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Eliminación de los fideicomisos

Pagan justos por pecadores

MARIO BENJAMíN VALADEZ MERAZ (*)

Fuente: Diario de Yucatán

Sí, en mi anterior colaboración afirmé que la gente por inercia critica todo. En esta ocasión comentaré las opiniones externadas por dos políticos de nuestro estado, tras darse a conocer la iniciativa para la derogación de 109 fideicomisos, independientemente de que su eliminación fue aprobada por la Cámara de Senadores (06/10/20).

Antes de abordarlas, habría que preguntarse: ¿Qué es un fideicomiso? ¿Cuántos tenía suscritos la administración pública? y ¿Cuáles fueron eliminados?

Comenzaré comentando que un fideicomiso es un tipo de contrato que se suscribe entre un fideicomitente y un fiduciario, en el que el primero le trasfiere al segundo bienes o recursos, con el propósito que se los administre en beneficio propio o de terceros.

Al primer trimestre de 2020, el gobierno federal tenía registrados 337, de los cuales 307 estaban operando y 30 en proceso de extinción.

Entre algunos de los que desaparecen están los fondos de: Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología, Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía, Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía, Desastres Naturales (Fonden), Financiera Rural, Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), Sectorial de Investigación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), entre otros.

No obstante que los fideicomisos son herramientas financieras complejas, hay que mencionar que si son bien administrados y cuentan con órganos de control y vigilancia, es incuestionable que a la larga cumplen las expectativas por las que fueron constituidos. Desafortunadamente no es un secreto que si en algo se ha distinguido la administración pública es por su opacidad y discrecionalidad.

La falta de transparencia han influido en que se desconozcan ¿con base en qué criterios y por qué fueron beneficiadas algunas asociaciones civiles? Hoy la administración de Andrés Manuel López Obrador está difundiendo muchas supuestas irregularidades de agrupaciones que sin merecimiento alguno fueron favorecidas como: los $1,000 mdp otorgados a la fundación “Juntos Podemos” en la que es mencionada Josefina Vázquez Mota como su presidenta honoraria, o los $392 mdp que beneficiaron a Ana Díaz Aldrete, esposa de Enrique Cabrero, exdirector del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través de un fideicomiso otorgado de esa institución.

También se mencionan los pagos del fondo de protección de derechos humanos y periodistas realizados a la empresa privada RCU Sistemas, S.A. de C.V. por $337.4 mdp, quienes según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no cumplían con los criterios para las adjudicaciones directas, como lo estipula el artículo 41 fracciones IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Dicen que “cuando el río suena es porque piedras lleva”. Pero será la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, la que dictamine cuánta verdad o mentira guardan esos irregulares otorgamientos, independientemente de que muchos de los que desaparecen serán considerados por el gobierno federal en su presupuesto de egresos del 2021.

Lo único que queda claro con su eliminación es que “pagan justos por pecadores”. ¡Sí señores! Aquí los que pierden son las asociaciones civiles legítimamente establecidas, los deportistas, cineastas, intelectuales, académicos y científicos que tendrán que esperar para conocer cuáles serán los nuevos mecanismos para ser apoyados.

Políticos locales

Respecto a las críticas externadas por dos políticos yucatecos, comenzaré con la de Jorge Carlos Ramírez Marín, quien señaló que la desaparición del Fonden fue un acto de inconciencia. Coincido con la opinión del senador en el sentido que debieron buscarse nuevos mecanismos para fortalecerlo.

Pero, siendo honesto, si se tiene que inculpar a alguien por la eliminación de este fideicomiso, serían todos los expresidentes de México. No solo por no haberle dado la importancia a la previsión en desastres naturales, sino por no haber incluido dentro de sus presupuestos de egresos cifras que aseguraran la supervivencia a futuro de este fondo.

Externo este comentario porque no es posible que a 21 años de ser instituido esté siendo financiado, por tener una deuda pública de $13,123 mdp. Bajo estas expectativas, lo ideal debió haber sido: descentralizar el Fonden para que cada estado con base en sus experiencias en desastres naturales, fueran los que incluyeran dentro de sus presupuestos de egresos los montos que estimaran suficientes para ejercer.

Para concluir, me enfocaré en la opinión externada por Ivonne Ortega Pacheco, “flamante” nueva integrante del partido Movimiento Ciudadano. No pretendo ser irrespetuoso, pero con qué calidad moral critica hoy quien como gobernadora de Yucatán nunca aclaró: ¿Por qué su administración ejerció los descuentos de los trabajadores estatales?

Me refiero, por si lo olvidó, a más de $500 mdp del I.S.R. que durante toda su gestión nunca declaró a la dependencia correspondiente y que le fueron condonados por el Servicio de Administración Tributaria (S.A.T.), así como los $2,100 mdp de cuotas del Isstey que no fueron entregadas al mencionado instituto.

En fin, solo el tiempo nos dirá quiénes tienen la razón con la eliminación de los fideicomisos.— Mérida, Yucatán.

mariovaladez_48@hoymail.com

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