sábado , marzo 23 2019
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Dique antiderechos

El Congreso de Yucatán y su discriminación sistémica

Antonio Salgado Borge (*)

Publicado en Diario de Yucatán

Yucatán ha cambiado radicalmente en las últimas dos décadas; las personas que nos representan en el Congreso de Yucatán, no. En materia de derechos humanos, es claro que la mayoría de nuestros legisladores no conocen lo suficiente, no tienen interés en el tema, o de plano se oponen directamente al reconocimiento pleno de los derechos de grupos históricamente oprimidos. Además, al no ejercer su papel de contrapeso del Ejecutivo, el Congreso del Estado ha lastimado decisivamente a la democracia en Yucatán y con ella los derechos políticos de quienes habitan en el estado.

En este artículo argumentaré que las inacciones, incapacidades o complicidades del Congreso de Yucatán al enfrentarse a temas relacionados con derechos humanos no son ni anecdóticas ni inocuas. Mi intención es mostrar que estamos ante comportamientos sistémicos impresentables que terminan dañando a las personas más vulnerables. El resultado: el Congreso se ha convertido en los hechos en un dique antiderechos. Sin embargo, también argumentaré que si la posición discriminatoria del Congreso local es tan conocida es porque, como nunca antes en la historia del estado lo que ocurre en el Legislativo local es seguido y vigilado por organizaciones de la sociedad civil y activistas proderechos.

Con el fin de ilustrar la sistematicidad y consistencia de las posiciones antiderechos del Congreso de Yucatán, empecemos considerando la más reciente ejemplificación de su posición en este sentido: su actitud ante el matrimonio igualitario. La pasada entrega de esta columna estuvo dedicada a argumentar que las personas del Congreso yucateco no tendrían forma presentable de oponerse a la aprobación de las modificaciones a leyes locales con el fin de reconocer plenamente el derecho a que personas del mismo sexo se casen en el estado.

Dado que el Congreso se integra por personas de carne y hueso, consideré importante subrayar que al menos una legisladora estaría reproduciendo este discurso antiderechos. Se trata de Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN, quien afirmó, sin rubor o pudor, que 99% de las personas con las que ha hablado se oponen a reconocer este derecho —si, ¡99%!— y que es preciso cuidar los derechos de terceros que podrían verse afectados por el matrimonio igualitario en Yucatán. También di razones para sustentar que cualquier legisladora o legislador que esgrima argumentos de este tipo no puede tener cabida en un congreso local, pues dejan ver o bien su ignorancia supina sobre la naturaleza de los derechos humanos o su deseo de engañar con el fin de defender la discriminación. No adecuar las leyes no sólo es inconstitucional y perpetúa la discriminación, sino que va en sentido contrario al reconocimiento de estos derechos que defienden tantas organizaciones expertas —la ONU, la CIDH, la CNDH— o países que son referentes en este sentido.

Por los motivos afirmados entonces, que una legisladora sostenga una posición antiderechos es problemático; pero ello podría ser un caso aislado. El problema se vuelve mayor cuando esta legisladora es coordinadora de una de las tres bancadas más importantes, pues ello aumenta la posibilidad de que su posición sea la que adoptarán las personas que ella coordina. Sin embargo, podríamos estar ante el caso de un único partido antiderechos buscando, como Vox en España, preservar condiciones opresivas.

Para efectos de este análisis, lo importante es que por desgracia ni Díaz Lizama ni el PAN estarían solos. Que la discriminación del Congreso puede alcanzar niveles de sistematicidad es evidente cuando se considera que los dirigentes de las otras bancadas más numerosas —PRI y Morena— han salido, días después, a repetir —palabras más, palabras menos— lo dicho por la coordinadora panista. Por ejemplo, el coordinador de la bancada del PRI, Felipe Cervera, dijo recientemente a un medio local que las personas que llegaron al Congreso postuladas por su partido tendrían que pasar primero por una etapa para determinar qué desean sus electores o la mayor parte de los ciudadanos antes de decidir el sentido de su voto. Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, Miguel Edmundo Candila Noh, dijo que todas las iniciativas podrían irse a consulta, pues es necesario preguntar al pueblo en caso de cualquier reforma constitucional. Probablemente intentando ser jocoso, este diputado ofreció “alternativas” en caso de que dos personas yucatecas del mismo sexo deseen casarse: viajar a Quintana Roo o Campeche, estados que “no están lejos”.

Pero ésta no es la única forma de mostrar la sistematicidad antiderechos presente del Congreso local. Y es que esto es más claro aun cuando se considera el registro histórico del tratamiento a los derechos humanos que de ahí ha surgido. Recordemos que nuestro Congreso local ha elegido mediante un proceso poco transparente a las personas que integran la Comisión de Derechos Humanos estatal (Codhey). De esta forma, individuos con reconocida trayectoria como defensores de derechos humanos en los temas más urgentes —por ejemplo, derechos de mujeres, del pueblo maya, o de la comunidad LGTBI— fueron dejadas de lado para dar paso a personas que o bien no tienen credenciales o experiencia que respalden su capacidad de defender, estudiar o promover los derechos humanos o que, de plano, no reconocen los mismos derechos que tendrían que defender.

