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Empresas fantasmas en denuncias del gobierno yucateco

Para el nuevo presidente del Consejo de Notarios de Yucatán, Gonzalo Enrique Irabién Arcovedo, la sociedad debe estar tranquila respecto a las actividades de la llamada “mafia inmobiliaria”.

Enrique Irabién Arcovedo, presidente del Consejo de Notarios

Hernán Casares Cámara

Publicado en Diario de Yucatán

El Consejo de Notarios y el gobierno del Estado le estamos cerrando las puertas a ese grupo para lograr su desaparición total, afirma Gonzalo Enrique Irabién Arcovedo, quien tomó posesión como presidente de ese Consejo el miércoles 2 de enero pasado.

En entrevista con el Diario, el nuevo dirigente también reconoce la proliferación de casos de falsificación de escrituras de notarios y escribanos por parte de esa “mafia”, aunque aquí igualmente, dice, las autoridades pronto tomarán medidas para detener este delito.

En los últimos meses, Diario de Yucatán ha informado de numerosos casos de apropiación de casas y terrenos por integrantes de lo que se ha denominado la “mafia inmobiliaria”, un grupo de abogados, empleados bancarios, funcionarios públicos, notarios y escribanos que se quedan con esos predios mediante la falsificación de documentos oficiales.

La situación llegó a tal grado, que diputados del PRI y el PAN presentaron el año pasado sendas iniciativas para reformar la Ley del Notariado y frenar las actividades de ese grupo.

Al final, empero, la legislación cambió a raíz de otra iniciativa, la que presentó el anterior gobernador Rolando Zapata Bello, aunque ésta dejó inconformes a muchos.

Hasta hoy los casos de despojo de predios siguen creciendo. ¿Cómo lo explica?

“Los dejaron crecer”, responde Irabién Arcovedo.

El Consejo de Notarios, afirma el directivo, debe recibir las quejas de los ciudadanos por anomalías de los notarios, investigarlas y turnarlas al Ejecutivo, mediante la Consejería Jurídica, para que éste aplique las sanciones correspondientes, como lo establece la ley.

El Consejo anterior “actuó bien, hizo su trabajo” y le proporcionó al gobierno pasado toda la información pertinente sobre el tema.

“Podemos mandar cinco observaciones contra notarios, por decir algo, pero si el gobierno no te hace caso o considera que no proceden las sanciones, pues simplemente no podemos hacer nada”.

Al parecer, ahora, ese no es el caso, ¿verdad?

No en absoluto, le garantizo, no es el caso.

Y antes, ¿sí era el caso?

Sí, sí era.

Según usted, ¿existe una “mafia inmobiliaria” en Yucatán?

Considero que la palabra “mafia” la usan los medios para llamar la atención del problema. La falsificación ocurre en toda clase de documentos, incluidos los billetes.

Sí, pero en los casos atribuidos a esa “mafia”, algunas de las personas involucradas acabaron en la cárcel, por falsificación de documentos.

De acuerdo, y por eso digo que nosotros, en el Consejo de Notarios, estamos cerrándole las puertas a esa “mafia”, para que desaparezca totalmente.

Irabién Arcovedo acompañó a la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, y al consejero jurídico, Mauricio Tappan Silveira, el jueves 17 en Palacio de Gobierno, cuando éste anunció la suspensión de los notarios Carlos Goff Rodríguez y Mario Montejo Pérez, por seis meses, debido a “falta de honestidad y probidad” y la revocación del nombramiento de 19 escribanos, también por graves fallas a la ley.

Ese anuncio no tiene precedentes. En otras ocasiones, la suspensión de un notario (la última ocurrió en 2010) se informaba a través del Diario Oficial y pasaba inadvertida para el público.

Esto es correcto, afirma Irabién Arcovedo, aunque en esta ocasión “se hizo un anuncio oficial desde Palacio, por la trascendencia no solo de la suspensión de dos notarios en el actual contexto, sino de los 19 escribanos, ¡y qué bueno que se tomó esta acción!”, añade. “Estamos muy contentos con lo hecho por el gobierno”.

Respecto a la suspensión de los notarios, ¿hay otros casos pendientes?

Sí, hay uno dictaminado por el Consejo anterior, que debe pasárnoslo para nuestra aprobación o no, y otro que llegó recientemente y del cual ya estamos investigando.

En relación con la suspensión del licenciado Goff Rodríguez, notario número 97, Irabién Arcovedo afirma que este caso viene, como el de Montejo Pérez, del antiguo Consejo, que emitió un dictamen sobre nueve quejas recibidas en su contra. Ese dictamen se remitió a la Consejería Jurídica en noviembre y ésta decidió la suspensión de Goff por su responsabilidad en una de esas quejas, como el Diario ya informó.

