miércoles , julio 24 2019
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Deliberar y fundamentar

La discusión racional en un Yucatán polarizado

Antonio Salgado Borge (*)

Publicado en Diario de Yucatán

La polarización extrema que se replica alrededor del mundo es probablemente uno de los fenómenos sociales más importantes de nuestro tiempo. Yucatán no ha escapado de esta tendencia.

El recambio generacional, la penetración de las redes sociales y la radicalización de los discursos de derecha —venida en ultraderecha— y de la izquierda están todos presentes en nuestro estado.

Una de las manifestaciones de este escenario de polarización extrema es la conformación de “bandos” que ya no se ven como adversarios en un proceso de deliberación racional, sino como enemigos.

En este artículo argumentaré que, en este contexto tóxico, quienes buscamos contribuir a la discusión pública a través de medios de comunicación tradicionales o digitales tenemos una responsabilidad ineludible: respetar siempre las condiciones necesarias para deliberar racionalmente.

Antes de entrar en materia es preciso descartar algunos, frecuentes malentendidos.

Para deliberar de manera racional NO es necesario coincidir necesariamente en el resultado de la deliberación: incluso dentro de una estructura racional puede haber espacio a discrepancias.

Tampoco es necesario asumir una posición ideológicamente neutral: uno puede, desde el lado izquierdo o derecho del espectro ideológico, construir argumentos sólidos y válidos. Poniendo entre paréntesis desde dónde se discute y el resultado de lo que se discute, lo importante aquí es que, quienes participamos en la discusión pública tenemos dos opciones sobre nuestra mesa: hacerlo rechazando las condiciones fundamentales para una deliberación racional o hacerlo aceptando estas condiciones.

Dado que las condiciones fundamentales para una deliberación racional rara vez son discutidas explícitamente, vale la pena mencionar dos de las más importantes brevemente.

La primera es que la deliberación racional siempre debe producirse en forma de argumentos y no en forma de simples juicios de opinión. La diferencia entre un juicio de opinión y un argumento es que mientras el primero puede limitarse a afirmar o negar algo —por ejemplo, “beber refresco es malo para la salud”—, un argumento debe presentar una serie de premisas que respalden una conclusión.

Por ejemplo: (Premisa 1) Si el consumo de una bebida puede ocasionar diabetes, esa bebida es mala para la salud. (P2) El refresco azucarado puede ocasionar diabetes. Conclusión: el refresco es malo para la salud. Este argumento tiene dos premisas y una conclusión.

La segunda condición fundamental para una deliberación racional es aceptar que no todos los argumentos son igualmente válidos en términos formales: en un choque argumentativo, los argumentos sólidos y válidos siempre derrotan a los argumentos que no lo son; esto es, un buen argumento es aquel que es sólido y válido.

Veamos por qué. Un argumento sólido es aquel que tiene premisas verdaderas, mientras que uno válido es el que es planteado en una forma lógica que preserva su valor de verdad y que, por ende, conduce necesariamente a una conclusión verdadera: esto es, si se acepta que las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser rechazada.

Esto significa que para que el argumento no sea sólido, uno tendría que probar que una de las dos premisas es falsa. Para que el argumento sea inválido, se tendría que probar que la su forma es incorrecta.

En el caso de nuestro argumento sobre el refresco la primera premisa es verdadera pues la diabetes es una enfermedad —lo contrario a salud—, mientras que la segunda es verdadera porque está respaldada por, ejemplo, la NHS en Reino Unido. La forma de nuestro argumento es válida porque al afirmar el antecedente de la primera premisa en la segunda estamos ejemplificando un “modus ponens”, una de las formas lógicas que garantiza que si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será.

Hemos revisado dos condiciones fundamentales en toda deliberación racional. La pregunta obligada ahora es por qué el reconocimiento y la aceptación de las condiciones para una deliberación racional tendría que ser indiscutible para todas las personas que deseen participar en la discusión pública.

La respuesta a nuestra pregunta puede ser dividida en dos partes. La primera y más obvia es que una discusión requiere de un marco común. Para apreciar por qué este es el caso, consideremos el elemento más evidente de este marco: el lenguaje.

Por ejemplo, si imaginamos un encuentro entre una persona que sólo habla español y la otra sólo habla alemán, es evidente que en la ausencia de mecanismos de traducción no existirían las condiciones para contrastar los argumentos de ambas personas.

Del mismo modo, si una de las partes en una discusión acepta las reglas de la argumentación y la otra no lo hace, no hay forma de que esta sea una discusión racional productiva. O, por ponerlo de otra forma, en una argumentación racional el lenguaje común son los argumentos racionales. Aquella persona que quiere desarticular el argumento de otra debe señalar qué deficiencia en solidez o validez ha notado. A su vez, la persona que es retada tiene la oportunidad de depurar la forma o el fondo de su argumento. Si esto no es suficiente para salvar la verdad de su conclusión, debe aceptar que estaba en un error; no hay mucho margen para filias, fobias o ataques personales cuando lo que se discute sigue estas reglas.

