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Corrupción y derechos

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Publicado en Diario de Yucatán

Comúnmente, cuando pensamos en corrupción pensamos en los corruptos, en las personas o grupos que sacan un beneficio privado de bienes públicos. ¿Pero quiénes son las víctimas de la corrupción?

La relación entre corrupción y derechos humanos, que aún en construcción, nos invita a dirigir la mirada hacia las víctimas, hacia las personas y grupos afectados por el desvío de bienes públicos.

“Las víctimas de la corrupción deben estar en el centro de la lucha contra ese fenómeno”, afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su “Resolución 1/18. Corrupción y derechos humanos”, aprobada en Bogotá en marzo del año pasado.

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, conformado por la Comisión Interamericana (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha venido desarrollado en los últimos años normas y disposiciones sobre la relación entre corrupción y derechos humanos.

En años recientes la Corte IDH ha emitido varias sentencias sobre la materia, en las que se ha pronunciado sobre las consecuencias negativas de la corrupción y disfrute efectivo de los derechos humanos, por ejemplo, en la violación al derecho a la integridad personal, sobre todo cuando la corrupción en penitenciarías y reclusorios generan condiciones de hacinamiento e insalubridad, entre otras condiciones inhumanas y degradantes que impiden a los internos vivir su vida de manera digna.

La Corte IDH también se ha pronunciado en torno a cómo la corrupción afecta los derechos de niñas y niños, por ejemplo, por medio de la existencia de redes de adopción ilegal y trata de niños con fines de explotación sexual.

Del mismo modo, ha reconocido cómo la corrupción viola el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, sobre todo en casos en los que los promotores de un proyecto corrompen a líderes comunitarios, establecen liderazgos paralelos y negociaciones con miembros individuales de la comunidad, a quienes ofrecen dinero y otros beneficios, en vez de celebrar consultas de buena fe y transparentes.

Este tribunal regional ha reconocido que, “sin duda, los principales desarrollos sobre corrupción y derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte IDH se han dado en materia de libertad de expresión y acceso a la información”, sobre todo en lo que concierne a la protección de la libertad de expresión —piedra angular de la democracia (“Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 23: corrupción y derechos humanos”).

Hay que destacar uno de los criterios de la Corte IDH en torno a la relación entre corrupción y debido proceso. En su sentencia del Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia, del 1 de diciembre de 2016, el tribunal señala que en los casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos se debe extremar “el cuidado e inclusive se abrevie el término que usualmente se considera tiempo razonable del proceso, en defensa de la salud democrática de todo Estado de Derecho”.

La CIDH argumenta que “la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad —civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales—, así como al derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad”.

En este documento, la Comisión Interamericana formula cuatro recomendaciones para abordar el problema de la corrupción desde el enfoque de derechos humanos.

En primer lugar, la independencia, imparcialidad, autonomía y capacidad de los sistemas de justicia, ya que “una justicia independiente e imparcial es indispensable para el combate efectivo de la corrupción”.

La Corte IDH ha señalado que la independencia judicial se deriva de garantías como un proceso adecuado de nombramiento de jueces, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones.

La segunda recomendación de la CIDH se refiere a la transparencia, acceso a la información y libertad de expresión. Este organismo reconoce que el derecho de acceso a la información pública y el principio de transparencia de la gestión estatal “han sido reconocidos como unas de las principales herramientas en la lucha contra la corrupción”.

Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) son el tema de la tercera recomendación, ya que la efectividad de estos derechos depende de las políticas públicas y el presupuesto público. Cuando los recursos públicos se desvían hacia beneficios privados, los derechos a la salud, a la educación, al agua, entre otros, se ven severamente afectados.

Finalmente, la CIDH recomienda también la cooperación internacional en materia de lucha contra la corrupción, como en los casos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y la Misión de Apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras.

Independencia judicial; transparencia, acceso a la información y libertad de expresión; protección de Desca y cooperación internacional para luchar contra la corrupción aún son tareas pendientes en México.

A pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal bandera, apenas estamos vislumbrando algunos resultados en la materia.

Durante meses, solo en México y Venezuela no se presentaron consecuencias legales derivadas de la operación Lava Jato, el caso de corrupción más grande conocido en América Latina. Aunque la empresa Odebrecht reconoció en diciembre de 2016 que entregó más de 10 millones de dólares a altos directivos de Pemex, la entonces Procuraduría General de la República no dio resultados en sus investigaciones sobre el tema.

Fue apenas hace un par de meses que el gobierno mexicano inició el primer proceso judicial por el caso Odebrecht al presentar cargos por soborno y fraude fiscal contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y cercano colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto.

Recientemente también se han presentado acusaciones de actos de corrupción, lavado de dinero y desvío de recursos públicos a varios de los altos funcionarios de la administración anterior, entre ellos Rosario Robles, Pedro Joaquín Coldwell e Ildefonso Guajardo.

Si bien ha habido otros logros en la lucha contra la corrupción, como en el cese de funcionarios de Pemex implicados en la “Estafa Maestra” y en el combate contra el huachicoleo —se estima que en cinco meses se redujo al diez por ciento ese delito—, aún pesan sospechas sobre el verdadero compromiso del gobierno de AMLO de luchar contra la corrupción.

En el ámbito de la independencia judicial, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Fundación para el Debido Proceso hicieron un llamado de atención al Senado por la terna para ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de estas alertas, el Senado designó a Yasmín Esquivel Mossa como ministra de nuestro máximo tribunal, a pesar de estar casada con el empresario José María Riobóo, contratista de AMLO cuando fue jefe de Gobierno de Ciudad de México.

En materia de transparencia, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha documentado que, en sus primeros tres meses el Gobierno Federal adjudicó más del 70 por ciento de sus contratos directamente, sin licitaciones, incluyendo varios contratos de estudios, asesoría jurídica y desarrollo del plan maestro del Tren Maya.

En el caso de Yucatán, Grupo Megamedia ha documentado el desvío de por lo menos 533 millones de pesos en las secretarías de Salud, Educación y Administración y Finanzas durante la administración anterior por medio de una red de “empresas fantasmas”.

Después de semanas de silencio y de presión por parte de medios de comunicación y la sociedad civil, el actual gobierno del Estado presentó denuncias ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY). Aún no hay sanciones y tampoco conocemos la magnitud de las violaciones a los derechos a la salud, educación y otros derechos de las y los yucatecos.

Sin embargo, diversos analistas han cuestionado la independencia y autonomía de los titulares de la Vicefiscalía y la ASEY, Enrique Goff y Mario Can, respectivamente. Del mismo modo, organismos como la Coparmex y algunos analistas han denunciado las irregularidades en el reciente proceso de selección de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

La relación entre corrupción y derechos humanos aún es una en aún construcción y hay mucho que hacer al respecto.

La próxima semana —del 12 al 14 de agosto— se llevará al cabo en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM un curso sobre el tema que será impartido por el Dr. David Lovatón, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, consultor de la Fundación para el Debido Proceso, especialista en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y conocedor de la región (por lo menos desde 2016 ha trabajado en proyectos en la Península de Yucatán).

Quienes quieran conocer más de la relación en construcción entre corrupción y derechos humanos seguro encontrarán de provecho el curso, del cual pueden obtener más información en la página en internet del CEPHCIS.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del CEPHCIS-UNAM

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