A ello tenemos que sumar decisiones como la Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán aprobada en agosto pasado. De acuerdo con personas expertas en derechos humanos, esta ley contradice los estándares internacionales sobre tortura y malos tratos. Entre las cosas previstas en esta ley se encuentra, por ejemplo, “el internamiento involuntario de personas con discapacidad psicosocial/intelectual, la sujeción física y aislamiento justificado por razones médicas e incluso el tratamiento médico a niños y niñas sin respeto a su autonomía”.

Finalmente, nuestro Congreso es una de las muchas instituciones que nunca ha cumplido la función de contrapeso que le corresponde. Así, nuestro Congreso aprueba lo impresentable, nombró un vicefiscal anticorrupción a modo del gobierno en turno, o aprobó que cientos de millones de pesos se destinen a un programa opaco —el llamado “Escudo Yucatán”—.

Una vez mostrada la sistematicidad antiderechos del Congreso, podemos regresar a la que sería su ejemplificación a través del caso más reciente. Siguiendo la misma lógica, PAN, PRI y Morena —los tres partidos más importantes en Yucatán— están cerca de asumir juntos una posición discriminatoria, anticonstitucional y claramente antiderechos. Ante un escenario de esta naturaleza, hay al menos dos opciones disponibles sobre la mesa. (1) La primera es voltear a ver a otra parte; es decir, dejar que el Congreso siga jugando un papel abiertamente discriminatorio. Desde luego, esta opción es inaceptable para cualquier persona interesada en el respeto o la defensa de los derechos humanos en el estado.

(2) La segunda opción es reclamar y oponerse a la discriminación o posiciones sistémicas antiderechos del Congreso del Estado. El referente en este sentido es el Equipo Indignación, sin duda el referente en defensa de derechos humanos en Yucatán. Pero también existen nuevas y distintas organizaciones dedicadas a defender los derechos humanos. Lo importante aquí es que todos estos grupos y personas comparten la idea de vigilar, exhibir y presionar a las personas que conforman el congreso para evidenciar sus posiciones antiderechos. En este sentido, es una buena noticia que esta posición fue adoptada por un número creciente de personas proderechos y organizaciones defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, el año pasado la activista Ana Baquedano Celorio fue parte clave en el impulso a una iniciativa que prohibió la pornovenganza.

Sin embargo, la receptividad del Congreso no alcanza aún para aceptar causas que tocan posiciones plenamente antiderechos más imbricadas, como la defensa del pueblo maya, las mujeres o la comunidad LGTBI. Lo anterior se puede ver claro en el trato recibido por activistas y representantes de organizaciones proderechos que visitaron el Congreso para demandar que el tema del matrimonio igualitario sea discutido en formato de parlamento abierto. La mayoría de los legisladores, aun los coordinadores parlamentarios, preferieron ignorarlos.

Pero los activistas y grupos proderechos no se irán a ninguna parte y continúan exigiendo un Congreso capaz de entender los derechos humanos. Como parte de estos esfuerzos, distintas personas han firmado una carta dirigida a representantes de la ONU, la CIDH, la CNDH y la Codhey, con el fin de pedir su apoyo mostrando su posición frente a la actitud antiderechos del Congreso de Yucatán en relación con el matrimonio igualitario. Este documento será enviado a las organizaciones correspondientes mañana lunes.

Es evidente que ni la participación ciudadana ni la posición de organizaciones expertas y defensoras de derechos humanos reconocidas internacionalmente garantizan necesariamente que las personas que nos representan en el Congreso de Yucatán vayan a interrumpir su patrón antiderechos o discriminatorio. Sin embargo, las voces que se levantan contribuyen a resaltar que estamos ante legisladoras y legisladores capaces de defender lo inconstitucional, de discriminar o de oprimir a aquellas personas que tendrían que proteger. Es decir, que podríamos seguir ante un Congreso atorado en el pasado o poblado por representantes rupestres que no pueden —o no quieren— cambiar su concepción anacrónica de la naturaleza de la función legislativa.

En este sentido, el caso del matrimonio igualitario mostrará hacia dónde se inclina la balanza en esta legislatura. Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), Felipe Cervera (PRI) o Miguel Edmundo Candila (Morena) tienen, como dirigentes de sus bancadas, la responsabilidad y la última palabra. De lo que decidan, sus partidos serán corresponsables.— Edimburgo, Reino Unido.

asalgadoborge@gmail.com

Antonio Salgado Borge

@asalgadoborge

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (ITESM)

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