Esto significa que, si ambas partes aceptan las reglas de la argumentación racional, el público sale ganando.

El problema ocurre, claro está, cuando al menos una de las partes opta por echar por la borda estas reglas. En nuestro entorno polarizado existen al menos dos formas de hacer esto.

La primera y más radical consiste en negar, explícitamente y por completo, el valor de estas condiciones. Esto es lo que hacen las personas que defienden que el sentido común o que lo que las experiencias fenomenológicas —la parte cualitativa de experiencias como olores, sabores o imágenes— es más poderoso que cualquier tipo de condiciones racionales.

Un claro ejemplo son las personas que alegan que la Tierra es plana porque si fuera esférica la curvatura “se sentiría” o porque “los objetos no se mantendrían en su sitio”.

Los postulados anteriores son compartidos por un sector de un creciente movimiento llamado Terraplanismo que, con base en experiencias individuales y sentido común dice echar por la borda alrededor de cuatrocientos años de evidencias, experimentos —empíricos o mentales— y razonamientos. Si bien no puedo recordar a una persona que en medios de comunicación locales haya defendido este tipo de forma de echar por la borda las reglas de la argumentación racional, este fenómeno es, por desgracia, cada vez más común en redes sociales.

La segunda forma de echar por la borda las condiciones necesarias para la deliberación nacional es aceptándolas de dientes para afuera en el discurso pero pervirtiéndolas en la práctica.

Esto es posible cuando no se reconoce que lo que se plantea son malos argumentos. ¿Qué es un mal argumento? No hay espacio aquí para enlistar todas las formas en que un argumento puede salir mal tanto en validez como en solidez.

Sin embargo, para ilustrar, mencionaré dos casos comunes. Un argumento es malo si cuenta con una premisa falsa. Consideremos el siguiente ejemplo: (P1) Si originalmente se usó el término “X” para referirse sólo a “A”, entonces el término X no puede ser utilizado jamás para referirse a “A” y también a “B”. (P2) Originalmente el término “ratón” se refería sólo a un “mamífero roedor de hocico puntiagudo y larga cola que habita en las casas”. Conclusión: el término “ratón” no puede ser utilizado para referirse al aparato que sirve para mover el curso en una computadora.

Este es un mal argumento porque la primera premisa es falsa: los términos cambian de significado todo el tiempo. Este fenómeno está perfectamente estudiado y se llama “cambio semántico”.

Por ejemplo, el término “demagogo” viene de las palabras griegas “pueblo” y “guía” y en este sentido se utilizaba originalmente; pero hoy se usa para referirse a aquellas personas que tratan de conseguir el poder mediante halagos a los sentimientos fundamentales de las personas.

Otra forma de plantear un mal argumento es afirmando algo que no es generalizable. Por ejemplo, si yo digo (P1) Si mi religión lo dice, entonces es bueno. (P2) Mi religión dice que la ablución es buena. Conclusión: la ablución es buena. El problema aquí es que la primera premisa es ambigua. Desambiguada, esta premisa tendría que decir “Si mi religión lo dice, entonces bueno para los que suscribimos esta religión”.

Afirmar esta premisa sin desambiguarla implicaría que una religión tiene un estatus superior en el debate público y, por ende, a regresar a los tiempos en que, con esta superioridad por delante, era legítimo que un pueblo aplastase a otros en nombre del “propio bien” del aplastado.

En todo caso, salvo que se crea en esta superioridad no existen las condiciones para la deliberación racional cuando la verdad de las premisas del argumento en disputa depende de la fe de uno de los participantes

La racionalidad de un discurso depende de la calidad de los argumentos empleados y no porque así lo decrete la persona que lo expresa.

El entorno polarizado que vivimos demanda que los argumentos débiles o inválidos sean exhibidos por el bien del público y de nuestra democracia.

Quienes participamos en la discusión pública tenemos la obligación ineludible de construir discursos siguiendo los criterios básicos de una argumentación racional, incluyendo la explicación de por qué la posición contra la que se argumenta presenta fallas en el seguimiento de estos criterios.

Y claro, de mostrar por qué no cumplir con estas condiciones de forma reiterada o intencional debe ser motivo suficiente para considerar un discurso como irrelevante o, de plano, tóxico.— Edimburgo, Reino Unido.

asalgadoborge@gmail.com

Antonio Salgado Borge

@asalgadoborge

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (ITESM)

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