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Falta de permiso diplomático ha frenado un par de años el proceso contra Javier Duarte por desapariciones

A poco más de dos años de que se girara una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su probable responsabilidad en diversas desapariciones forzadas ocurridas en su estado, el proceso penal en su contra no ha iniciado.

¿La razón? El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha conseguido el permiso diplomático que requiere de Guatemala para poder ejecutar oficialmente la orden de aprehensión girada en contra del exgobernador, trámite indispensable para poner en marcha el proceso.

Así lo revela un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregado vía transparencia a Animal Político, que además sostiene que no hay un plazo o fecha límite para obtener una respuesta del gobierno centroamericano sobre el permiso que se requiere.

El permiso de Guatemala es necesario ya que Duarte fue detenido en abril de 2017 en ese país y el tratado de extradición firmado con ellos – como la mayor parte de los tratados – contempla que una persona solo puede ser procesada por los delitos por los cuales se pidió su detención originalmente. En el caso del exgobernador de Veracruz, la solicitud original fue solo por lavado de dinero y delincuencia organizada.

La orden de captura en contra de Duarte se giró el 6 de junio de 2018 luego de que la Fiscalía General de Justicia de Veracruz presentó ante una jueza del estado los avances de una carpeta de investigación, en la que se sostiene que el exgobernador tiene algún grado de responsabilidad en diversas desapariciones ocurridas en el estado.

En dicha indagatoria se presume que el exmandatario supuestamente permitió que fuerzas de seguridad estatales perpetraran, de forma sistemática, diversas desapariciones en Veracruz entre los años 2010 y 2016, la mayoría de las cuales siguen sin esclarecerse.

La jueza que recibió el caso determinó que había indicios suficientes para otorgar la orden de captura, pero a partir de ese punto todo el procedimiento se ha complicado.

Fallas, omisiones, retrasos…

Luego de que se girara la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, el gobierno de México tardó prácticamente un año tan solo en enviar de forma correcta la solicitud denominada “excepción al principio de especialidad” a Guatemala, para poder procesar a Duarte por un delito distinto.

Animal Político publicó, en su momento, que desde el inicio hubo complicaciones al integrar el expediente debido a errores o falta de datos en el mismo. Fue la propia SRE la primera que consideró que existía información incompleta, por lo que devolvió la solicitud a la Fiscalía General de la República que, a su vez, la entregó a la Fiscalía de Veracruz.

El 17 de junio de 2019 la Embajada de México entregó finalmente la solicitud a Guatemala pero unos días después, el 28 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano devolvió el expediente pidiendo que se corrigieran algunas omisiones.

En el nuevo oficio que la SRE entregó ahora a este medio, la cancillería sostiene que la información ya fue completada y entregada con México a Guatemala desde agosto del año pasado, pero que se continua en espera de una resolución.

“La solicitud de excepción a la regla de especialidad, que el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos presentó al Gobierno de la República de Guatemala, con el fin de que se autorice que el señor Javier Duarte de Ochoa, quien fuese extraditado Por ese país a México EN 2017, pueda ser sujeto a proceso penal diverso a aquel que motivó su entrega, actualmente continua en estudio por las autoridades competentes de aquel país”, indica la SRE.

La cancillería añade que no existe algún término ni plazo para que Guatemala responda si concede o no dicha solicitud.

Un caso electoral e inventado: defensa

La defensa del exgobernador de Veracruz confirmó que la orden de aprehensión en contra de Duarte no se ha cumplimentado por la falta del aval diplomático, pero añadieron que aun cuando Guatemala diera luz verde a ello el caso se caería pues “se trata de una acusación sin sustento, construida sobre pruebas fabricadas y con fines político-electorales”

En un posicionamiento enviado a este medio, los abogados defensores señalan que existen documentos como una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz que prueban que Gilberto “N”, testigo de la fiscalía en contra de Duarte, fue torturado para inculpar a autoridades estatales en las desapariciones.

“No es una imputación que nos preocupe como defensa, ya que más allá de un obstáculo procesal, la propia fiscalía enfrenta una investigación plagada de violaciones a Derechos Humanos que demuestran que fue un verdadero montaje con fines electorales”, indican los abogados.

La defensa destacó que lo realmente grave es que ante un delito tan delicado como el de la desaparición forzada la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes haya antepuesto intereses políticos para privilegiar una acusación en contra de Duarte ,donde solo se le logran imputar presuntas omisiones.

“Lo realmente alarmante es que la administración estatal anterior estuviera dispuesta a mal informar a la sociedad de que el exgobernador participó en la comisión de ese abominable delito, cuando en realidad los hechos que se señalan es su supuesta participación en la obstaculización en una investigación ministerial y no la desaparición forzada de persona alguna”, señala la defensa.

Cabe señalar que el propio Javier Duarte había señalado con anterioridad a Animal Político que la acusación en su contra era un “montaje”, y que no tenía ningún temor de enfrentar un proceso por ello en México, pues es inocente y ajeno a esos hechos.

Desaparición e impunidad

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, en Veracruz hay más de 5 mil personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. Se trata del cuarto estado en el país con la mayor cantidad de personas cuyo paradero es desconocido.

No solo eso. Hasta febrero pasado en Veracruz se habían descubierto 432 fosas clandestinas con restos humanos, la mayor cifra para una entidad solo detrás de Tamaulipas.

En la administración de Javier Duarte en Veracruz se volvió constante la participación de fuerzas estatales y municipales en la desaparición de personas, en presunta complicidad con el crimen organizado. El común denominador de muchos de estos casos es que continúan en la impunidad.

Ejemplos sobran. En el especial “Desaparecer en Veracruz” Animal Político dio cuenta de la desaparición de al menos 15 jóvenes a manos de la policía estatal de Veracruz en 2013. Todas las victimas fueron detenidas sin órdenes de aprehensión ni causa alguna que justificara su arresto. Se presume que algunas de ellas fueron llevadas a la Academia de la Policía Estatal donde fueron torturadas. Ninguno regresó con vida.

Investigaciones de la Fiscalía del estado documentaron dichos casos como parte de una estrategia denominada “Tiro de Gracia”, y llevaron a la detención de altos mandos de la policía estatal del gobierno de Duarte. Pero a la postre los exfuncionarios salieron en libertad y aunque hay procesos que siguen abiertos, no existen condenas.

¿En qué gastaba la esposa de Duarte?

Otro caso emblemático fue el de la colonia Formando Hogar en el puerto de Veracruz donde, también en 2013, seis jóvenes fueron detenidos en un operativo conjunto por elementos de la policía estatal con el apoyo de la Marina. Ninguno regresó y aunque se iniciaron averiguaciones previas por ese hecho, ninguna ha llegado a un resultado.

Los casos continuaron hacia el final del gobierno de Duarte. Uno de los de mayor impacto fue el ocurrido el 11 de enero de 2016, cuando cinco jóvenes que fueron detenidos por agentes estatales en el municipio de Tierra Blanca. Nunca se les volvió a ver con vida. Pequeños fragmentos óseos hallados con posterioridad en un rancho llamado “El Limón”, confirmaron que las víctimas fueron asesinadas.

La conmoción que provocó este caso llevó a una serie de detenciones de agentes estatales e integrantes de crimen organizado, pero a cuatro años de esos hechos ninguno de ellos ha sido condenado. (ANIMAL POLITICO)

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