Lunes , julio 23 2018
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Mas Borgistas en la mira de la FGE

A pesar de que hasta el cierre de 2017 la Fiscalía General del Estado (FGE) ha recuperado 28 millones de pesos por los daños al erario del Gobierno del Estado, cometido por ex funcionarios de la pasada administración que encabezó Roberto Borge Angulo, quien actualmente se encuentra preso en un penal de Panamá con miras a ser extraditado a México, no se bajará la guardia hasta que se detengan a todos los responsables de haber saqueado a Quintana Roo, aseguró el titular de esta dependencia, Miguel Ángel Pech Cen.

Explicó que en tiempo y forma se iniciaron poco más de 40 carpetas de investigación en contra de igual número de exfuncionarios acusados de malversar recursos públicos, donde destacan Paulina García Achach, ex secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), quien se encuentra en libertad bajo caución, después de haber depositado nueve millones de pesos, un aporte en efectivo, además de propiedades y un vehículo de lujo para que su caso se siga desarrollando sin estar privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Chetumal.

Agregó que situación similar es la que se aplicó al ex secretario del Municipio de Benito Juárez, Mauricio Rodríguez Marrufo, quien tuvo que depositar la cantidad de 19 millones de pesos en efectivo para abandonar el Cereso, en donde se encontraba recluido; aseguró que igual que Paulina continúa su juicio hasta que el juez penal de la causa determine su presunta responsabilidad o inocencia en estos hechos, además de que el Gobierno del Estado debe otorgar el perdón por la reparación del daño cometido al erario estatal.

Pech Cen indicó que por lo pronto continúan recluidos en el Cereso local: Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, ex director de la empresa Aérea Vip-Saesa, así como a Víctor Hugo Loyola, ex procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda, además de Ercé Barrón Barrera, ex director de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, así como Ana Alicia Rivera Galera, ex directora de Recursos Financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), quienes están sujetos a proceso por malversación de recursos públicos.

El fiscal del estado aseguró que ésta no es una cacería de brujas en contra de exfuncionarios de la pasada administración gubernamental, debido a que lo único que se busca es recuperar los poco más de mil 500 millones de pesos que fueron desviados por malos servidores públicos que los utilizaron para su enriquecimiento personal, además de realizar tráfico de influencias para apoyar en hechos fraudulentos a familiares, amigos y conocidos, por lo que aún continúan vigentes un buen número de órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios que serán ejecutadas este año nuevo.

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