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Firmas no reconocidas

Acta irregular de asamblea, base de elaborado despojo

El grupo de notarios, abogados y supuestos inversionistas señalado como responsable del despojo de numerosos predios en Yucatán y que ahora intenta apoderarse de un valioso terreno del empresario Carlos García Ponce no ha tenido obstáculos para falsificar documentos y firmas personales y protocolizarlos ante notario, con tal de cumplir sus objetivos.

Esto lo hacen ante la aparente indiferencia de las autoridades, del Consejo de Notarios y del Colegio de Abogados de Yucatán.

De acuerdo con información obtenida por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, el supuesto empresario Manuel Enrique Aguilar Herrera, con domicilio en la colonia Amapolita, se ostenta como propietario del terreno de García Ponce, con un valor comercial de $60 millones, que adquirió, según él, por medio de un contrato de compraventa privado, que después se probó que es falso.

Ese contrato se firmó en1982 entre Aguilar y Carlos Sauma Sauma, apoderado de Embarcaciones Zena, propietaria original del terreno, pero las autoridades judiciales rechazaron la validez de ese contrato en primera instancia, como ya informamos.

Uno de los argumentos fue que no había forma de comprobar la autenticidad de las firmas del vendedor y del comprador incluidas en ese documento.

No obstante, como también ya publicamos, ese contrato fue protocolizado por el notario Luis Silveira Cuevas el 24 de febrero de 2016.

Con ese documento, Aguilar y sus socios intentaron registrar el predio en el Registro Público de la Propiedad, el 9 de noviembre de 2016, pero esa dependencia rechazó la operación por no cumplir con los requisitos mínimos de validez.

Asamblea

Para salvar este obstáculo, Aguilar Herrera acudió de nuevo con el notario Silveira Cuevas a fin de que protocolice la simulación de una asamblea de accionistas de Embarcaciones Zena, supuestamente celebrada el 15 de enero de 1983, en la que todos los socios de la empresa, incluyendo al propio García Ponce —dueño del 50 por ciento de las acciones en ese año—, habrían autorizado la venta de ese terreno, identificado como el tablaje catastral 1014, del Puerto de Abrigo Yucalpetén.

En esa supuesta acta de asamblea ordinaria, que Silveira Cuevas protocoliza el 26 de septiembre de 2017,  ¡treinta y cuatro años después de que presuntamente se realizó!, según consta en el acta 790 de esa fecha, en poder de Central 9, los accionistas también ratificaron a Sauma Sauma y a García Ponce como presidente y secretario de la sociedad y otorgaron un poder amplio para actos de dominio a favor de Pablo Humberto Güémez Loría. Éste, con domicilio en Ciudad Caucel, pero oriundo de Tizimín, de donde también es uno de los abogados de Aguilar Herrera, fue comisionado, de acuerdo con la supuesta acta, para que junto con Aguilar Herrera eleven a escritura pública el contrato de compraventa de 1982.

Eso se hizo el mismo día que se levantó el acta anterior y con el mismo notario, que para este efecto levantó el acta 791.

En el acta 790 aparecen las firmas de los accionistas de Embarcaciones Zena, S.A. de C.V., que eran, además de García Ponce, el mismo Sauma Sauma, con el 49.7 de las acciones; y Jorge Sauma Novelo, Eduardo Arana Rosado y Luis Augusto García Santinelli, con el 0.1 por ciento cada uno.

En esa acta, Güémez Loría manifiesta que “bajo protesta de decir verdad las referidas firmas son auténticas y fueron puestas personalmente” por esos señores.

Investigación

Investigaciones posteriores realizadas como consecuencia de la denuncia presentada por los abogados de García Ponce en contra de quienes pretenden apoderarse de su terreno, por lo cual la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación M3/002597/2017, de fecha 30 de noviembre de 2017, demostraron, empero que las firmas de los socios que aparecen en el acta de 1983 son falsas y que aun así el notario Silveira Cuevas protocolizó ese documento.

Así lo declaran tres de los accionistas de Embarcaciones Zena, interrogados por Rodrigo Silvestre Quintal Polanco, agente de la Policía Estatal de Investigación, adscrito a la comandancia de Delitos Patrimoniales.

En un informe que el agente rinde al fiscal investigador de la agencia mixta tres, fechado el 14 de enero de 2018, cuya copia obra en poder de Central 9, aparecen las declaraciones de García Ponce sobre el tema en las que asegura que esas actas son “totalmente falsas”. Añade que efectivamente él era accionista de esa empresa en aquella época, pero nunca firmó esa acta, “por lo tanto mi firma puesta allí es falsa”. Además, dijo que no conoce a Aguilar Herrera ni a Guemez Loría. También declara que es absurdo pensar que el contrato de compraventa protocolizado por Luis Silveira pudo haberse realizado, “ya que Embarcaciones Zena se dedicó a pelear la propiedad de dicho predio, a través de distintos litigios contra Promotora Incomba (propiedad de García Ponce), por más de 30 años”.

Involucrado

El mismo agente de la Policía de Investigación interrogó a otro de los accionistas, Eduardo José Arana Rosado, de 77 años, en su domicilio de esta ciudad, quien dijo, según el reporte oficial, que no recordaba que en alguna de las asambleas en las que participó se hubiera vendido el predio de Yucalpetén y que tampoco conocía a Aguilar Herrera ni a Güémez Loría.

Quintal Polanco habló también con Luis Augusto García Santinelli, de 70 años de edad, con domicilio en Ciudad del Carmen, quien “manifestó desconocer completamente el acta de la asamblea protocolizada por el notario Luis Silveira”. (Continuará).—HERNÁN JAVIER CASARES CÁMARA

Añadió, de acuerdo con el reporte policíaco, que en 1983 efectivamente era accionista de Embarcaciones Zena, pero que con respecto al acta de asamblea supuestamente celebrada ese año y protocolizada por Silveira Cuevas, “lo único que tengo que manifestar es que es totalmente falsa”, porque yo nunca firmé un acta “en la cual se vendiera el tablaje 1014. De hecho resulta ilógico y contradictorio pensar que los accionistas de Zena pudimos haber vendido dicho predio en 1982, ya que la misma empresa, como consta en el Registro Público de la Propiedad, otorgó ese predio en garantía hipotecaria en 1985 a favor de Banpesca. Por lo tanto resulta evidente que el acta protocolizada por Silveira Cuevas es un fraude”.

En su reporte, el agente Quintal Palomo recoge también estas declaraciones de García Santinelli: “espero que las autoridades competentes encuentren a las personas que falsificaron nuestras firmas y enfrenten las consecuencias legales. No es posible que alguien pueda falsificar la firma de una persona y no enfrentar ningún tipo de consecuencia. Por eso los fraudes y despojos en Yucatán son preocupantemente normales y suceden más seguido que en cualquier otra entidad”.

Fuente: Diario de Yucatán

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