jueves , febrero 27 2020
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Derecho a la seguridad

Cancelación de un gravamen

RUBÉN J. BOLIO PASTRANA (*)

Fuente: Diario de Yucatán

Como comenté ayer, en el Diario Oficial del gobierno del Estado, de fecha 31 de diciembre de 2019, se publicó el decreto que adicionó a la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, el comúnmente llamado impuesto a la seguridad, cuya denominación jurídica es: “derechos por la infraestructura tecnológica”, que nos impone la obligación de pago de cierta suma de dinero para el aprovechamiento de la tecnología destinada presuntamente a la protección que debemos gozar los habitantes de la entidad.

Se señala que la base de ese gravamen se calcularía de acuerdo con la UMA (Unidad de Medida y Actualización), cuyos obligados serían los propietarios o poseedores de predios urbanos en Yucatán.

El señor gobernador, don Mauricio Vila Dosal, anunció en rueda de prensa convocada ayer que firmará el decreto correspondiente para dejar sin efecto la mencionada norma, manifestando que en Yucatán ya no se aplicará el cobro del llamado nuevo impuesto a la infraestructura tecnológica para la seguridad pública, no obstante que se continuará con la inversión al mantenimiento de ésta, para proteger uno de los bienes más preciados de las familias yucatecas.

Agregó que se tomó esa determinación ampliando las políticas de austeridad que están en marcha desde el primer día de su administración, haciendo más con menos, con la firme convicción de que será para salvaguardar una de las prerrogativas a que debe acceder cualquier ciudadano, como es precisamente su tranquilidad.

El gobernador expuso también que el día 14 de los corrientes hubo una reunión con el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, quien informó que la recaudación del nuevo tributo no era viable a través de los recibos de esa dependencia paraestatal, situación que fue notificada posteriormente de manera oficial.

Vila Dosal concluyó declarando que ha instruído a la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas para reforzar las medidas de austeridad tomadas desde el inicio de su gestión, a fin de que se sigan disfrutando de la calidad de vida a que los yucatecos estamos acostumbrados, así como todos los apoyos y servicios se seguirán otorgando y mejorando, al igual que por medio de la Consejería Jurídica se activará el instrumento legal correspondiente para derogar la contribución de referencia.

Desde luego es una magnífica noticia que se haya suprimido esa cobranza; sin embargo lo ideal hubiese sido que la motivación para cancelarla fuera un poco más amplia, y no simplemente como razón principal la no aceptación de la CFE para recolectarla.

Sin restarle méritos al titular del Ejecutivo, cuya actitud es plausible, creemos que de haberse admitido por el citado organismo, el ingreso del derecho en los recibos bimestrales que emite, se produciría una acción completamente inconstitucional, como sucedió con el Derecho de Alumbrado Público (DAP) en favor del municipio de Mérida.

Independientemente del beneficio que la ciudadanía va a recibir, como punto estrictamente jurisprudencial, somos de la opinión de que no debe imponerse carga fiscal alguna al ciudadano por ese concepto, toda vez que sería violatorio del artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pues tratándose de seguridad pública, esencialmente le corresponde proporcionarla al Estado y no a los particulares.

En esa tesitura nos permitimos transcribir lo conducente del precepto legal invocado, que fue reformado con fecha 26 de marzo del 2019, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 21.— La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.”… “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.

La seguridad pública comprende la prevención, la investigación y la persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”… “e).— Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.”…

Hacemos votos de que en el futuro no se grave a cargo de nuestro peculio el derecho a la seguridad pública.— Mérida, Yucatán.

rbolionot56@hotmail.com

Abogado, notario público

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