Miércoles , noviembre 22 2017
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Confianza y desconfianza

El Iepac ante las críticas

 

Antonio Salgado Borge (*)

La relación de la democracia con la confianza es ambivalente. Por una parte, es necesario confiar en nuestras instituciones, ya que de otra forma no podríamos encauzar los grandes y probados beneficios que ofrece este sistema. Por otro lado, siempre debemos desconfiar de nuestra confianza; es decir, no podemos dar cheques en blanco o el beneficio de la duda a quienes encabezan nuestras instituciones, ya que, en caso de hacerlo, es probable que éstos terminen destruyendo nuestro proyecto democrático desde sus adentros. Es decir, una democracia difícilmente funcionará sin una base de confianza sobre la que se aplicar una sana desconfianza.

Es bien sabido que parte importante de la crisis de la democracia mexicana tiene que ver con la poca o nula confiabilidad de nuestras instituciones. En Yucatán, el caso más reciente de desconfianza institucional tiene como actor principal al Iepac. Su tibia respuesta a las carteleras que supuestamente anunciaban una revista, pero que en realidad parecían orientadas a promocionar las aspiraciones políticas de un funcionario público —Mauricio Sahuí— dejó un mal sabor de boca y recibió duras críticas, incluidas las expresadas hace dos semanas en esta misma columna, las vertidas por Rodrigo Llanes en su espacio de los lunes y los diversos cartones de Tony Peraza publicados en esta misma página.

Alejandra Pacheco Puente, consejera del Iepac, reaccionó ante esta serie de cuestionamientos presentando tres planteamientos: (1) reconociendo que las críticas representan en alguna medida un sentir de inconformidad genuino presente en parte de los ciudadanos, (2) precisando que en ocasiones lo que la ciudadanía quiere y lo que establece la ley no coincide —y por ende, dejando abierta la puerta a interpretar que las críticas podrían ser producto del desconocimiento de la ley—, y (3) cuestionando la calidad de las denuncias presentadas por actores políticos, sugiriendo con ello que en ocasiones estas denuncias son interpuestas sin intención de que procedan —es decir, como un teatro montado para el lucimiento de los denunciantes—.

Me parece que es muy probable que los tres puntos mencionados por Alejandra Pacheco tengan algo de cierto. También creo que es posible que sus declaraciones hayan respondido a la frustración ante un estado de cosas que, a todas luces, ha incrementado el desprestigio de la institución a la que representa. Finalmente, no podemos descartar que el punto (3) obedezca a una genuina molestia ante la forma en que algunos políticos no tienen empacho en vulnerar la confianza en una institución con tal de lucirse mediáticamente y al mismo tiempo no romper en los hechos el pacto de impunidad que religiosamente suscriben.

Sin embargo, aunque explicable y explicativo, es entendible que lo anterior no sea satisfactorio para el público informado y, por ende, no restituya la confianza en el árbitro electoral. Es decir, el “caso Sahuí” es uno de entre cientos o miles de eventos que sugieren que la organización y revisión del antes, durante y después del proceso electoral se llevará a cabo como los ciudadanos esperan está muy lejos de cumplirse. La pregunta obligada, claro está, es qué esperan los ciudadanos. La respuesta corta es: un proceso justo y limpio. Y, por buenas y limpias que sean las intenciones o trayectorias de un@ consejer@, por desgracia hoy están muy lejos de ofrecernos esa garantía.

Así, a pesar de que el Iepac existe, a plena luz del día políticos de todos los partidos realizan actividades que para cualquier individuo sin daños cognitivos importantes tienen que ser catalogadas como actos de precampaña. Por citar tan sólo dos de los ejemplos más visibles de los cientos de casos disponibles, Jorge Carlos Ramírez Marín “invita” sin rubor a eventos “culturales” en los que los asistentes tienen que chutarse casi una hora de la semblanza y “logros” del probable candidato a gobernador priista, mientras que Pablo Gamboa cuenta con una red de construcción de imagen y promoción —si no pregúntenle a “Tony Pedroza”— y aparece hasta en la sopa de los yucatecos más vulnerables, a quienes les “regala” todo lo que al lector se le pueda ocurrir.

