sábado , mayo 30 2020
Portada / La Opinión / Emergencia económica

Emergencia económica

Coma inducido

Dulce María Sauri Riancho (*)

Fuente: Diario de Yucatán

Estamos en emergencia sanitaria “por causa de fuerza mayor”.

El Consejo de Salubridad hizo la declaratoria formal, aplicable desde el pasado martes. Para las y los yucatecos pocas novedades trajo este acuerdo, pues desde hace al menos dos semanas, la mayoría de las acciones enlistadas se están aplicando por iniciativa de las autoridades locales y de las organizaciones empresariales y sociales.

Hasta el momento, poco ha contribuido el gobierno federal para hacer un frente común contra el Covid. Su aportación más significativa —y emotiva también— fue facilitar el retorno de la Sra. Ethel Trujillo en un vuelo especial de la Fuerza Aérea Mexicana desde Cuzco, Perú, junto con las cenizas de su esposo fallecido.

Sin decirlo, la actuación del gobierno del estado da por descontada la ausencia de las autoridades federales, pero principalmente de los fondos bajo su responsabilidad que permitirían al estado y a los municipios enfrentar de mejor manera esta contingencia sanitaria. Días atrás, Vila declaró en el ámbito local la situación de emergencia, que le permitirá a las autoridades de Salud disponer de 21.6 millones de pesos del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres. El Ejecutivo estatal también ha atendido la difícil situación de las y los contribuyentes yucatecos y en la esfera de sus atribuciones, el lunes pasado publicó el Decreto 196/2020, que consigna cuatro incentivos fiscales para apoyarlos, como son los estímulos fiscales para los causantes del impuesto de nómina (Erogaciones por remuneración al trabajo personal), impuesto cedular, sobre el ejercicio profesional, así como el gravamen al hospedaje; este último, algún aliento brindará a la alicaída actividad turística.

Este es el contexto de la iniciativa que el gobernador Mauricio Vila envió al Congreso del estado para disponer de recursos presupuestales que le permitan atender la emergencia mediante el Plan de Contingencia, Protección al Empleo y Reactivación Económica de Yucatán. No debiera haber duda de que las y los legisladores aprobarán los nueve programas de apoyo presentados a su consideración: 1)Seguro del desempleo para quienes hayan perdido su trabajo, no tienen empleo fijo o trabajan por su cuenta; 2) Apoyo alimentario a 175 mil familias de bajos recursos, con la entrega de despensas dos veces al mes, durante dos meses; 3) Apoyos al sector turístico y restaurantero para reducir la caída del empleo; 4) Apoyo a la economía costera a través de la entrega de estímulos directos a pescadores; 5) Apoyo a las y los campesinos; 6) Tasa cero sobre intereses y 3 meses de gracia a los clientes de Microyuc; 7) Para las y los pequeños artesanos, otorgamiento de insumos y compra de sus productos; 8) Una línea de crédito de 460 millones de pesos para las y los empresarios a través de Impulsa Yucatán. El noveno programa se refiere al subsidio de vivienda social para la población del estado. Excepto este último, los ocho programas están enfocados a atender la emergencia creada por el cierre de negocios y, en consecuencia, de la pérdida de ingresos.

El gobernador Vila solicitó autorización para reasignar 1,500 millones de pesos del presupuesto aprobado en diciembre de 2019, que significa pasar de algunas partidas menos urgentes, hacia estos programas. En realidad, el gobernador no requería del Congreso para hacer un movimiento de esta naturaleza; puede efectuarlo y después, cuando presente la Cuenta Pública, referirlo y explicarlo. Ni siquiera necesitaría aprobación para contratar créditos de corto plazo hasta por esa cantidad: tiene facultades plenas que le permitirían contar con estos recursos adicionales. Si no fuera suficiente, la información disponible indica que todavía queda sin ejercer una cantidad significativa —alrededor de 2,000 millones— de los 2,620 millones de “Yucatán Seguro”, que fácilmente podrían ser canalizados a atender la emergencia. Entonces, ¿dónde está el problema?

Está en la segunda parte de la solicitud, donde el gobernador pide autorización para contraer un crédito por 1,728 millones de pesos, pagadero a 25 años, para un programa de obras de infraestructura. Hay preocupación legítima por esta pretensión de sumar esa cantidad a los millones de “Yucatán Seguro”, contratados apenas en agosto pasado. Pero la verdadera dificultad estriba en que estamos apenas entrando a la fase más compleja de la emergencia sanitaria, que ignoramos las condiciones que prevalecerán una vez que la hayamos superado. No sabemos si 1,728 millones serán suficientes para la reconstrucción, o si requeriremos un volumen de recursos aún mayor. Tampoco se ha presentado la cartera de proyectos a los que se destinarían los recursos: sólo el compromiso de que su distribución corresponderá a las prioridades consideradas en el Plan Estatal de Desarrollo.

Por si lo anterior no bastase para tener un panorama cuesta arriba, da escalofríos enterarse de que, a pesar de los dichos presidenciales, no ha habido adelanto alguno de las participaciones; que sólo se han recibido “en calendario” los fondos de Salud del convenio con el Insabi ($205 millones de pesos, $177 millones en febrero y 28 millones el 26 de marzo). Aunque el gobernador trate de remediarlo, el estado no puede suplantar las responsabilidades federales, menos en una emergencia como la que estamos viviendo.

La economía de Yucatán, al igual que la del país se encuentra en “terapia intensiva”. Para sobrevivir necesitamos una estrategia que, en términos médicos, la ponga en “coma inducido”. Consiste en sedar al paciente para reducir su consumo de oxígeno y energía, y poner al cerebro a “dormir”, mientras se desinflama. En esta etapa, tendremos que asegurarnos los fondos para atender la emergencia: de salud, empleo e ingresos de las y los yucatecos. Y mantener el compromiso de que, en cuanto se presenten los primeros signos de recuperación, habremos de apoyar la keynesiana medida de invertir en obra pública y proyectos de infraestructura tanto como se necesite.— Mérida, Yucatán

dulcesauri@gmail.com

Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora y diputada federal plurinominal del PRI

Deja un comentario

Ver también

Ante la contingencia, más personas acuden a la Beneficencia Pública

Zhazil Méndez Hernández, directora general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: