevistado al respecto, Caballero manifestó que no tiene relación o responsabilidad algunas con el presunto fraude de Crecicuentas y aclaró que su vinculación con esa empresa fue estrictamente profesional hace ya varios años.

El ex funcionario precisó que de 2006 a 2010 brindó a esa empresa sus servicios profesionales como abogado independiente, para atender asuntos estrictamente jurídicos, como la cobranza judicial y extrajudicial de la cartera vencida.

“Lo digo con claridad, nunca he sido socio de esa empresa como se señala dolosamente”, recalcó.

El político explicó que la carga de cuentas por cobrar en esa época era demasiada y constituyó con otros profesionales una sociedad que permitiera desahogar todos los asuntos, siendo ésta la denominada “Asesores Laborales Peninsulares”, que por su objeto social sólo atendía asuntos jurídicos y administrativos y en la que un socio fue Jorge Argáez.

En su opinión, hubo un manejo parcial del reportaje televisivo, en particular el señalamiento de supuestas transferencias a Asesores Laborales Peninsulares “sin ninguna justificación”. “Lo que en realidad se transfirió no fue dinero, sino documentos, pagarés, que conformaban la cartera vencida, que trabajamos para recuperarla mediante juicios mercantiles’’, dijo.

Según señaló, su relación laboral y de servicios terminó a finales de 2010.

“También considero importante que en su momento desde el gobierno del Estado se siguieron los procesos correspondientes que ahora están en manos de las instancias judiciales y federales, y estoy seguro de que en tiempo y forma habrá una solución a sus demandas”, añadió Caballero.

En contraste, para Juan Chaia, de ‘’Poder Ciudadano. Colectivo 4 de Julio’’, el programa, técnicamente muy bien elaborado, muestra múltiples miserias, limitaciones y flagrantes violaciones legales, que ponen en entredicho el tan cacareado y aplaudido sistema de administración de justicia del Estado, evidenciando la red de complicidades, negligencias y omisiones habidas desde hace mucho tiempo, más dos años, en las instancias jurídicas que han tenido a su cargo este proceso jurídico.

Este contenido del programa ‘’Punto de Partida’’ fue posible elaborarlo y presentarlo al público gracias al valor indomable de las Abuelas de la Plaza Grande y a la entrega y apasionamiento de otras personas, dice el activista.— D. Domínguez.

De un vistazo

La ex fiscal

Sobre el reportaje de Televisa, la ex fiscal del Estado Celia Rivas Rodríguez, actual candidata a diputada por el PRI, indicó que durante el periodo que ocupó la Fiscalía a partir de que se recibieron las denuncias de los particulares y empresas afectadas la dependencia realizó una exhaustiva investigación de cada uno de los 220 expedientes derivados de las denuncias.

Detalló que como resultado de las pesquisas y en apego al derecho fueron turnados más de 115 expedientes a la PGR, ya que la comisión de estos delitos corresponden al ámbito federal y no al estatal. La ex fiscal indicó que el caso de Crecicuentas es sin duda un hecho lamentable, ya que atenta contra el patrimonio de un grupo de yucatecos. “Pugno por la aplicación irrestricta de la ley”.

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