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Comunidades piden a SCJN iniciar un proceso de inejecución de consulta por transgénicos

A través de un oficio dirigido al Juzgado Segundo de Distrito, comunidades y organizaciones apícolas de Campeche señalaron que la sentencia derivada de los juicios de amparo 753/2012 y 762/2012 y las resoluciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se han respetado y que más bien hay autoridades que han obstaculizado la consulta indígena.

En este oficio exhortaron a velar por que las condiciones para la consulta se efectúen y se garantice el cumplimiento de la sentencia.

Asimismo, expusieron irregularidades en las que se ha incurrido durante el proceso, con el presunto interés de obstaculizarlo.

De acuerdo a los inconformes, en las sesiones del 30 de junio y 01 de julio, las autoridades permitieron en Tenabo y Hopelchén el ingreso de agricultores menonitas, a quienes acusan de ser los responsables de la soya transgénica.

“Lo anterior, además de generar presión para las comunidades, implica un riesgo de confrontación y una perversión del mismo proceso de consulta, tal como en su momento documentó la misión de observación conformada para dar seguimiento al proceso de consulta de las comunidades mayas”, advierten.

Otra irregularidad reportada es la “falta de imparcialidad de las autoridades encargadas de realizar la consulta, de manera específica la Cibiogem (Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados), que en distintas comunidades ha proporcionado información incompleta y sesgada sobre los beneficios de la siembra de soya transgénica”.

Mientras que en la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide, se realizaron reuniones informativas de manera exprés, sin la presencia de las autoridades tradicionales ni de la mayoría de la población.

Ante estas irregularidades, se solicita al Juzgado mediante citado ofició: Iniciar el procedimiento de inejecución de sentencia, requerir información a las autoridades encargadas de realizar la consulta y aplicar las sanciones correspondientes para las autoridades responsables encargadas tanto de verificar que no se siembre la soya transgénica, como de efectuar el proceso de consulta en los términos señalados por la SCJN.

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