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El estado y su obligaci贸n frente a las familias homoparentales

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(A prop贸sito de la discusi贸n legislativa en el Congreso de Yucat谩n respecto del matrimonio igualitario y que culmin贸 con su rechazo)

El pasado 24 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los jueces Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo Vio Grossi, Humberto Antonio Sierra Porto, Elizabeth Odio Benito, Eugenio Ra煤l Zaffaroni, L. Patricio Pazmi帽o Freire y presidida por Roberto F. Caldas emitieron la Opini贸n Consultiva OC-24/17 de 24 de Noviembre de 2017 solicitada por la Rep煤blica de Costa Rica.

En dicha Opini贸n, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se帽al贸 que los Estados deben garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jur铆dicos internos, para asegurar la protecci贸n de los todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminaci贸n con respecto a las que est谩n constituidas por parejas heterosexuales.

Para ello, podr铆a ser necesario que los Estados modifiquen las figuras existentes, a trav茅s de medidas legislativas, judiciales o administrativas, para ampliarlas a las parejas constituidas por personas del mismo sexo.

Los Estados que tuviesen dificultades institucionales para adecuar las figuras existentes, transitoriamente, y en tanto de buena fe impulsen esas reformas, tienen de la misma manera el deber de garantizar a las parejas constituidas por personas del mismo sexo, igualdad y paridad de derechos respecto de las de distinto sexo, sin discriminaci贸n alguna.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que el cambio de nombre y en general la adecuaci贸n de los registros p煤blicos y de los documentos de identidad para que estos sean conformes a la identidad de g茅nero autopercibida constituye un derecho protegido por los art铆culos 3, 7.1, 11.2 y 18 de la Convenci贸n Americana, en relaci贸n con el 1.1 y 24 del mismo instrumento, por lo que los Estados est谩n en la obligaci贸n de reconocer, regular, y establecer los procedimientos adecuados para tales fines.

Los Estados deben garantizar que las personas interesadas en la rectificaci贸n de la anotaci贸n del g茅nero o en su caso a las menciones del sexo, en cambiar su nombre, adecuar su imagen en los registros y/o en los documentos de identidad de conformidad con su identidad de g茅nero auto-percibida, puedan acudir a un procedimiento o un tr谩mite: a) enfocado a la adecuaci贸n integral de la identidad de g茅nero auto-percibida; b) basado 煤nicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones m茅dicas y/o psicol贸gicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes; c) debe ser confidencial. Adem谩s, los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros, y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de conformidad con la identidad de g茅nero; d) debe ser expedito y en la medida de lo posible debe tender a la gratuidad, y e) no debe requerir la acreditaci贸n de operaciones quir煤rgicas y/o hormonales.

El procedimiento que mejor se adecua a esos elementos es el procedimiento o tr谩mite materialmente administrativo o notarial. Los Estados pueden proveer paralelamente una v铆a administrativa, que posibilite la elecci贸n de la persona.

En ese sentido, dicha Corte considera que el marco jur铆dico civil de los Estados ser铆an conformes a las disposiciones de la Convenci贸n Americana, 煤nicamente si los mismos son interpretados, bien sea en sede judicial o reglamentados administrativamente, en el sentido que el procedimiento que esas norma establecen pueda garantizar que las personas que deseen cambiar sus datos de identidad para que sean conformes a su identidad de g茅nero auto-percibida, sea un tr谩mite materialmente administrativo, que cumpla con los siguientes aspectos:

a) debe estar enfocado a la adecuaci贸n integral de la identidad de g茅nero auto-percibida;

b) debe estar basado 煤nicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones m茅dicas y/o psicol贸gicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes;

c) debe ser confidencial. Adem谩s los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros, y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de conformidad con la identidad de g茅nero;

d) debe ser expedito y en la medida de lo posible debe tender a la gratuidad, y

e) no debe exigir la acreditaci贸n de intervenciones quir煤rgicas y/o tratamientos hormonales.

La Convenci贸n Americana, en virtud del derecho a la protecci贸n de la vida privada y familiar (art铆culo 11.2), as铆 como del derecho a la protecci贸n de la familia (art铆culo 17), protege el v铆nculo familiar que puede derivar de una relaci贸n de una pareja del mismo sexo, por lo que el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un v铆nculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los art铆culos 11.2 y 17.1 de la Convenci贸n Americana, as铆 como garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jur铆dicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protecci贸n de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminaci贸n con respecto a las que est谩n constituidas por parejas heterosexuales.

Sin duda lo anterior deber谩 atraer la atenci贸n del Estado Mexicano, a efecto de procurar las adecuaciones pertinentes en la Constituci贸n Federal, en raz贸n de que M茅xico ha reconocido la competencia de dicho 贸rgano supranacional. Un paso mas en la justicia del g茅nero humano.

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