En este caso, explica el directivo, el notario no se presentó a la audiencia de conciliación, como lo obliga la ley, por considerarlo, según él, innecesario, pues ya había logrado un acuerdo con el quejoso, pero su inasistencia lo dejó en estado de indefensión, dice. “Hasta el momento no hay desistimiento del denunciante ante el Consejo, por lo que para nosotros el problema sigue”.

En el caso del licenciado Montejo Pérez, notario 74, Irabién Arcovedo confirma la información del Diario según la cual ésta es la tercera vez que se le suspende de sus funciones.

En esta ocasión, añade, la suspensión fue por varias fallas administrativas, entre ellas la ausencia de sus oficinas el día de la inspección realizada por el Consejo, que se efectúa una vez al año a todos los notarios; y a la detección en su libro de varias escrituras sin formalizar y que, por eso, debían ser canceladas.

También se encontraron otras escrituras con los apéndices sin la documentación completa y, aunque eso podría deberse a un traspapeleo, es responsabilidad del notario tenerla en orden, dice el entrevistado.

Asimismo, se observaron escrituras sin la firma del notario o con el sello sin llenar.

Según Irabién Arcovedo, estos casos, empero, no representan la actuación de los notarios yucatecos. “Creo, sin temor a dudas, que más del noventa por ciento de los notarios funciona perfectamente, aunque, es cierto, lo debe de hacer el 100 por ciento”.

En cuanto a los escribanos suspendidos definitivamente de sus funciones, Irabién Arcovedo dice que la principal causa para sancionarlos fue su negativa a entregar su informe semestral de labores, “ya que las recientes modificaciones a la ley los obliga a cumplir este requisito”.

De acuerdo con estas modificaciones, los escribanos deben mandar al Consejo de Notarios una relación con la fecha y número de sus escrituras, volumen y folio donde se asientan, nombre del otorgante y clase de contrato.

Hasta antes de estos cambios, el Archivo Notarial era quien regulaba la actividad de los escribanos, aunque sin un marco legal estricto.

“El problema de los escribanos era que no usaban protocolo y a veces no manifestaban las operaciones de compraventa o las guardaban y al no tener un número era imposible darles seguimiento”, dice Irabién Arcovedo.

Ahora, con los cambios a la ley, éstos deben entregar su informe detallado al Consejo cada seis meses, sin posibilidad de prórroga, y quien no lo haga recibe la suspensión definitiva.

“Con esta medida”, añade, “vamos cerrando las puertas a quienes incurrían en operaciones fraudulentas”.

Los nombres de los escribanos sancionados y de las poblaciones donde actuaban son:

José Rafael Hoil Martín, Dzitás; Israel Puc Quintal, Hunucmá; Wilberth Candelario Hau Chan, Maní, y Erlyn Dídier Quezada Cutz, Progreso.

También Julio César Rodríguez Santamaría, Sacalum; Andrés Ismael Santana Fraga, Sotuta, y José Ismael Dzul Collí, Teabo.

Además aparecen en la lista Carlos Chulim Interián, Ticul; Carlos Alejandro Jiménez Amaro, Kanasín; Shanué Alejandro Patrón Correa y Guillermo Raúl Tamayo Ramírez, Mérida, y Nayeli Porras Góngora, de Tixméhuac.

Asimismo, Martín Braga Rodríguez, Sucilá; Jesús Miguel Vázquez Aguilar, Tahdziú; Lizardo Jesús Castro Ramos, Calotmul; Silvia Gabriela Pech Hernández, Muxupip, así como Brígido Celis Pool, Motul; Albert Yadir de Jesús Córdova López, Ucú; y Álvaro de Jesús Chan Loría, Chemax.

De acuerdo con Irabién Arcovedo, todos estos escribanos, una figura que existe solo en Yucatán, deberán ser sustituidos por otros, luego de la convocatoria respectiva del gobierno del Estado.

El Diario le pregunta al presidente del Consejo de Notarios si está de acuerdo con conservar la figura del escribano.

“En ciertas poblaciones sí sería conveniente”, responde, “pero en el caso de Mérida, es innecesario”.

En las últimas modificaciones a la Ley del Notariado de Yucatán, se le comenta, el Congreso aprobó la iniciativa del exgobernador Rolando Zapata Bello de ampliar a seis años la actuación de los escribanos —debían desaparecer en 2018— y de concederles más funciones, tales como dar fe de operaciones de compraventa por hasta $300,000 y atestiguar actos, como asambleas ejidales.

¿Cuál cree que fue el motivo de esto?

Lo desconozco, dice. (Continuará).

Hernán Casares Cámara

 Publicado en Diario de Yucatán

El Consejo de Notarios y el gobierno del Estado estamos cerrándole las puertas a la mafia inmobiliaria, para que desaparezca totalmente

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