Desde luego, uno siempre podría reducir lo justo es lo legal; y, en ese caso, si lo anterior es legal, luego entonces también sería justo. Pero claramente para el público los detalles legales pueden ser contrarios al concepto más elemental de justicia. Por ejemplo, está bien documentado que la constructora Higa, la que “vendió” la “casa blanca” a Angélica Rivera, ganó miles de millones de pesos en contratos cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México. El presidente ha argumentado que la “casa blanca” no representa legalmente conflicto de interés porque esta propiedad está a nombre de su esposa o porque el presidente o un gobernador no asigna  contratos directamente a los contratistas de obra pública. La “casa blanca” puede ser totalmente legal pero la visión legalista no hace ante los ojos de cualquier ciudadano medianamente informado un caso de injusticia.

En este sentido, es posible plantear al Iepac un dilema: o bien (a) defiende que lo justo es lo que actualmente es legal, o (b) acepta que actualmente lo justo no es lo legal. El problema para el Iepac es que, en caso de tomar la primera de estas opciones, perdería legitimidad porque, como he ejemplificado anteriormente, claramente hay acciones legales que el público puede reclamar, con razón, como injustas. Pero, por otro lado, si el Iepac toma el segundo cuerno del dilema, entonces también perdería legitimidad, porque con ello garantizaría que las injusticias quedarán impunes y que el ganador de las elecciones será probablemente el que más trampas cometa. En cualquiera de los casos, la confianza en el Iepac seguiría cayendo en picada.

Es preciso aclarar que, obviamente, no habría dilema alguno si se acepta como buena la idea de que el Iepac es una institución controlada por el partido en el poder —en este caso el PRI— y a la que, por ende, le tiene sin cuidado lo legal o lo justo. Si este fuera el caso, desde luego que este instituto perdería toda la credibilidad que le queda y con ello su legitimidad y cualquier mínimo de confianza que la sociedad puede tenerle.

¿Qué puede hacer el Iepac para salir de este enredo? No mucho. Sin embargo, hay al menos tres condiciones mínimas, necesarias, aunque no suficientes, en el camino hacia la recuperación de un poco de la confianza perdida. Lo primero es querer. Esto puede parecer trivial, pero es preciso aclarar que si no hay voluntad —entendida tanto en el sentido de desear algo como en el sentido de tener libre albedrío—, habría que reemplazar a algunos de los actuales consejeros pues todo lo que pueda decirse abona en poco o en nada. Lo segundo que el Iepac tendría que hacer es mostrar su plena independencia. Esto puede empezar a hacerlo de inmediato si sanciona todo —absolutamente todo— aquello que la ley les permite sancionar actualmente. Si hay voluntad, no habría pretexto alguno para dejar de hacerlo.

Finalmente, el Iepac tendría que aceptar e informar más frecuente y claramente de sus limitaciones legales; pero al mismo tiempo tendría que hablar públicamente de las faltas que se cometen y denunciarlas, como mínimo, con firmeza y claridad a través de los medios de comunicación e internet. Esto equivale a actuar y a denunciar ante la ciudadanía todo tipo de injusticias y a jugar, por ende, un papel político digno de un árbitro que se jacte de serlo.

Así, en el caso de Mauricio Sahuí la respuesta del Iepac tendría que haber sido algo como “ningún ratón nos ha comido ni nos comerá la lengua: desde luego que estamos ante un evidente acto de precampaña que lastima nuestra confianza en las instituciones y en la democracia. Informamos a los ciudadanos que no podemos sancionar este evento porque de acuerdo con X, Y o Z no hay forma legal de proceder. Sin embargo, hemos decidido actuar y denunciar lo que consideramos un acto ventajista que atenta contra la democracia y revela que un actor político ha aprovechado un hueco legal para buscar ganar de forma injusta”.— Edimburgo, Reino Unido.

asalgadoborge@gmail.com

@asalgadoborge

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (ITESM)

Fuente: Diario de Yucatán

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